En cualquier definición de ciudad, incluso en la más básica, aparece el comercio. Una ciudad es un ámbito densamente poblado en el que se hacen transacciones, se compra y se vende, donde el intercambio es ubicuo y permanente. El comercio es un elemento constitutivo de una ciudad.
Los dos mutan, constantemente. Cuando cambia el comercio cambia la ciudad y viceversa. No son organismos invariables sino vivos, sociales y en desarrollo.
Río Cuarto, eminentemente comercial, ha reeditado en los últimos días un debate en el que insumió una considerable cantidad de tiempo hace 23 años: entonces, en el 2000, los hipermercados eran una novedad a la vez deseada y temida. Un híper le daba a una ciudad un estatus comercial superior pero, a la vez, se entendía que ponía en riesgo el ecosistema previo de negocios medianos y pequeños. Por eso, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza, la 396, para regular en parte las instalaciones de grandes cadenas. Y fue en parte porque, de hecho, en el centro alcanzaron a instalarse los grupos económicos que hoy permanecen.
Para la oposición, esa ordenanza actualmente quedó obsoleta y dificulta la expansión económica de la ciudad. Se habla de una normativa “anti-inversión”. El gobierno de Juan Manuel Llamosas aceptó el debate pero, al menos eso ha dicho públicamente, se niega a la derogación lisa y llana porque entiende que generaría un estado de anomia, un vacío legal peligroso.
¿Es lícito revisar una legislación referida a una actividad como el comercio? Por supuesto. Sin embargo, también es lícito preguntarse por la génesis de esa pretensión de revisión. Y, en esa línea, el planteo del tema genera un primer interrogante: ¿por qué se discute ahora? ¿Qué disparó la instalación en este momento y no en otro?
A veces, conocer el origen de una discusión puede contribuir a desentrañar las intenciones y los intereses que la atraviesan. La oposición, más precisamente Juntos por el Cambio, argumenta que la ordenanza es un obstáculo, un paredón que frena nuevas inversiones y, por lo tanto, más puestos de trabajo.
Esa fuerza política debe tener información que no llegó a la Municipalidad porque en el gobierno no recuerdan un solo antecedente en los últimos siete años de una empresa que haya al menos sondeado la posibilidad de instalarse en Río Cuarto y que haya desistido por la rigidez de la ordenanza.
Lo único que existe es un proyecto conocido: el de Cencosud, grupo de origen chileno propietario de las marcas Easy y Vea. Como se sabe, Cencosud pretende llevar su Easy desde la A005 al shopping Vea; es decir desde la periferia al centro. En este pase promete invertir entre 700 y 1.000 millones de pesos, aunque a la cifra final tal vez haya que agregarle algunos ítems no contemplados. Intentó hacerlo el año pasado pero no pudo porque el Municipio se ajustó a la ordenanza 396.
Por eso, puede no ser del todo desacertado el apelativo de ordenanza “anti-inversión”. Así, en singular. Porque lo único que parece estar en entredicho es el proyecto de Cencosud y ninguno más.
Aunque también puede plantearse que la inversión del grupo económico multinacional configura, en realidad, una reconfiguración de su negocio:no trae nuevos comercios sino que busca llevar una de sus marcas de una ubicación geográfica, donde no estaría funcionando con la pujanza esperada, a otra. Es decir, apuntaría a concentrarse. Esto va en la dirección exactamente contraria a lo que planteó, por ejemplo, Gonzalo Losada, presidente del radicalismo, que habló de que las ciudades hoy impulsan múltiples centros en vez de uno solo. Cencosud, en este caso, contribuiría a un movimiento opuesto a esa tendencia urbana y comercial actual.
En los últimos 23 años, la marca Vea y su propietaria Cencosud no fueron precisamente perjudicadas por la ordenanza 396 sino, al revés, se vieron beneficiadas. Y esa fue una de las deficiencias de aquella legislación: a los actores que ya estaban instalados en el centro no sólo les permitió seguir operando sino que, además, los protegió de nuevos competidores. Desde entonces, ninguna nueva cadena de hipermercados ingresó a la zona del microcentro. El negocio, la torta completa, quedó para quienes habían llegado primero.
¿Por qué ahora se pretende eliminar esa regulación? ¿Cencosud se volvió repentinamente proclive a abrir el mercado y a autogenerarse competencia? En realidad no. Y la respuesta hay que buscarla en una declaración que hizo la semana pasada Germán Di Bella, secretario de Desarrollo Económico del Municipio: ya casi no se instalan elefantiásicos malls porque la estructura del comercio se modificó. Es decir, casi sin riesgo de que se sumen competidores, Cencosud lo que pretende es desactivar una restricción normativa que impide su reconversión. Lo que fue funcional ahora molesta.
