Lo dijo a Puntal la secretaria general de Gestión Penitenciaria, Nadia Fernández.
La decisión fue instruida por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, en el marco de la ampliación del protocolo impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones.
El mecanismo contempla el bloqueo de los números de identificación de los equipos, conocidos como IMEI, y de las líneas telefónicas correspondientes a celulares detectados dentro de los penales.
Desde la Provincia señalaron que la medida busca sumar una herramienta tecnológica para evitar que personas privadas de su libertad utilicen teléfonos celulares para organizar, coordinar o continuar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
La adhesión forma parte de una estrategia de trabajo coordinado entre Córdoba y el gobierno nacional, que apunta a reforzar los controles dentro de los establecimientos penitenciarios y mejorar las condiciones de seguridad.
Con esta incorporación, las autoridades provinciales buscan dificultar las comunicaciones no autorizadas desde los penales y limitar la capacidad de las organizaciones delictivas para continuar operando desde las unidades carcelarias.
