Luego de varias semanas de conflicto, durante las cuales las actividades en las universidades nacionales se vieron paralizadas o severamente restringidas, la aceptación de la última propuesta oficial por parte de las entidades gremiales que representan a la mayor parte de los docentes abre el camino hacia una salida por ahora provisoria, pero que al menos podría permitir la reanudación de las clases. El desenlace llegó cuando en Río Cuarto la problemática de fondo, que pasa no sólo por lo salarial sino por el presupuesto universitario y el futuro de la educación pública en general, había quedado desplazada del centro del debate a partir de la ocupación del campus, desde la semana pasada y hasta anoche, por parte de una autodenominada “asamblea social” con objetivos más ambiciosos y métodos absolutamente cuestionables.
De hecho, el cambio de eje sugiere que, si lo que se pretendía era visibilizar la problemática universitaria e involucrar en ella al conjunto de la comunidad riocuartense, la toma constituyó un error estratégico. Del apoyo mayoritario obtenido en un momento de una sociedad que reconoce la importancia de la institución y su peso en la vida política, económica y cultural de la ciudad y la región, se pasó, con toda probabilidad, a una perceptible toma de distancia que fue aumentando mientras la medida se prolongaba y crecían las dudas y las especulaciones sobre los verdaderos propósitos de sus responsables.
Se ha asistido, además, a una amarga división del estudiantado, expresada a veces con respeto e intentos de intercambiar argumentos con seriedad, pero también con insultos y descalificaciones que reflejan una profunda intolerancia. De este modo, un dato en principio muy positivo, como la evidencia de un fuerte compromiso con la institución y con la sociedad por parte de un grupo que muchas veces es criticado desde el prejuicio por su supuesto desapego, se ha visto oscurecido por rasgos de autoritarismo que no excluyen niveles alarmantes de violencia verbal.
Pero si esta característica que envenenó el debate ha mostrado exponentes de ambos lados, no hay equivalencia en las responsabilidades respecto de los propios actos. Quienes participaron de la toma han incurrido en un acto ilegal e inconstitucional, han intentado imponer por la fuerza sus puntos de vista a quienes no los comparten, han atropellado abiertamente los derechos de los demás y se han apropiado de un espacio público como si lo que ellos creen justo y correcto les brindara una licencia especial para dictar sus propias normas. Y han actuado de ese modo cuando los canales institucionales para transmitir sus reclamos e inquietudes no estaban cerrados, en un país en el que rige el Estado de derecho.
En ese marco, las instituciones de la propia Universidad, en particular sus conducciones que por haber sido elegidas democráticamente tienen una legitimidad de la que la “asamblea social” carece -a menos que una minoría relativamente bien organizada y con capacidad de gritar más fuerte sea investida de una representatividad mayor que el propio voto popular- se han mostrado tímidas e impotentes, en un reconocimiento implícito de quienes actuaron como usurpadores, por quienes en algunos casos hasta parecen profesar cierta admiración. Habrá que ver cómo se restaura en los claustros la “normalidad” perdida, pero ni las interpretaciones antojadizas ni las lecturas complacientes sobre lo ocurrido podrán ocultar que la Universidad ha emergido de este conflicto debilitada, con su imagen degradada ante los ojos de la comunidad a la que pretendía poner de su lado.
Se ha asistido, además, a una amarga división del estudiantado, expresada a veces con respeto e intentos de intercambiar argumentos con seriedad, pero también con insultos y descalificaciones que reflejan una profunda intolerancia. De este modo, un dato en principio muy positivo, como la evidencia de un fuerte compromiso con la institución y con la sociedad por parte de un grupo que muchas veces es criticado desde el prejuicio por su supuesto desapego, se ha visto oscurecido por rasgos de autoritarismo que no excluyen niveles alarmantes de violencia verbal.
Pero si esta característica que envenenó el debate ha mostrado exponentes de ambos lados, no hay equivalencia en las responsabilidades respecto de los propios actos. Quienes participaron de la toma han incurrido en un acto ilegal e inconstitucional, han intentado imponer por la fuerza sus puntos de vista a quienes no los comparten, han atropellado abiertamente los derechos de los demás y se han apropiado de un espacio público como si lo que ellos creen justo y correcto les brindara una licencia especial para dictar sus propias normas. Y han actuado de ese modo cuando los canales institucionales para transmitir sus reclamos e inquietudes no estaban cerrados, en un país en el que rige el Estado de derecho.
En ese marco, las instituciones de la propia Universidad, en particular sus conducciones que por haber sido elegidas democráticamente tienen una legitimidad de la que la “asamblea social” carece -a menos que una minoría relativamente bien organizada y con capacidad de gritar más fuerte sea investida de una representatividad mayor que el propio voto popular- se han mostrado tímidas e impotentes, en un reconocimiento implícito de quienes actuaron como usurpadores, por quienes en algunos casos hasta parecen profesar cierta admiración. Habrá que ver cómo se restaura en los claustros la “normalidad” perdida, pero ni las interpretaciones antojadizas ni las lecturas complacientes sobre lo ocurrido podrán ocultar que la Universidad ha emergido de este conflicto debilitada, con su imagen degradada ante los ojos de la comunidad a la que pretendía poner de su lado.