Desde el mismo anuncio de una reforma cuya urgencia nunca llegó a justificarse debidamente y cuya naturaleza nunca pareció atender las verdaderas necesidades en la materia, las intenciones del Gobierno de Alberto Fernández de mejorar el servicio de justicia siempre aparecieron oscurecidas por la sospecha de encubrir propósitos menos nobles. La declaración que amenaza con “meter mano” en la institución colocada en la mira se suma a una escalada que cada vez se preocupa menos en disimular que se sustenta no tanto en las reales o supuestas falencias en su funcionamiento como en el hecho de que no siempre actúa de acuerdo con los deseos del poder político.
Vale la pena detenerse en la insistencia del Presidente de la Nación en adornar sus ataques a la Corte Suprema -más violentos y frecuentes luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner la caracterizara como líder de lo que ella llama “lawfare”- con un cuestionamiento a la resolución adoptada por el tribunal en relación con los recursos de queja presentados contra el fallo por la causa Ciccone. Para Fernández, la negativa a intervenir en un proceso que involucra a un ex vicepresidente de la Nación, como Amado Boudou, resulta incomprensible y “arbitraria”, dada su gravedad institucional, y cuando por el contrario sí se ha ocupado rápidamente de otras cuestiones, como la que involucraba a dos jueces de la Cámara Federal que su propio gobierno se ha empeñado en desplazar.
En realidad, como Fernández en su calidad de abogado y profesor de derecho sabe muy bien, la Corte Suprema rechaza por “inadmisibles” la mayor parte de los recursos de queja que le llegan, y la razón porque no da mayores explicaciones al respecto es porque los fallos cuya revisión se pretende no tienen nada de objetable. Esta circunstancia es por demás obvia en el caso que utiliza como ejemplo, entre otras razones porque -tal como un relevamiento realizado por la prensa lo consignó- nada menos que catorce jueces consideraron a Boudou culpable de pretender quedarse con la única imprenta que tenía la capacidad de fabricar billetes aparte de la Casa de Moneda.
En rigor, lo que un observador objetivo sí podría encontrar reprochable es el tiempo transcurrido entre el momento en que se hicieron públicas las maniobras delictivas en torno de la ex Ciccone Calcográfica, a comienzos de la década pasada, y el juicio oral y público respectivo, y entre éste y la transformación en “firmes” de las condenas a partir de la decisión de la Corte adoptada en diciembre. Pero eso no hizo más que beneficiar al ex vicepresidente, que gracias a la tardanza ha podido, y todavía puede, purgar una buena parte de su sentencia en su domicilio, y darse el lujo de mentir descaradamente por los medios con afirmaciones como que “no existen pruebas” en su contra. O hasta indignarse contra el propio presidente Fernández porque sus ataques a la Justicia para defenderlo no son lo suficientemente vigorosos ni tan efectivos como a él le gustaría.
Para ese mismo observador, sería asombroso que en un país como la Argentina, donde históricamente los delitos de corrupción han quedado impunes o en el mejor de los casos han sido sancionados muy levemente en relación con su gravedad, se pretendiera presentar a los funcionarios ladrones como víctimas de los jueces. Pero así como las agresiones del oficialismo a la Corte no se deben a que tome decisiones incomprensibles o arbitrarias sino a que no le convienen políticamente, sería extremadamente ingenuo creer que su intención de “meter mano” en la Justicia se inspire en el deseo de que sea más justa.