La situación se deterioró con mayor velocidad en los últimos meses, pero las irregularidades en los pagos vienen arrastrándose desde hace más tiempo. De hecho, los prestadores venían reclamando porque los aranceles de las distintas prestaciones de Osfa corresponden a mediados de 2025, lo que genera un desfasaje entre el costo real de las prestaciones y el dinero que perciben clínicas, sanatorios y profesionales. De hecho, aseguran que esa falta de actualización de los módulos hace que el dinero que paga Osfa sólo cubra actualmente los costos de las prestaciones.
Por eso explican que “durante meses hemos absorbido este desequilibrio con recursos propios y endeudamiento para no afectar a los afiliados”, indicaron.
De todos modos, el último pago de la obra social ocurrió hace unos 45 días, y sin compromisos en el horizonte, los prestadores de salud decidieron interrumpir los servicios. Ahora, esos 3 mil afiliados a las fuerzas armadas pueden pagar la consulta e intentar luego el reembolso en Osfa o directamente acudir al subsistema público de salud, como sugirieron desde la conducción de la obra social.
Pero aunque en una comunicación a los afiliados se haya explicado que la situación es coyuntural y momentánea, por ahora no hay señales que muestren con certeza si la regularización está cerca. En esa línea, Osfa informó a sus afiliados de la región que “en caso de presentarse una situación de urgencia o emergencia, el afiliado deberá concurrir al Hospital Público de la ciudad de Río Cuarto, donde se brindará la atención correspondiente”.
Sin embargo, los prestadores de salud advirtieron que “la normalización de las prestaciones quedará supeditada a la cancelación mayoritaria de la deuda, un cronograma certero y comprometido para el saldo y la actualización inmediata de los aranceles”, apuntaron.
Al tiempo que aclararon que la suspensión de los servicios “responde exclusivamente a la imposibilidad material de continuar financiando las obligaciones asistenciales de Osfa”.
Las fuentes del sector de la salud local no dejan de remarcar además que “hay una contradicción entre la fuerte inversión que el país decidió en armas, como los F-16, y la situación del personal que no tiene cobertura de salud por el corte en las prestaciones. Hay lugares en donde el recorte no es factible”, destacaron.
El declive y las decisiones
Vale recordar que el conflicto por el desfinanciamiento de la obra social había obligado a la Nación a trasladar una parte de los afiliados a la prepaga Medicus, algo que había anunciado la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva y que alcanzaba a genrarmes y prefectos.
Fue después de la disolución de Iosfa, que venía arrastrando una deuda superior a los $200 mil millones que aún no está claro quién cubrirá. Luego se creó Osfa para las Fuerzas Armadas y Osffeseg para las fuerzas de Seguridad.
