Los datos son puro desaliento. Los índices que marcan la capacidad de compra de la gente hacen historia pero no precisamente por su buen desempeño sino por lo contrario. En julio, cuando en teoría la economía debía comenzar a despertarse, el consumo masivo cayó el 16,1 por ciento en la comparación interanual según un informe de la consultora especializada Scentia. La Came (ConfederaciónArgentina de la Mediana Empresa) midió una realidad similar:la baja en las ventas fue del 15,7% el mes pasado y hubo rubros, como por ejemplo los alimentos, que se desplomaron más de un 20%. La comercialización de carne de vaca, un clásico argentino, está en el nivel más bajo de los últimos 26 años.
Esos números no son una abstracción:son indicadores del deterioro de la calidad de vida. Según la Universidad Católica Argentina, sobre datos del Indec, 55 de cada 100 argentinos son pobres. La cifra asciende al 63% en el caso de niños y adolescentes. El declive ya fue notorio en el gobierno anterior y se agudizó dramática y velozmente en el actual.
Milei se jacta de la ferocidad del ajuste pero se desentiende de las consecuencias. Y está decidido a sostenerlo como un cruzado, aún cuando hay economistas afines que le remarcan que podría ir obteniéndose el mismo objetivo con un costo social menos oneroso. Un informe reciente de la Fundación Mediterránea revela que, efectivamente, como Milei remarca con una sonrisa y un gesto mefistofélico, el recorte del gasto público encarado desde diciembre de 2023 es el mayor en 64 años. Motosierra. En 2024 el ajuste llega a 5,4 puntos del PBI;de ese total, 3,7 puntos, es decir la enorme mayoría, surge de reducir jubilaciones, subsidios por tarifas (al parecer ahí estaría el núcleo de la casta) y transferencias a las provincias.
De ese último tema hablaron el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro que tuvieron el viernes en el Panal. El mandatario provincial le reclamó fundamentalmente por la deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que alcanza los $ 112 mil millones por las partidas no enviadas este año y otros $ 290 mil millones que están judicializados.
En ese punto, hay una distorsión entre las expectativas y la realidad. Llaryora esperaba, cuando el PJcordobés aportó sus votos en el Congreso para la Ley Bases y cuando el propio gobernador estampó su firma en aquel trasnochado acto del Pacto de Mayo/Julio en Tucumán, que los fondos empezaran a fluir con algo más de velocidad. Debería ser la consecuencia lógica de un acuerdo. Pero Milei parece escaparle también a ese libreto. Lo está viviendo en carne propia Jorge Macri, el primo de Mauricio que es jefe de Gobierno en Buenos Aires y que todavía está esperando que le envíen la coparticipación que le debe el exmacrista Caputo.
Milei se resiste a enviar fondos a las provincias y a la Capital Federal porque atenta contra una lógica fundamental de su esquema de gobierno:la administración central pasó a tener superávit y descalzó a las gobernaciones, que, para no incrementar el malestar social en sus jurisdicciones y no acrecentar las consecuencias del ajuste y la recesión, deben afrontar gastos y obligaciones que venía encarando el gobierno nacional: por ejemplo, el transporte.
La situación en las provincias, algunas más otras menos, se está tornando cada vez más compleja. Porque la demanda se incrementa y los recursos caen por la recesión. Es lo que está ocurriendo en Córdoba. Y esa situación se comporta como una cascada: a los municipios les llueven las mismas complicaciones.
Río Cuarto es un caso. Después de cuatro años, la Municipalidad volvió a conocer el déficit corriente; es decir, el peor de todos porque indica que la recaudación no alcanza ni siquiera para pagar los gastos de funcionamiento. Hubo un rojo de 1.916 millones de pesos en el segundo trimestre, el último período en el que gobernó Juan Manuel Llamosas. Si esos números se anualizaran y el Municipio no revirtiera la situación, implicaría un déficit corriente del 7,6% del presupuesto. Casi 8.000 millones de pesos en un año.
