La sistemática confusión entre lo público y lo privado
El escándalo que envuelve a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, a raíz de una denuncia de quien se desempeñó durante varios años como su empleada doméstica, aparece como una muestra de hipocresía y de desapego por la ley inadmisible en un funcionario público, así como un nuevo ejemplo de la tendencia a sentirse “dueños” de las dependencias que manejan en la que suelen caer aquellos a quienes se confía un cargo de responsabilidad. Las explicaciones de la acusada reflejan además una no del todo sorpresiva naturalización de ese tipo de desviaciones, que atentan contra la buena administración de Estado, pero también contra principios de equidad que, por ser ella quien es, deberían ser prioritarios.
El tema va más allá de los aspectos del conflicto acerca de los cuales existen versiones encontradas: si Donda pagó o no los aportes correspondientes durante toda la relación laboral o si quiso o no ahorrarse el costo de una indemnización por despido. Son las partes sobre las que no hay discusión, en particular la oferta de un plan social y de algún tipo de contrato en el propio Inadi, las que examinadas a la luz de la ética, si es que pasan el filtro de la legalidad, colocan a la funcionaria en un lugar que debería ser insostenible si los usos y costumbres argentinos no le concedieran una especie de graciosa dispensa.
Esta idea está tan instalada que a la propia Donda le parece “lógico” haber “tomado a mucha gente” que conoce personalmente porque “hay situaciones de vulnerabilidad que exceden las formas de transparencia que tiene el Estado para contratar”. Aun si se cree en su afirmación de que su propuesta no perseguía el propósito de resolver un problema personal sino que la había hecho “desde el cariño” hacia su ahora exempleada (algo que seguramente despertará más de una mueca de escepticismo), la titular del Inadi no parece advertir que está justificando la utilización arbitraria de su cargo, y de los recursos públicos que trae aparejados, para decidir a quién ayudar y a quién no sobre la base de criterios propios que no necesariamente tienen algo que ver con lo dispuesto por las normas que como funcionaria debería ser la primera en respetar.
Y en este punto, es preciso recalcar que el problema trasciende a la propia dirigente involucrada, o a una fuerza política en particular. El escándalo ha sido inevitablemente comparado con el protagonizado hace algo menos de tres años por el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien más allá de los detalles que podrían entenderse como agravantes -como los insultos que dirigió a la afectada- en esencia también utilizó su posición para resolverle su situación laboral a una empleada doméstica de su familia, en este caso con un puesto en un sindicato intervenido. Una arbitrariedad también inadmisible, censurada con toda razón por la oposición de entonces, incluido el hoy presidente, y jefe de Donda, Alberto Fernández, quien escribió sobre el episodio: “Da vergüenza”.
Triaca fue sin embargo respaldado por su propio jefe, Mauricio Macri, y sólo dejó su cargo meses después del escándalo y por otras razones, mientras hoy Fernández asume la misma actitud respecto de la recién imputada Donda, suscribiendo la teoría de que “alguien quiere hacerle daño”. Un clásico de la política argentina: actos que “dan vergüenza” cuando los comete alguien de otro signo pasan a ser “lógicos” cuando su protagonista es tropa propia, y las mismas fundadas acusaciones de otrora se transforman en parte de las consabidas “campañas de desprestigio”, argumento falaz siempre a mano para encubrir prácticamente cualquier inconducta.