La inagotable cadena de revelaciones comprometedoras sobre las actividades que encumbrados colaboradores de Mauricio Macri llevaron adelante antes de incorporarse al Gobierno acaba de engrosarse con la incendiaria denuncia de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, evadió impuestos a través de una empresa radicada en el exterior y luego aprovechó el blanqueo para asegurar su impunidad. De este modo, un funcionario que ya había sido cuestionado por mantener fronteras afuera la mayor parte de sus ahorros pasa a quedar en una situación que debería considerarse insostenible en un contexto menos tolerante respecto de cierto tipo de conductas que el que prevalece hoy.
La entidad de las revelaciones periodísticas queda demostrada en el hecho de que, si bien no fueron confirmadas, tampoco se las desmintió: “No corresponde que me refiera a información protegida por el secreto fiscal y cuya filtración es el fruto de la actividad de una banda delictiva que está siendo investigada por la Justicia por vender información confidencial” fue la respuesta oficial a la denuncia.
En rigor, es cierto que los datos no deberían haber salido de la Afip, pero el hecho de que para hacerlo alguien haya violado la ley no los vuelve falsos. Si en la filtración hubo un delito debe investigarse y cabe esperar que se logre esclarecer lo ocurrido, pero la condición de funcionario de Dujovne lo obliga a explicar su conducta, sin escudarse en que debió haber permanecido fuera del escrutinio público.
Del mismo modo, y como ha ocurrido con otros integrantes del gabinete nacional -con el caso del ministro de Finanzas Luis Caputo como el más notable-, tampoco basta el argumento, a veces expreso, más frecuentemente dejado implícito, de que las irregularidades reprochadas corresponden a su actividad privada anterior. Es como si se pretendiera hacer creer que el paso a la función pública implicara la transformación de personas de ética cuestionable y escaso apego a la ley en ciudadanos irreprochables, que merecen toda la confianza de la sociedad pese a su pasado tan cercano en el tiempo.
El hecho de que Dujovne se haya sumado a la “exteriorización de activos” dispuesta por la administración de Macri en 2016 lleva a que la evasión que se lo acusa de haber cometido no esté expuesta a la persecución penal, pero los delitos que habría cometido no dejan de serlo por la decisión política de no perseguirlos. Una cosa es renunciar a intentar desenmascarar y meter preso a un evasor, otra nombrarlo ministro de un área particularmente delicada que tiene entre sus funciones, paradójicamente, la de cuidar que la gente pague los impuestos que corresponden.
En rigor, es cierto que los datos no deberían haber salido de la Afip, pero el hecho de que para hacerlo alguien haya violado la ley no los vuelve falsos. Si en la filtración hubo un delito debe investigarse y cabe esperar que se logre esclarecer lo ocurrido, pero la condición de funcionario de Dujovne lo obliga a explicar su conducta, sin escudarse en que debió haber permanecido fuera del escrutinio público.
Del mismo modo, y como ha ocurrido con otros integrantes del gabinete nacional -con el caso del ministro de Finanzas Luis Caputo como el más notable-, tampoco basta el argumento, a veces expreso, más frecuentemente dejado implícito, de que las irregularidades reprochadas corresponden a su actividad privada anterior. Es como si se pretendiera hacer creer que el paso a la función pública implicara la transformación de personas de ética cuestionable y escaso apego a la ley en ciudadanos irreprochables, que merecen toda la confianza de la sociedad pese a su pasado tan cercano en el tiempo.
El hecho de que Dujovne se haya sumado a la “exteriorización de activos” dispuesta por la administración de Macri en 2016 lleva a que la evasión que se lo acusa de haber cometido no esté expuesta a la persecución penal, pero los delitos que habría cometido no dejan de serlo por la decisión política de no perseguirlos. Una cosa es renunciar a intentar desenmascarar y meter preso a un evasor, otra nombrarlo ministro de un área particularmente delicada que tiene entre sus funciones, paradójicamente, la de cuidar que la gente pague los impuestos que corresponden.