Con la desestimación de un último recurso presentado por la Procuración de Investigaciones Administrativas contra el sobreseimiento del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, la Corte Suprema de Justicia puso punto final a la causa abierta por la declaración de un “arrepentido” brasileño que se transformó en una de las denuncias de corrupción más serias contra un integrante de la presente gestión de gobierno. Sin embargo, la clausura del proceso penal no resta validez a las objeciones en torno de la figura del afectado, cuyas explicaciones nunca terminaron de resultar satisfactorias para despejar las dudas planteadas sobre su conducta en los años previos al nombramiento.
El caso arrancó en 2016, poco después de que lo hiciera la gestión de Mauricio Macri, cuando trascendieron declaraciones de Leonardo Meirelles, un operador financiero brasileño de activa participación en el escándalo conocido como “Lava Jato”, que dijo haber transferido tres años antes varias remesas de dinero, hasta completar unos 600 mil dólares, a una cuenta en Suiza a nombre de Arribas. Sostuvo haberlo hecho por cuenta de la firma Odebrecht u otra de las empresas actuantes dentro de un esquema de coimas a cambio de concesiones de obra pública cuya revelación venía sacudiendo el escenario político en el país vecino, donde el recién nombrado jefe de los espías residía hasta el momento de su designación.
Arribas admitió haber recibido una sola de esas remesas, por motivos que fueron variando en sus sucesivas declaraciones públicas y ante la Justicia, y en realidad nunca consiguieron resultar creíbles. No obstante, terminó por ser sobreseído por razones que también varían según la fuente: desde el punto de vista formal, nunca llegó a precisarse una acusación concreta acerca del tipo de operación ilegal de la que habrían formado parte los depósitos -los supuestos y el reconocido por el titular de la cuenta-, y además, fue clave el hecho de que Arribas no era funcionario público en 2013. Para muchos, sin embargo, la verdadera explicación radica en la clásica renuencia de la Justicia a actuar contra quienes ocupan posiciones de poder, en especial cuando les queda un largo tiempo por delante en esa situación.
Por cierto, esa suspicacia no puede recaer sobre una Corte Suprema que ha emitido muchos fallos negativos para el gobierno nacional y el mismo día en que cerró toda posibilidad de investigar a Arribas le propinó un duro golpe con la orden de pagarle 15 mil millones de pesos a la provincia de San Luis. Pero de todas formas, haber entendido que el organismo que había presentado el recurso carecía de legitimidad para hacerlo no significa un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, ni mucho menos garantiza la inocencia del individuo beneficiado.
Por eso, y aun cuando se entienda que no es posible encausar a Arribas por algo que hizo mientras vivía en Brasil, y cuya relación con hechos de corrupción ocurridos en la Argentina no sólo no está demostrada, sino que hasta aparece como improbable, no puede pasarse por alto un comportamiento sospechoso acerca del cual dio explicaciones contradictorias, confusas y carentes de verosimilitud. Una historia oscura de la que no se conoce lo suficiente para enviarlo a la cárcel, pero que debería inhabilitarlo para ocupar un cargo como el que ocupa, o cualquier otro dentro de una administración que pretende predicar la transparencia como un valor preciado.
Arribas admitió haber recibido una sola de esas remesas, por motivos que fueron variando en sus sucesivas declaraciones públicas y ante la Justicia, y en realidad nunca consiguieron resultar creíbles. No obstante, terminó por ser sobreseído por razones que también varían según la fuente: desde el punto de vista formal, nunca llegó a precisarse una acusación concreta acerca del tipo de operación ilegal de la que habrían formado parte los depósitos -los supuestos y el reconocido por el titular de la cuenta-, y además, fue clave el hecho de que Arribas no era funcionario público en 2013. Para muchos, sin embargo, la verdadera explicación radica en la clásica renuencia de la Justicia a actuar contra quienes ocupan posiciones de poder, en especial cuando les queda un largo tiempo por delante en esa situación.
Por cierto, esa suspicacia no puede recaer sobre una Corte Suprema que ha emitido muchos fallos negativos para el gobierno nacional y el mismo día en que cerró toda posibilidad de investigar a Arribas le propinó un duro golpe con la orden de pagarle 15 mil millones de pesos a la provincia de San Luis. Pero de todas formas, haber entendido que el organismo que había presentado el recurso carecía de legitimidad para hacerlo no significa un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, ni mucho menos garantiza la inocencia del individuo beneficiado.
Por eso, y aun cuando se entienda que no es posible encausar a Arribas por algo que hizo mientras vivía en Brasil, y cuya relación con hechos de corrupción ocurridos en la Argentina no sólo no está demostrada, sino que hasta aparece como improbable, no puede pasarse por alto un comportamiento sospechoso acerca del cual dio explicaciones contradictorias, confusas y carentes de verosimilitud. Una historia oscura de la que no se conoce lo suficiente para enviarlo a la cárcel, pero que debería inhabilitarlo para ocupar un cargo como el que ocupa, o cualquier otro dentro de una administración que pretende predicar la transparencia como un valor preciado.