En una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se retomó ayer el debate por una nueva ley de biocombustibles que reemplace a la prorrogada 26093 que venció esta semana pero que a través de un DNU se extendió por 60 días.
En el encuentro de la Cámara Baja estuvo participando el secretario de Energía de la Nación, el neuquino Darío Martínez, quien destacó que el proyecto bajo análisis, que es el presentado por el santafesino integrante del Frente de Todos, Marcos Cleri, “es muy interesante, enumera aspectos generales que establecen claramente el desemvolvimiento de la actividad. Está también definida la individualización de las distintas fuentes de elaboración y tratamiento diferencial de las mismas”. Al tiempo que destacó el “resguardo de las empresas pymes y no integradas que es un gran objetivo, sobre todo cuidando las fuentes de trabajo”. También, dijo Martínez, está “definida la cuestión de cortes, cupos y precios”. Y remarcó que el proyecto contempla el impacto de los biocombustibles en el surtidor “con el resguardo del bolsillo de los consumidores”, como así también la sustitución de importaciones de combustibles líquidos. “En términos generales es un muy buen proyecto en función de los objetivos que deberíamos poner arriba de la mesa”, destacó Martínez.
El secretario de Energía apuntó especialmente sobre el manejo del corte y los precios que quedaría en manos de su cartera y explicó que ante aumentos fuertes de la soja o el maíz, tendría la posibilidad de bajar el corte para evitar un impacto en el precio de los surtidores, algo que las empresas rechazaron de plano ya en las últimas semanas.
En ese plano, el proyecto de Cleri establece que la Secretaría puede bajar el corte de etanol de maíz del 6% que le corresponde al 3%, y en el biodiesel, del 5% al 3%. En términos generales, se recordará que la propuesta contempla recortar el actual cupo de biodiésel del 10% al 5% como corte obligatorio, pero deja abierta la posibilidad para esa rebaja adicional. Mientras que en el etanol se mantendría en el actual 12% pero repartido en un 6% para el elaborado a partir de la caña de azúcar, que no tendría modificaciones, y otro 6% para el de maíz, pero este último con la opción de que Energía disponga que sea la mitad si lo cree conveniente.
Ante esta posibilidad las empresas rechazaron la medida por considerar que “hay una discrecionalidad abierta hacia adelante que se traduce en una incertidumbre sobre el volumen a abastecer” y alertaron que en caso de que se baje ese porcentaje, algunas de las plantas “cerrarían sus puertas”.
Por último, el secretario remarcó que “es muy acertado diferenciar los sectores en base a la materia primas de producción” en relación al maíz y la caña de azúcar que se utilizan ambos para elaborar etanol para las naftas.
El planteo de las etanoleras de maíz
Las empresas de etanol de maíz de Córdoba, Santa Fe y San Luis expresaron ayer una vez más el rechazo al proyecto del oficialismo y soliciaron “enriquecer el debate, construyendo soluciones consensuadas que eviten un cierre indiscriminado de fábricas, con pérdidas de inversiones y puestos de trabajo, y un grave impacto ambiental y social”.
En ese marco, señalaron que es necesario lograr “un marco legal con un horizonte que otorgue previsibilidad en el mediano y largo plazo. Esto implica una vigencia no menor a 15 años”. Al tiempo que solicitaron garantizar que la nafta contenga una mezcla mínima obligatoria del 12% de bioetanol y del 10% en el gasoil.
También, asegurar un reparto de los volúmenes de mezcla obligatoria “sin discriminaciones irrazonables (como serían, por ejemplo, por la materia prima de producción, o por la actividad exportadora o no de los eventuales controlantes, entre otros)”.
Por otra parte indicaron necesario garantizar un precio que permita cubrir todos los costos de producción, logística y comercialización con una “rentabilidad suficiente y razonable”.
Y también “proyectar la ampliación de los porcentajes de mezcla de biocombustibles”.