La presentación de un proyecto de ordenanza por el que se prohibirá por un año la habilitación de nuevos supermercados de ventas minoristas y afines con sistema de autoservicio desató la polémica en el Concejo Deliberante.
Desde el oficialismo destacaron que la medida busca preservar a los pequeños comerciantes, hasta tanto se establezca una legislación más acabada, mientras que desde la oposición acusaron a Unión por Córdoba de impulsar una medida discriminatoria.
En concreto, el proyecto suspende por el plazo de un año desde la promulgación del expediente en cuestión el otorgamiento, por parte de la Secretaría de Gobierno que conduce Mauricio Dova, de nuevas habilitaciones de supermercados y autoservicios, a excepción de los que cumplan con los siguientes requisitos:
- Que se encuentre emplazado a no menos de 500 metros de otro emprendimiento de iguales características.
- Que el emprendimiento genere 5 puestos de trabajo debidamente registrados y que para tal fin se convoque a ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto.
- Que presente un presupuesto detallado de la inversión y la documentación que acredite y garantice la viabilidad económica y financiera del proyecto.
- Que presente un informe de prefactibilidad de emplazamiento que deberá contemplar un análisis de impacto socio-económico-ambiental y la incidencia en el tráfico existente en el lugar. Además, deberá detallarse si el proyecto contempla la dotación de playas de estacionamiento.
La autora del proyecto, la concejala Andrea Petrone (Unión por Córdoba), aseguró a PUNTAL que la iniciativa surge en respuesta a los reclamos del Centro Comercial, la Cámara Mercantil, la Asociación de Empleados de Comercio y de la Cámara de Almaceneros.
“Los vamos a convocar para que todos los sectores puedan brindar su postura antes de que el proyecto sea aprobado. Lo que tenemos en claro es que el Estado debe proteger al ciudadano riocuartense y a los emprendimientos más chicos que no tienen el respaldo económico que sí poseen las grandes empresas”, agregó Petrone.
-¿El proyecto se estableció en respuesta por las quejas ante el crecimiento en el número de supermercados de origen chino en la ciudad?
-Esta regulación no implica ningún tipo de impedimento por el origen del capital porque es imposible que regulemos en ese sentido. Normalmente, se sabe asociar con este tipo de emprendimientos porque son los que no toman empleados locales. De todas maneras, sólo se dejará de habilitar a aquellos supermercados que no respeten los ítems que se enumeran en la ordenanza. Las cámaras fueron las que nos presentaron su preocupación por este tipo de emprendimientos.
-¿Han constatado cierres de pequeños comercios?
-No, por ahora no. De todas formas, lo que buscamos es proteger las fuentes laborales.
-¿Qué van a hacer más allá de la suspensión de las habilitaciones por un año?
-La idea es regular como se han regulado las grandes superficies comerciales. El objetivo es establecer una serie de requisitos específicos.
Carranza mandó a Petrone a leer el Plan Urbano
Por su parte, el concejal de Cambiemos, Martín Carranza, cuestionó duramente el proyecto presentado por el oficialismo y dijo que se quiere hacer lo mismo que se hizo con los bares y pubs del centro, cuyas habilitaciones están suspendidas desde hace más de un año.
“Se quiere prohibir este tipo de habilitaciones ocultando algún tipo de discriminación. Nos preocupa, porque parece que responde al mismo estilo de prohibición que viene aplicando la Secretaría de Gobierno. Esto frena las inversiones, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de la ciudad. El criterio de la toma de empleados es casi discriminatorio. Además, establece dimensiones en cuanto a las distancias entre un local y otro que no tienen que ver con lo urbanístico. Algo novedoso y un poco descabellado es que se pida certeza de la viabilidad del proyecto de inversión. Es decir, quién puede asegurar que tal emprendimiento tiene garantizado su correcto funcionamiento desde el punto de vista económico. Creemos que se están imponiendo algunas cuestiones que son artilugios para responder a intereses sectoriales como los planteados por el gremio de empleados de comercios y los almaceneros, pese a que el proyecto en cuestión los perjudica a estos últimos”, manifestó Carranza.
-Petrone dice que se viene a llenar un vacío legal…
-No, nos parece que hay que sugerirle a la concejala que lea el Plan Urbano que establece los procedimientos que se deben seguir.
