En otra sesión del Concejo marcada por la intensidad de los discursos, ayer el oficialismo votó en soledad el acuerdo entre la Provincia y el Municipio por el que llegarán 314 cámaras de seguridad nuevas que, al igual que las ya existentes (alrededor de 100), serán utilizadas para labrar multas por infracciones de tránsito y contra el ambiente. La crítica central de la oposición estuvo vinculada al hecho de que la comuna tomará una deuda por 405 mil dólares para pagar, en 6 cuotas que se descontarán de la coparticipación, 30 de los más de 300 domos anunciados por el gobierno de Juan Schiaretti para Río Cuarto.
Marcos Curletto, edil de Juntos por el Cambio, dijo que el expediente que llegó al Legislativo carece de datos técnicos y de información sobre las unidades que se instalarán. Además, remarcó que el monto que se pagará está muy por encima de los precios que se consiguen en el mercado.
“Hablamos con proveedores locales especializados y nos han hecho saber que, a su juicio, hay un sobreprecio importante en las cámaras que va a adquirir el Municipio. Estamos hablando de entre el 80 y el 100 por ciento más. Nos llama la atención la desprolijidad con la que se manejan y con cierta impunidad que tienen a la hora de hacer las contrataciones”, señaló el concejal radical.
“Lo más grave de lo poco que vino con el expediente es que el gobierno de la Provincia nos pide la devolución del dinero equivalente a la compra de 30 cámaras, unos $ 55 millones, atada a la cotización del dólar del momento del vencimiento de cada una de las 6 cuotas. Sin embargo, la Provincia compró las cámaras a valor pesos y cotizó a valor pesos. Es decir, hicieron todo en pesos y nos exigen a nosotros una devolución atada al dólar. Nos parece algo totalmente injusto”, acotó.
Paralelamente, Curletto cuestionó al secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressan, al asegurar que, al tomar contacto con la prensa el pasado miércoles, hizo declaraciones en las que o “mintió descaradamente” o “desconoce lo que pasa en su cartera”.
“(Bressan) dijo que se trataba de una licitación que iba a hacer la Provincia y que la misma tendría una característica internacional, ya que las cámaras no se podían conseguir en Argentina. No obstante, buscamos la información que no vino con el expediente y detectamos que, en realidad, lo que ya se hizo fue una subasta electrónica por la compra de 2.761 nuevas cámaras, por las que la Provincia va a pagará $ 5.225 millones. Pero, además, es llamativo que se haya recibido sólo una oferta de una empresa de Santa Rosa de Río Primero, pese a que se trata de un negocio multimillonario. Nos cuesta creer que no haya empresas de otras ciudades interesadas en participar. De esta forma, creemos que el secretario debería tomarse en serio el cargo (que ocupa)”, concluyó Curletto.
El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Gonzalo Parodi, se sumó a los cuestionamientos contra Bressan y planteó que el cuerpo se constituya en comisión para citar de forma “rápida y urgente” al secretario para que “ratifique o modifique sus dichos, ya que estamos hablando de fondos públicos”.
Rechazo de Natali
Tras las críticas y el planteo de la oposición, el titular de la bancada de Hacemos por Córdoba, Guillermo Natali, rechazó el pedido referido a Bressan y dijo que se estuvo discutiendo un tema que no tiene que ver con el expediente que se puso en tratamiento.
“Lo que estamos discutiendo es si aceptamos la llegada de nuevas cámaras de seguridad y si vale la pena que las utilicemos para controlar el tránsito y evitar que se dañe el ambiente, algo que ustedes mismos nos pedían”, afirmó Natali.
E insistió: “No estamos debatiendo de qué manera la Provincia adquirió las cámaras. De todas formas, la subasta electrónica que se utilizó está en vigencia desde hace mucho tiempo en la Provincia, que está en los más altos estándares de transparencia a nivel internacional”.
Seguidamente, Natali dijo que el monto que desembolsará el Municipio (405 mil dólares que al momento de establecer el convenio representaban poco más de $ 55 millones) no tiene que ver únicamente con la compra de las cámaras, sino que también incluye la instalación y el mantenimiento del sistema.
“Córdoba utiliza tecnología para la videovigilancia de lo más avanzado que hay en el mundo. Por eso se realizó una subasta por domos de alta tecnología de nivel internacional. Por qué se presentó una sola empresa? No lo sé, pero no es el objeto de la discusión que hoy se está desarrollando en la sesión”, enfatizó el concejal oficialista, quien al cerrar su participación aseguró que no hay motivos para estar intranquilos por el expediente que finalmente se sancionó con los 10 votos de Hacemos por Córdoba.

