A sólo 19 días de que se venza la ley 26093 de biocombustibles, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados y con la firma de los tres legisladores que esa fuerza tiene en Córdoba -Pablo Carro, Eduardo Fernández y Gabriela Estévez- presentó un proyecto que busca tratarse rápidamente para pasar al Senado y convertirse en ley antes de la fecha tope del 12 de mayo.
La propuesta oficialista, que lidera el santafesino Marcos Cleri pero que se adjudica al jefe de la bancada Máximo Kirchner -que no firmó la presentación- amplía el margen de arbitrariedad en el manejo de los cortes en manos de la Secretaría de Energía de la Nación. Se sabe que un aspecto central en la discusión sobre biocombustibles pasa por el porcentaje obligatorio que debe incluirse en los combustibles fósiles. Actualmente el 10% del gasoil es biodiésel y el 12% de la nafta es bioetanol. El primero de los porcentajes pasa, de acuerdo al proyecto ingresado ayer, al 5%. Pero además puede reducirse más si la autoridad de aplicación lo cree conveniente.Concretamente el artículo 8 del proyecto establece la posibilidad de bajar el corte “hasta un porcentaje nominal de tres por ciento (3%), en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”.
En el caso del 12% de etanol, que es el que más interesa a Córdoba, se distribuye en un 6% para la caña de azúcar y un 6% para el elaborado a partir de maíz cuya producción se concentra mayoritariamente en la provincia. Y allí vienen los detalles que marcaron las empresas cordobesas cuando tuvieron ayer en sus manos el proyecto oficialista: el artículo 12 inciso b indica que “la Autoridad de Aplicación podrá elevar el referido porcentaje nominal cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal de tres por ciento (3%), en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”.
En el caso de ese recorte, dos tercios será afrontado “por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que - ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio (1/3) por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado”. Allí desapareció la división entre pymes y no pymes que había deslizado el oficialismo al presentar el borrador del proyecto el mes pasado y que “castigaba” a las segundas. Sin embargo, siguen siendo aludidas las dos grandes plantas que tiene Córdoba: Aca Bio y Promaíz, las dos con operaciones de exportaciones de materias primas a través de sus controlantes. ACA integra un sinfin de unidades de negocios y exportaciones y hasta opera una terminal portuaria en San Lorenzo y en Quequén. Promaíz es una empresa montada en Alejandro Roca y fruto de una alianza entre Aceitera General Deheza (AGD) y Bungge. En caso de que Energía decida bajar el corte de etanol de maíz, serían las dos primeras en la lista.
Por último, el proyecto oficialista hace referencia al otro punto delicado que planteaba la industria: el precio. En en artículo 14 especifica que “deberá garantizar una rentabilidad determinada, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.
Por último, el proyecto prevé la creación de una “comisión para estudiar y analizar las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria con la participación de provincias productoras”.
Los argumentos de los diputados del oficialismo
Más allá de los articulados, los argumentos volcados por los diputados firmantes rescataron la relevancia del campo y la agroindustria en la generación de riqueza y también los beneficios de la ley 26093 que llega a su fin el 12 de mayo. Entre los puntos destacados detallaron que en la actualidad existen unas 54 plantas productoras de biocombustibles distribuidas en 10 provincias. Un crecimiento del 400%. En este mismo periodo sólo el bioetanol ha sustituido importaciones de naftas por 520 millones de dólares, el biodiesel ha exportado por un valor de 900 millones de dólares y se calcula que entre 2010 y 2020 los biocombustibles en general sustituyeron importaciones por $27 mil millones de dólares. A su vez, en materia de empleo, las plantas productoras de biocombustible en estas 10 provincias representan 65 mil empleos.
“A 15 años de la sanción de la ley 26.093 y a 13 años de la sanción de la ley 26.344, es necesario reafirmar el rumbo estratégico elegido, construyendo un nuevo marco normativo de biocombustibles y potenciando los diversos aspectos del marco legal vigente”, indicaron los legisladores firmantes Omar Chafi Félix, Marcos Cleri, Pablo Raúl Yedlin, Mabel Nilda Carrizo, Mario Leito, Carlos Aníbal Cisneros, Domingo Luis Amaya, María Carolina Moises, Gabriela Beatriz Estévez, Eduardo Fernández, Pablo Carro, Alejandro del Huerto Obeid, Pedro Germán Martínez,Alcira Elsa Figueroa y Marcelo Casaretto.
Y luego aprovecharon para incorporar una crítica de tinte político: “El contexto económico y político no es el mismo que en 2005-2006. Hoy nuestro país se encuentra con dificultades económicas a causa de un proceso de sobreendeudamiento externo heredado del gobierno anterior y agravado por las consecuencias que la pandemia de Covid 19 generó en materia económica. Por lo tanto, es imperioso brindarle previsibilidad y certeza a los sectores de la agroeconomía a los fines de que puedan generar trabajo, desarrollo productivo, arraigo, cuidado del ambiente, bienestar social y las divisas necesarias para poder salir adelante y reconstruir la Argentina contribuyendo a un modelo de desarrollo que potencie el bienestar general”. Entre los firmantes, Amaya integra las filas del PRO Tucumán.
“Tampoco escapa a nuestra atención la responsabilidad de los Estados sobre la salud de la población, y en tal sentido debemos remarcar que los biocombustibles son productos energéticos que reducen la huella de carbono, y también reducen las emisiones de material particulado y lluvia ácida”, dijeron.