Por último, el edil opositor dijo que hay que buscar un equilibrio y recordó que la ciudad debe regirse por la ley nacional sobre la libertad para comerciar.
En concreto, el proyecto suspende por el plazo de un año desde la promulgación del expediente en cuestión el otorgamiento, por parte de la Secretaría de Gobierno que conduce Mauricio Dova, de nuevas habilitaciones de supermercados y autoservicios, a excepción de los que cumplan con los siguientes requisitos:
- Que se encuentre emplazado a no menos de 500 metros de otro emprendimiento de iguales características.
- Que el emprendimiento genere 5 puestos de trabajo debidamente registrados y que para tal fin se convoque a ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto.
- Que presente un presupuesto detallado de la inversión y la documentación que acredite y garantice la viabilidad económica y financiera del proyecto.
- Que presente un informe de prefactibilidad de emplazamiento que deberá contemplar un análisis de impacto socio-económico-ambiental y la incidencia en el tráfico existente en el lugar. Además, deberá detallarse si el proyecto contempla la dotación de playas de estacionamiento.
La autora del proyecto, la concejala Andrea Petrone (Unión por Córdoba), aseguró a PUNTAL que la iniciativa surge en respuesta a los reclamos del Centro Comercial, la Cámara Mercantil, la Asociación de Empleados de Comercio y de la Cámara de Almaceneros.
“Los vamos a convocar para que todos los sectores puedan brindar su postura antes de que el proyecto sea aprobado. Lo que tenemos en claro es que el Estado debe proteger al ciudadano riocuartense y a los emprendimientos más chicos que no tienen el respaldo económico que sí poseen las grandes empresas”, agregó Petrone.
-¿El proyecto se estableció en respuesta por las quejas ante el crecimiento en el número de supermercados de origen chino en la ciudad?
-Esta regulación no implica ningún tipo de impedimento por el origen del capital porque es imposible que regulemos en ese sentido. Normalmente, se sabe asociar con este tipo de emprendimientos porque son los que no toman empleados locales. De todas maneras, sólo se dejará de habilitar a aquellos supermercados que no respeten los ítems que se enumeran en la ordenanza. Las cámaras fueron las que nos presentaron su preocupación por este tipo de emprendimientos.
-¿Han constatado cierres de pequeños comercios?
-No, por ahora no. De todas formas, lo que buscamos es proteger las fuentes laborales.
-¿Qué van a hacer más allá de la suspensión de las habilitaciones por un año?
-La idea es regular como se han regulado las grandes superficies comerciales. El objetivo es establecer una serie de requisitos específicos.
Carranza mandó a Petrone a leer el Plan Urbano
Por su parte, el concejal de Cambiemos, Martín Carranza, cuestionó duramente el proyecto presentado por el oficialismo y dijo que se quiere hacer lo mismo que se hizo con los bares y pubs del centro, cuyas habilitaciones están suspendidas desde hace más de un año.
“Se quiere prohibir este tipo de habilitaciones ocultando algún tipo de discriminación. Nos preocupa, porque parece que responde al mismo estilo de prohibición que viene aplicando la Secretaría de Gobierno. Esto frena las inversiones, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de la ciudad. El criterio de la toma de empleados es casi discriminatorio. Además, establece dimensiones en cuanto a las distancias entre un local y otro que no tienen que ver con lo urbanístico. Algo novedoso y un poco descabellado es que se pida certeza de la viabilidad del proyecto de inversión. Es decir, quién puede asegurar que tal emprendimiento tiene garantizado su correcto funcionamiento desde el punto de vista económico. Creemos que se están imponiendo algunas cuestiones que son artilugios para responder a intereses sectoriales como los planteados por el gremio de empleados de comercios y los almaceneros, pese a que el proyecto en cuestión los perjudica a estos últimos”, manifestó Carranza.
-Petrone dice que se viene a llenar un vacío legal…
-No, nos parece que hay que sugerirle a la concejala que lea el Plan Urbano que establece los procedimientos que se deben seguir.
Por último, el edil opositor dijo que hay que buscar un equilibrio y recordó que la ciudad debe regirse por la ley nacional sobre la libertad para comerciar.
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