¿El repentino desmejoramiento de los números municipales se explica exclusivamente por la situación nacional?No. Una parte importante obedece a la caída de la recaudación, por supuesto. Pero también hubo factores propios: el gobierno aumentó el gasto en una época electoral y se descuidó la gestión de los ingresos para no importunar a los votantes.
En los últimos meses, además, la Municipalidad sumó gastos que no tenía;que cubren una necesidad pero que deben financiarse. Por ejemplo, la Guardia Local insume al menos 300 millones de pesos mensuales y los subsidios al transporte superan los 200 millones. Mantener los vuelos de Aerolíneas se llevó casi 100 millones.
El secretario de Economía, Pablo Antonetti, pretende que el rojo desaparezca lo más rápido posible. Por eso, viene reuniéndose con los funcionarios de todas las áreas y a cada uno le hace el mismo planteo:que bajen los gastos un 30 por ciento. La exigencia tiene el aval del intendente Guillermo De Rivas.
“Muchachos, tienen que entender algo:en la caja no hay más fondos. No queda otra que ajustar”, les dice. Algunos programas están quedando relegados y se eliminaron horas extras.
Pero en Economía saben que los resultados no serán inmediatos. Mientras tanto, el Municipio tiene que seguir funcionando. Por eso, Antonetti envió al Concejo Deliberante un proyecto para poder endeudarse en 5.000 millones de pesos. De esa cifra, 4.000 millones se conseguirán a través de una letra de Tesorería y otros 1.000 millones surgirán de un préstamo para compra de maquinaria y equipamiento.
Hay un aspecto llamativo en el capítulo del déficit municipal y la toma de deuda que se viene:la ausencia total de la oposición. Nadie pidió explicaciones, nadie presentó un pedido de informes;ni siquiera hubo declaraciones mediáticas planteando al menos el interrogante de por qué ocurrió lo que ocurrió. El frente PrimeroRío Cuarto, liderado por el radicalismo, parece todavía aturdido por la magnitud de la derrota electoral. Y el nazarismo sin Nazario, que sufrió un brote de fiebre controladora cuando estaba decidiéndose la suerte de los contratados de la gestión anterior, también parece haber caído en la indolencia.
Los 48 contratos que no se renovaron en el Municipio y que se convirtieron en el primer foco de conflicto con el gremio también encuentran, en parte, su explicación en una fundamentación económica. Pero no hay que desatender las razones políticas:la gran mayoría apoyó -algunos abiertamente, otros a través de las redes sociales- la candidatura de Adriana Nazario.
El gremio de empleados municipales salió a cuestionar con dureza a los funcionarios de De Rivas por los contratos. En el gobierno entienden que, en la disputa pública, la postura del sindicato les es funcional. Porque el contexto, influido por el clima mileísta, propicia que haya menos empleados públicos. “Cuando Llamosas no renovó 200 contratos, no cayó del todo bien en la sociedad. Hoy, nadie se queja;es más, la mayoría elogia la decisión”, indicó un funcionario.
En el Palacio le ponen un ojo a la opinión pública para definir las políticas y el discurso. Hubo un episodio sintomático: el viernes empezó la relocalización de familias de la zona del corsódromo. Lo poco que dijo el gobierno de ese hecho no fue que se trata de una política social para darles una casa digna a esas familias sino que el traslado se enmarca en una política orientada a devolverle orden a la ciudad y a recuperar espacios que son de todos.
Orden. Ese es y será un concepto relevante en la gestión de De Rivas. Orden en el tránsito, en la organización de la ciudad pero también en la ocupación del espacio público. El otro gran eje, que va de la mano, es la seguridad. Son dos definiciones que se derivan de un reclamo: las encuestas le indican al gobierno que los riocuartenses quieren que haya más orden y sentirse menos inseguros. Mientras apoyan mayoritariamente a un gobierno que ajusta y fractura a la sociedad, a otro, al que tienen cerca, le exigen que se haga cargo de las consecuencias.