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Usaron la tarjeta y hoy los amenazan con embargos pero no les atienden el teléfono

Desde fin de año, la Defensoría del Pueblo receptó 30 reclamos de usuarios de la Tarjeta Actual, intimados por estudios jurídicos que exigen pagos exorbitantes. Piden que actúen el Banco Central y Defensa del Consumidor

Desde fin de año a esta parte, se multiplican los casos de titulares de la Tarjeta Actual que utilizaron el plástico para financiar distintos consumos y se encuentran ahora con notificaciones de deuda por montos exorbitantes, emitidas por estudios jurídicos que también hacen apercibimientos de embargo. Todo eso, mientras la empresa parece haber desaparecido de Río Cuarto, porque ya no se puede ubicar a ningún tipo de representante al teléfono, ni en la web, ni en lo que solía ser la sede comercial de la firma. En la Defensoría del Pueblo, donde ya acumulan al menos 30 reclamos de este tipo, decidieron pedir la intervención del Banco Central y de Defensa del Consumidor de la Provincia, para que tomen cartas en el asunto.

El defensor del Pueblo, Ismael Rins, indicó que la problemática genera preocupación y temor entre los usuarios, y sostuvo que el comportamiento de los supuestos acreedores es abusivo y está reñido con la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

“Hemos tenido muchísimos reclamos vinculados a la Tarjeta Actual en Río Cuarto. Lo que nos refieren las personas es que están recibiendo notificaciones de supuestos estudios jurídicos, que les están reclamando pagos exorbitantes, muy por encima de la deuda que tenían. Y no hay ninguna referencia de la empresa en la ciudad como para que puedan comunicarse”, describió el funcionario.

Vulnerabilidad

Rins aseguró que el comportamiento de quienes estarían a cargo de la gestión de cobranza de la Tarjeta Actual no sólo afecta el derecho de las personas de pagar una deuda justa, sino que además es cuestionable el trato que las personas reciben, en una relación asimétrica que los vuelve vulnerables.

“Hay presiones, apercibimientos de embargos a personas que no deben dinero desde hace mucho tiempo. E incluso, por sumas que de ninguna manera están adeudando”, señaló Rins.

“El BCRA y Defensa del Consumidor deben tomar cartas en el asunto”, dijo el defensor del Pueblo.

Otra de las preocupaciones es que, durante esas gestiones de cobranza, algunos vecinos puedan ceder datos personales bajo presión. “Les recomendamos que no confirmen ningún dato que les quieran corroborar. Sobre todo, para cuidar el uso que puedan hacer”, agregó el defensor del Pueblo.

¿Cuáles fueron los montos que les reclaman a los usuarios?

Han usado la tarjeta por montos de 4 a 30 mil pesos, pero les reclaman hasta 60 mil pesos, por dar un ejemplo.

Qué hacer frente a este tipo de casos

¿Qué deben hacer las personas que fueron notificadas?

Es difícil hacer recomendaciones, porque la deuda puede ser legítima. Pero muchas veces es hasta complicado pagarla. Estamos viendo cómo se pueden establecer mecanismos para que se haga algo razonable. Tratamos de orientar a la gente también.

¿Cuántos reclamos han recibido hasta el momento por este tipo de casos?

Al menos 30. Los primeros fueron a fines del año pasado, y desde entonces se han acumulado.

A partir de estos reclamos de quienes figuran como deudores, ¿hubo algún tipo de avances?

Enviamos una comunicación al Banco Central y a Defensa del Consumidor. Instamos a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Ambas entidades pueden actuar de oficio, porque son autoridades de aplicación. Nosotros, en la Defensoría del Pueblo podemos receptar los reclamos, pero quienes tienen las herramientas y pueden aplicar sanciones son los organismos que mencioné antes.

“El turista está desprotegido y hay que generar esquemas de control”

Consultado respecto a las estafas con alojamientos turísticos, que cobraron notoriedad en lo que va de la temporada de verano, el defensor del Pueblo, Ismael Rins, reclamó públicamente mayor presencia de los órganos oficiales para aportar soluciones a la problemática.

“Es importante generar esquemas de control para el turismo. Si el turismo es una industria, el turista tiene una desprotección absoluta. Hacen falta mecanismos de verificación de la información de la oferta de alojamiento”, señaló el funcionario.

“El Estado tiene que estar presente. La naturaleza fáctica de la relación contractual es de una volatilidad absoluta, a diferencia de cualquier otra transacción comercial. No hay tiempo de verificar por los cortos plazos, y los estafadores saben que eso juega a su favor”, agregó.

Rins sostuvo que los municipios, la Agencia Córdoba Turismo y otras entidades “son autoridades de aplicación y podrían ejercer este tipo de controles”.