El BCP decidió intervenir el banco el 2 de noviembre, tras detectar que el índice de solvencia había caído al 5,56%, muy por debajo del mínimo regulatorio del 12%. Esta medida implicó la suspensión de todos los servicios del banco, afectando tanto a usuarios particulares como a organismos públicos, como el Instituto de Previsión Social (IPS), que tenía inversiones por US$355 millones en Ueno.
La situación se agravó con la detención de ocho directivos del banco, entre ellos Miguel Vázquez y Juan Manuel Gustale, por presuntos delitos de lesión de confianza e intento de estafa. Además, se imputaron a 27 personas vinculadas con la entidad.
El escándalo también tuvo repercusiones políticas significativas. Santiago Peña, presidente de Paraguay, anunció su renuncia en medio de protestas y cuestionamientos por sus vínculos previos con el grupo propietario de Ueno. Peña había sido accionista del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, lo que generó críticas sobre posibles conflictos de interés.
El BCP activó el Fondo de Garantía de Depósitos para cubrir hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, lo que asegura la protección de los ahorros de aproximadamente el 97% de los clientes. Sin embargo, los ahorristas con montos superiores enfrentan un futuro incierto, dependiendo de los activos recuperables del banco.
La crisis ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión bancaria y revisar las relaciones entre el poder político y los grupos económicos en Paraguay. Mientras tanto, el país busca estabilizar su sistema financiero y restaurar la confianza de los inversores y ciudadanos.
