Aun cuando en sí misma no pretenda presentarse como otra cosa más que el cumplimiento de un paso obligatorio dentro del curso normal de una causa penal, la confirmación en segunda instancia del procesamiento del policía Luis Chocobar por el homicidio de un joven asaltante que acababa de apuñalar a un turista constituye una importante definición dentro de una polémica de alcance más amplio. En ese marco, la decisión del Gobierno de ratificar su apoyo al imputado implica la insistencia en un camino cuestionable en lo institucional y marcadamente peligroso desde el punto de vista práctico.
En rigor, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal introdujo cambios en la resolución del juez de primera instancia, al anular el embargo y modificar la carátula. No obstante, el reemplazo del “exceso en la legítima defensa” por “exceso en el cumplimiento del deber”, dos delitos a los que se aplica la misma escala penal, confirma la consideración de que hubo una conducta antijurídica por parte del policía, al menos con un grado de certeza suficiente como para continuar la investigación.
Aun cuando se esté lejos de un cierre definitivo, el fallo de la Cámara, que asimismo fue unánime, deja al menos en claro que la resolución del juez Enrique Velázquez no fue una arbitrariedad producto de un exceso de garantismo, sino el resultado de una evaluación consciente y razonable de las evidencias disponibles. Esto no significa que no se la pueda todavía cuestionar o incluso revertir, pero sí, cuando menos, descalifica la intención de promover su juicio político, al menos por esta determinación en particular.
Pero es obvio que el principal cuestionamiento se dirige a la posición del Gobierno, basada en un supuesto “cambio de doctrina” que a la lógica actitud de apoyar a las fuerzas de seguridad añade la de hacerlo sin reparo alguno, a punto tal de entrometerse de la incumbencia de una investigación judicial. La ratificación del respaldo a Chocobar, independientemente de la simpatía que pueda despertar en la mayor parte de la sociedad, aparece como una violación al principio de división de poderes, ejercida ahora no contra la decisión de un juez sino de cuatro.
Si el hecho de que el presidente Mauricio Macri haya recibido al policía inmediatamente después del procesamiento había sido interpretado como un intento de presionar a la Cámara para que revirtiera esa decisión, la resolución conocida ayer constituye una saludable manifestación de independencia. Pero no significa que la presión no haya existido o que no genere “ruido” desde el punto de vista institucional, tanto más cuando da toda la impresión de que seguirá aplicándose en las próximas instancias en lo que, aunque se lo niegue, resulta imposible no asociar con un aval al “gatillo fácil”.
Aun cuando se esté lejos de un cierre definitivo, el fallo de la Cámara, que asimismo fue unánime, deja al menos en claro que la resolución del juez Enrique Velázquez no fue una arbitrariedad producto de un exceso de garantismo, sino el resultado de una evaluación consciente y razonable de las evidencias disponibles. Esto no significa que no se la pueda todavía cuestionar o incluso revertir, pero sí, cuando menos, descalifica la intención de promover su juicio político, al menos por esta determinación en particular.
Pero es obvio que el principal cuestionamiento se dirige a la posición del Gobierno, basada en un supuesto “cambio de doctrina” que a la lógica actitud de apoyar a las fuerzas de seguridad añade la de hacerlo sin reparo alguno, a punto tal de entrometerse de la incumbencia de una investigación judicial. La ratificación del respaldo a Chocobar, independientemente de la simpatía que pueda despertar en la mayor parte de la sociedad, aparece como una violación al principio de división de poderes, ejercida ahora no contra la decisión de un juez sino de cuatro.
Si el hecho de que el presidente Mauricio Macri haya recibido al policía inmediatamente después del procesamiento había sido interpretado como un intento de presionar a la Cámara para que revirtiera esa decisión, la resolución conocida ayer constituye una saludable manifestación de independencia. Pero no significa que la presión no haya existido o que no genere “ruido” desde el punto de vista institucional, tanto más cuando da toda la impresión de que seguirá aplicándose en las próximas instancias en lo que, aunque se lo niegue, resulta imposible no asociar con un aval al “gatillo fácil”.