La decisión del juez federal Claudio Bonadio de ordenar la detención de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario privado del expresidente Néstor Kirchner, aparece como un avance de peso en la investigación de la trama de corrupción tejida durante las administraciones que se sucedieron en el país entre 2003 y 2015, apenas después del paso no menos significativo que representó el embargo de una millonaria cuenta en Suiza del empresario “arrepentido” Carlos Wagner. Sin embargo, la resolución refleja, al mismo tiempo, el grado en que la acción de la Justicia se ve oscurecida por la sugestiva disparidad de criterios frente a evidencias idénticas, detrás de la cual cualquier observador imparcial advierte la mano de influencias políticas indebidas.
El papel de Daniel Muñoz en el esquema de cobro de sobornos es bien conocido desde mucho antes de la aparición de los famosos cuadernos del chofer Oscar Centeno, dentro de los cuales tiene un intenso protagonismo. De hecho, el proceso sucesorio que se puso en marcha después de su fallecimiento, además de documentos conocidos en oportunidad del “destape” de los Panama Papers, reveló que poseía una inmensa fortuna, con participación en sociedades offshore y propiedades en Miami por un valor de millones de dólares.
Desde luego, la vinculación entre ese patrimonio y su trabajo como “valijero” de Néstor Kirchner, originalmente denunciado por la secretaria del fallecido expresidente Miriam Quiroga, es mucho más que una mera presunción. Acaso pueda discutirse, a la hora de barajar hipótesis sobre el caso, si Muñoz cobraba una comisión por su tarea -lo menos probable en vista de los montos involucrados, demasiado cuantiosos-, si se había quedado con una parte del dinero que recogía sin conocimiento de sus jefes o si, directamente, era un testaferro de ellos, que quiso aprovechar las circunstancias para quedarse con los bienes puestos a su nombre. Pero, en cualquier caso, su sola existencia es una prueba incontrastable, entre tantas otras, de que la circulación de efectivo en bolsos no es de ningún modo una fantasía montada para desacreditar el proyecto político kirchnerista.
Aun después de su muerte, Muñoz sigue estando a la cabeza de una línea de investigación particularmente promisoria, porque su viuda y otras personas -cuya detención también ha sido ordenada en la misma resolución tomada el viernes y dada a conocer ayer- participaron de la construcción del andamiaje financiero que buscaba blanquear el dinero robado al Estado. En ese marco, por estos días se había generado una intensa controversia debido al rechazo a disponer las capturas solicitadas por el fiscal Carlos Stornelli por parte de otro juez federal, Luis Rodríguez: el mismo que años atrás no había encontrado motivo para seguir investigando a Muñoz, entonces todavía con vida, luego de la denuncia de Quiroga.
Desde luego, puede existir un cierto grado de subjetividad en la manera en que un juez aplica la ley, pero muy difícilmente las discrepancias entre los puntos de vista de Bonadio y Rodríguez tengan en este caso una base jurídica. Es preciso insistir en que, aun cuando se trate de distintos expedientes, los hechos puestos a consideración son los mismos, así como las posibilidades de que los imputados se profuguen, busquen entorpecer la investigación o escondan el dinero mal habido. Su libertad no debería depender de la mayor o menor afinidad con el kirchnerismo del magistrado encargado de resolver al respecto, como da toda la impresión de haber ocurrido.
Desde luego, la vinculación entre ese patrimonio y su trabajo como “valijero” de Néstor Kirchner, originalmente denunciado por la secretaria del fallecido expresidente Miriam Quiroga, es mucho más que una mera presunción. Acaso pueda discutirse, a la hora de barajar hipótesis sobre el caso, si Muñoz cobraba una comisión por su tarea -lo menos probable en vista de los montos involucrados, demasiado cuantiosos-, si se había quedado con una parte del dinero que recogía sin conocimiento de sus jefes o si, directamente, era un testaferro de ellos, que quiso aprovechar las circunstancias para quedarse con los bienes puestos a su nombre. Pero, en cualquier caso, su sola existencia es una prueba incontrastable, entre tantas otras, de que la circulación de efectivo en bolsos no es de ningún modo una fantasía montada para desacreditar el proyecto político kirchnerista.
Aun después de su muerte, Muñoz sigue estando a la cabeza de una línea de investigación particularmente promisoria, porque su viuda y otras personas -cuya detención también ha sido ordenada en la misma resolución tomada el viernes y dada a conocer ayer- participaron de la construcción del andamiaje financiero que buscaba blanquear el dinero robado al Estado. En ese marco, por estos días se había generado una intensa controversia debido al rechazo a disponer las capturas solicitadas por el fiscal Carlos Stornelli por parte de otro juez federal, Luis Rodríguez: el mismo que años atrás no había encontrado motivo para seguir investigando a Muñoz, entonces todavía con vida, luego de la denuncia de Quiroga.
Desde luego, puede existir un cierto grado de subjetividad en la manera en que un juez aplica la ley, pero muy difícilmente las discrepancias entre los puntos de vista de Bonadio y Rodríguez tengan en este caso una base jurídica. Es preciso insistir en que, aun cuando se trate de distintos expedientes, los hechos puestos a consideración son los mismos, así como las posibilidades de que los imputados se profuguen, busquen entorpecer la investigación o escondan el dinero mal habido. Su libertad no debería depender de la mayor o menor afinidad con el kirchnerismo del magistrado encargado de resolver al respecto, como da toda la impresión de haber ocurrido.