Pero ese grupo de origen chileno no eligió la vía directa para exponer sus intereses y propiciar el cambio de una legislación: de hecho, ningún gerente ni directivo de Cencosud, ni de Vea ni de Easy apareció públicamente en Río Cuarto para explicar su proyecto de inversión en el shopping o sus planes en la ciudad. La empresa en sí misma no se expuso, no se ensució en la arena del debate.
Y ahí, en ese punto, ingresa la política. Hoy, curiosamente, quien está oficiando de vocero de los intereses de Cencosud no es el propio grupo económico sino el bloque de Juntos por el Cambio. Esa es la imagen pública que se proyecta, aunque los concejales aseguren que la instalación del tema obedece a una estrategia de posicionamiento político de cara a las elecciones de 2024. Esa fuerza política, más específicamente un sector del radicalismo encarnado en La 30 de Octubre, está subvirtiendo la posición que su partido venía defendiendo hasta ahora.
Entonces, cabe preguntarse sobre este debate: ¿a quiénes están representando los representantes? ¿A la ciudadanía o a Cencosud?¿El pedido de derogación nació a partir de un diagnóstico de la ciudad o de una necesidad empresaria?
De las respuestas a esas preguntas pueden depender los resultados de la modificación normativa que está en marcha. Porque, aunque la revisión de la ordenanza pueda ser válida, aunque haya una predisposición social a desactivar regulaciones del Estado en una época en que cualquier intervención pública suena indeseable, si los cambios responden a intereses de un sector o de un grupo económico, no necesariamente implicarán beneficios para el conjunto, para la ciudad y su gente.
Un actor que será fundamental para determinar la suerte de la discusión es el gobierno, que dispone de mayoría en el Concejo y que hasta ahora ha señalado que no derogará la ordenanza sin más, como pide la oposición, porque implicaría desactivar todo tipo de regulación. Por el momento, eso es lo que ha planteado, sin demasiadas precisiones. A juzgar por la trayectoria de Juan Manuel Llamosas y por el contexto político en que se encuentra, es posible que el intendente busque armonizar intereses y evitar que de la nueva ordenanza surja un conflicto. La decisión del Ejecutivo es avanzar y no dormir eternamente el expediente en el Concejo, como se especuló en algún momento.
El gobierno tiene además otro inconveniente entre manos: el transporte urbano. La implementación del nuevo sistema, que surgió por primera vez de una licitación, está generando quejas y críticas de los usuarios. Desde la SAT minimizan los inconvenientes y señalan que se trata de un período lógico de adaptación a los ramales y los troncales que reemplazaron a las clásicas líneas.
En el Palacio esperan que cuando la empresa abandone el período de vacaciones vuelva a operar como lo hizo en diciembre, cuando el nivel de ruido era menor. Llamosas necesita, en su carrera por convertirse en candidato a vicegobernador, que se restablezca la normalidad.
Tal vez, una de las fallas de origen haya sido que al usuario se le aseguró que desde el primer momento accedería a un mejor servicio y que no tendría esperas mayores a cinco minutos. Hoy, en la calle, vive otra realidad. Y una de las razones es que se promocionó que se iba hacia el servicio deseable y no hacia el posible.
Mientras tanto, Llamosas continúa con su proyecto electoral de acompañar a Martín Llaryora en la fórmula para la gobernación. Hay carteles en todo el sur y también en la capital provincial. Y en las últimas horas el intendente se anotó un punto no menor. De la mano del secretario de Gobierno, Camilo Vieyra, el empresario Manuel Tagle, miembro permanente del establishment cordobés, apareció en Río Cuarto y dijo más de lo que se esperaba: que Llamosas podría ser el vice de una fórmula ganadora a nivel provincial.
A Tagle la frase no se le escapó. No es un improvisado ni un ingenuo en política. Es uno de los cordobeses más cercanos a Mauricio Macri y uno de sus más convencidos defensores. De hecho, el expresidente se instala en su casa cada vez que visita la capital provincial. El elogio del empresario automotor a la fórmula peronista tal vez haya sido un capítulo más de la pelea subterránea que el líder del Pro viene sosteniendo por desbaratar las chances de un dirigente a quien no quiere: Luis Juez.