En los últimos días se reavivó el debate por Visec, la plataforma que certifica si la producción agropecuaria tuvo o no vinculación con predios deforestados, una exigencia impuesta por la Unión Europea a través de la Resolución 1115 y que regirá desde el 30 de diciembre si es que no hay una nueva prórroga (ya hubo dos). Es decir, a partir de esa fecha, todo lo que sea producido en campos deforestados luego de diciembre de 2020, no podrá ingresar al atractivo mercado europeo. Y es atractivo porque demanda productos de calidad que tienen elevados precios. Uno típico argentino: la carne vacuna. Pero no es el único.
Y el debate se abrió porque quienes desarrollaron esa plataforma son parte de la cadena de comercialización. Es, desde la fundación, una condición que invalida porque está condicionando a los demás eslabones. Es una suerte de “juez y parte”.
Esto no tardó en ser observado por los productores y, en particular por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y varias de sus organizaciones cuando hubo desde la industria exportadora información sobre descuentos para las tropas que no estuvieran registadas en Visec. Aquí es importante destacar que Visec no es una certificadora exclusiva. Pero por ahora las alernativas no aparecen, lo que se asemeja a un embudo.
Vale recordar que Visec nació de un acuerdo entre The Nature Conservancy, una ONG ambientalista, la cámara de exportadores Ciara-CEC y una certificadora privada. En el caso de la carne, la promocionan los frigoríficos exportadores nucleados en el Consorcio ABC.
Ahora bien, ante una Resolución de la Unión Europea, la pregunta es cómo no hay una respuesta de nivel estatal del otro lado del mostrador. Concretamente, ¿no debería la Cancillería intervenir? ¿Cómo es que un condicionamiento de la UE tiene del otro lado sólo una respuesta de privados, habiendo tanto en juego para el país? Pero además, si la exigencia del comprador -que está en todo su derecho de hacerlo- requiere una herramienta que certifique determinada condición del producto, ¿no tendría que haber un organismo técnico del otro lado intentando equiparar las fuerzas? Hay quienes observan al Senasa para ver si moverá alguna pieza. Pero por ahora parece mirar para otro lado. “Certificar y abrir mercados lo tiene que hacer alguien que no esté en el negocio, para evitar abusos tanto por tamaño como por posiciones dentro de la cadena comercial”, sugirió un relevante ganadero de la región.
Más allá de este plano, hay otro que genera incertidumbre: la operatoria de trazabilidad para el caso de la carne. Hay quienes imaginan un ternero producido en Formosa que es recriado en Córdoba y engordado en un feedlot santafesino deberá reunir todos los papeles de lo que comió en cada paso y qué origen tuvo ese alimento para certificar que no se haya tratado de soja, alfalfa o maiz producidos en predios deforestados luego de 2020. Muchos creen que eso será “un chino” difícil de cumplimentar.
A otros, mientras tanto, no se les escapa la situación que vive el litoral con el movimiento de hacienda masivo por las inundaciones.
Otro dato sugestivo es que en la plataforma de certificación se anotaron 15 mil productores sobre un universo de 200 mil; el 8%. ¿Qué pasará si eso no crece fuerte? El final, por ahora sigue abierto.
En otro rincón productivo, los biocombustibles volvieron a empantanarse frente a la posibilidad de contar con una nueva normativa que habilite mayores cortes en los surtidores. El freno de mano vino de la mano del biodiésel y su poder de lobby sobre sectores del Congreso. Las pymes aceiteras radicadas mayormente en Buenos Aires y La Pampa presionaron para cambiar lo que tuvo media sanción del Senado y quedarse con una tajada mayor del mercado. El oficialismo, que impulsó la iniciativa, no quiere por ahora saber nada sobre cambiar lo que pasó por la Cámara Alta. Es una discusión no demasiado relevante en volumen: las pymes quieren que el corte sea del 11% o 12% en lugar del 10% que dispone el proyecto presentado por Patricia Bullrich. Eso les permitiría quedarse con el 5% o 5,5% al final del proceso (2035) y dejar en manos de las grandes aceiteras un 6%.
La discusión fue explicada por un actor del sector: “Es como si alguien que tiene un gallinero en su casa frena la quita de retenciones al maíz porque le va a aumentar el precio del alimento, obviando el enorme impacto positivo que eso generaría en múltiples sectores productivos. Los que toman decisiones no pueden obviar el costo-beneficio de cada cosa”.
Al dueño de las gallinas se lo ubicó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires y por eso no fue casualidad que diputados de ese distrito fueran los que pusieran un palo en la rueda del proyecto de biocombustibles.
