Además de por un tono general más asociado con el lanzamiento de una campaña electoral que con el acto institucional que representaba, el discurso de apertura del año legislativo del presidente Mauricio Macri ha sido cuestionado en los análisis posteriores por contener algunas afirmaciones de dudosa veracidad, por encima de la subjetividad de las diferentes interpretaciones que puedan realizarse. Más allá de las relacionadas con los índices económicos, criticadas con abundancia por estos días, es oportuno detenerse en uno de los caballitos de batalla de la gestión, y en los fundamentos para considerarlo exitoso, como es la lucha contra el narcotráfico.
“Se cambia en serio cuando la droga no llega a los barrios porque la incautamos y quemamos como nunca antes”, señaló Macri en el párrafo de su alocución dedicado a reafirmar el compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, uno de los ejes de la campaña que lo llevó a la victoria en 2015. Y en el cual, desde luego, se ha mostrado más efectivo que al hacer frente a la pobreza o la inflación, aun cuando no está claro si la determinación que se exhibe en lo discursivo tiene un correlato tan contundente en las acciones concretas.
Es decir, puede concederse que, tal como se empeña en transmitirse desde las autoridades del área, se realicen más investigaciones y procedimientos, que en ese marco se secuestren más sustancias ilegales que en años anteriores y que haya más rigor en asegurar que el producto de los decomisos sea incinerado en público antes de que las cantidades comiencen misteriosamente a reducirse sin que sus custodios lo adviertan. Sin embargo, la afirmación de que como resultado de ello “la droga no llega a los barrios” no sólo es temeraria sino que contradice la experiencia cotidiana de cualquier interesado, desde los activistas sociales de organizaciones que se ocupan de la problemática hasta las víctimas sistemáticas de la inseguridad asociada al empleo de drogas, pasando por los propios consumidores que, hasta donde se sabe, acceden al producto de su preferencia con la misma facilidad de siempre.
Acaso sería injusto achacarle esta discrepancia exclusivamente al Gobierno. El primer consumidor mundial de droga, los Estados Unidos, ha invertido miles de millones de dólares y llegado a invadir países para combatir el narcotráfico sin que sus ciudadanos hayan experimentado dificultad alguna, más allá de alguna escasez ocasional, para seguir narcotizándose. Un cártel puede ser deshecho, una banda desarticulada por completo, un jefe legendario caer bajo las balas de la policía o de algún rival, y siempre hay alguien listo para cubrir de inmediato la demanda incluso antes de que se genere el faltante.
Es la carencia de base que presenta el abordaje de la problemática de la droga desde un punto de vista que privilegia lo represivo. Si no se trabaja en la comprensión de la naturaleza de la compulsión de los consumidores a ir en busca de paraísos artificiales, no dejarán de asumir comportamientos autodestructivos, ni de encontrar proveedores de lo que necesitan para desarrollarlos.
Desde luego, luchar contra las “mafias” dedicadas al narcotráfico o a otros delitos abominables como la trata es una obligación del Estado y en buena hora que Macri la asuma. Pero no sólo la idea de que “lo droga no llega a los barrios” es una fantasía, sino también la de que es posible conseguir que deje de llegar mediante incautaciones e incineraciones.
Es decir, puede concederse que, tal como se empeña en transmitirse desde las autoridades del área, se realicen más investigaciones y procedimientos, que en ese marco se secuestren más sustancias ilegales que en años anteriores y que haya más rigor en asegurar que el producto de los decomisos sea incinerado en público antes de que las cantidades comiencen misteriosamente a reducirse sin que sus custodios lo adviertan. Sin embargo, la afirmación de que como resultado de ello “la droga no llega a los barrios” no sólo es temeraria sino que contradice la experiencia cotidiana de cualquier interesado, desde los activistas sociales de organizaciones que se ocupan de la problemática hasta las víctimas sistemáticas de la inseguridad asociada al empleo de drogas, pasando por los propios consumidores que, hasta donde se sabe, acceden al producto de su preferencia con la misma facilidad de siempre.
Acaso sería injusto achacarle esta discrepancia exclusivamente al Gobierno. El primer consumidor mundial de droga, los Estados Unidos, ha invertido miles de millones de dólares y llegado a invadir países para combatir el narcotráfico sin que sus ciudadanos hayan experimentado dificultad alguna, más allá de alguna escasez ocasional, para seguir narcotizándose. Un cártel puede ser deshecho, una banda desarticulada por completo, un jefe legendario caer bajo las balas de la policía o de algún rival, y siempre hay alguien listo para cubrir de inmediato la demanda incluso antes de que se genere el faltante.
Es la carencia de base que presenta el abordaje de la problemática de la droga desde un punto de vista que privilegia lo represivo. Si no se trabaja en la comprensión de la naturaleza de la compulsión de los consumidores a ir en busca de paraísos artificiales, no dejarán de asumir comportamientos autodestructivos, ni de encontrar proveedores de lo que necesitan para desarrollarlos.
Desde luego, luchar contra las “mafias” dedicadas al narcotráfico o a otros delitos abominables como la trata es una obligación del Estado y en buena hora que Macri la asuma. Pero no sólo la idea de que “lo droga no llega a los barrios” es una fantasía, sino también la de que es posible conseguir que deje de llegar mediante incautaciones e incineraciones.