A pocos días del anuncio del cronograma para las elecciones del año próximo, se acaba de abrir formalmente en el Senado, en la etapa de su tratamiento en comisión, el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos y en particular de las campañas, un tema recurrente que la dirigencia no termina de resolver a pesar de las reformas ensayadas en diferentes instancias de la vida democrática. El hecho de que la posibilidad de autorizar los aportes de empresas aparezca como la principal propuesta arrojada sobre la mesa, al parecer con un considerable consenso, invita a esperar con escepticismo el diseño de un esquema que en principio no promete un mejoramiento institucional perceptible, ni mucho menos un cierre definitivo de las discusiones al respecto.
En los últimos meses se han acumulado las evidencias sobre el funcionamiento defectuoso y falto de transparencia del sistema de financiamiento de los partidos. Al escándalo suscitado por la difusión de la lista de aportantes para la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que reveló la utilización de nombres de indigentes para encubrir el ingreso de dinero “negro”, siguió la causa de los “cuadernos de la corrupción”, en la que una parte del producto de las coimas parece haber ido a agrupaciones vinculadas con el oficialismo de entonces. Y en septiembre la Cámara Nacional Electoral ordenó profundizar las investigaciones de los aportes para la campaña de 2015, en la cual los informes de gastos de todos los principales competidores fueron desaprobados por la Justicia por haber sido falseados para tratar de ocultar el verdadero origen de los recursos económicos.
Por la evidencia recogida o por el mero uso del sentido común, es posible deducir sin temor al error que el grueso de ese dinero “negro” –si se descartan alternativas todavía peores, como el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner en 2007 con ganancias originadas en la importación ilegal de efedrina– proviene de empresas, que buscan quedar en buenos términos con todos quienes tienen posibilidades de acceder al poder. Todo indica que la prohibición de que lo hicieran, dictada en su momento para transparentar el sistema, solo logró, paradójicamente, volverlo más opaco, y la detección de irregularidades por parte de la Justicia no ha tenido consecuencias que fueran más allá de una multa o una sanción leve a algún personaje menor.
En términos prácticos, la decisión de dejar de lado una prohibición que no funcionó nunca aparece como el reconocimiento de que no tiene sentido mantener en vigencia una ley cuya aplicación no se puede –o no se quiere, o ni una cosa ni la otra– garantizar. Aun cuando se anticipa que habrá regulaciones y limitaciones a los aportes de las empresas, como para mitigar la sensación de retroceso, no se puede ocultar la reiteración de una frustración muy común en las normas englobadas en lo que suele denominarse “reforma política”, que naufragan porque generan problemas mayores que los que teóricamente vienen a resolver o porque los actores encargados de instrumentarlas se sienten más cómodos con la opacidad a la que están habituados.
Como ya se ha señalado en esta página, es justo reconocer que el financiamiento de la política en general y de las campañas electorales en particular es un problema en todas las democracias del planeta, incluidas aquellas mucho más avanzadas institucionalmente que la nuestra. Sin embargo, ni esta realidad ni los fracasos precedentes deberían llevar a abandonar el compromiso de buscar mecanismos que tiendan a lograr una competencia más justa y equilibrada, y no premien a los más hábiles para manipular el sistema en su beneficio.
Por la evidencia recogida o por el mero uso del sentido común, es posible deducir sin temor al error que el grueso de ese dinero “negro” –si se descartan alternativas todavía peores, como el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner en 2007 con ganancias originadas en la importación ilegal de efedrina– proviene de empresas, que buscan quedar en buenos términos con todos quienes tienen posibilidades de acceder al poder. Todo indica que la prohibición de que lo hicieran, dictada en su momento para transparentar el sistema, solo logró, paradójicamente, volverlo más opaco, y la detección de irregularidades por parte de la Justicia no ha tenido consecuencias que fueran más allá de una multa o una sanción leve a algún personaje menor.
En términos prácticos, la decisión de dejar de lado una prohibición que no funcionó nunca aparece como el reconocimiento de que no tiene sentido mantener en vigencia una ley cuya aplicación no se puede –o no se quiere, o ni una cosa ni la otra– garantizar. Aun cuando se anticipa que habrá regulaciones y limitaciones a los aportes de las empresas, como para mitigar la sensación de retroceso, no se puede ocultar la reiteración de una frustración muy común en las normas englobadas en lo que suele denominarse “reforma política”, que naufragan porque generan problemas mayores que los que teóricamente vienen a resolver o porque los actores encargados de instrumentarlas se sienten más cómodos con la opacidad a la que están habituados.
Como ya se ha señalado en esta página, es justo reconocer que el financiamiento de la política en general y de las campañas electorales en particular es un problema en todas las democracias del planeta, incluidas aquellas mucho más avanzadas institucionalmente que la nuestra. Sin embargo, ni esta realidad ni los fracasos precedentes deberían llevar a abandonar el compromiso de buscar mecanismos que tiendan a lograr una competencia más justa y equilibrada, y no premien a los más hábiles para manipular el sistema en su beneficio.
las más leídas
Temas
Internacionales