Menos de dos meses después de anticipar la intención de incrementar la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de respaldo a las de seguridad, el presidente Mauricio Macri anunció una reforma del sistema de defensa nacional que confirma algunas de las controvertidas alternativas barajadas entonces. La intención de emplear a militares para enfrentar cualquier agresión que se considere peligrosa para la soberanía o la integridad territorial del país, que podría no suscitar demasiados reparos tomada en abstracto, despierta sonoras alarmas no sólo por la evocación de un período particularmente traumático, y no tan remoto, de la historia argentina, sino si se piensa en la experiencia de otros países que ensayaron estrategias similares.
En principio, el escozor que provoca la idea de que las Fuerzas Armadas se alejen de su función natural tiene que ver con su pasado involucramiento en política, sus constantes presiones a los gobiernos civiles y sus frecuentes golpes de Estado, que condicionaron la vida argentina durante gran parte del siglo pasado. Y tuvieron su expresión más terrible con el régimen criminal que gobernó entre 1976 y 1983. Por eso luego de la restauración democrática se consensuó una ley de defensa que las excluía de cualquier cuestión interna, si bien a través de la reglamentación se introdujeron algunas excepciones controladas de apoyo logístico, por ejemplo en la vigilancia de las fronteras en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Ahora, se anuncia que una de las primeras consecuencias de la reforma será el envío inmediato de 500 efectivos (que llegarán a 5.000 en un año) a Salta, Formosa y Misiones, límites permeables al ingreso de droga. En un giro de legalidad discutible, se sugiere que un papel secundario pasará a ser prácticamente central, a punto tal que se espera liberar a gendarmes para enfrentar la inseguridad en las ciudades.
Se puede entender la lógica del argumento que recuerda que, por el mero paso del tiempo, no quedan militares en actividad que hayan participado de la represión de la última dictadura, y el temor de que se esté abriendo la puerta al regreso de los golpes de Estado es ridículo. Y en ese marco, frente a la magnitud de la amenaza que representa el narcotráfico, resulta natural preguntarse por qué no utilizar todos los recursos disponibles, en tanto no signifique sustraerlos de sitios donde son vitales.
La respuesta es que en aquellos lugares donde se hizo exactamente eso los resultados no fueron los esperados, y en algún caso resultaron directamente catastróficos. El ejemplo de México va a ser mencionado sistemáticamente en los debates sobre el tema que se suscitarán en los próximos días. La participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico exacerbó la violencia, incrementó el número de víctimas -en particular de víctimas inocentes-, y derivó en la corrupción de numerosos efectivos militares. Y todo para que la droga constituya hoy un problema más grave que el que representaba hace una década.
Es posible que algunos de los reparos a la iniciativa oficial sean ideológicos, y que en otros se advierta una nota discordante de paranoia. Pero no hace falta sospechar que la intención última del Gobierno es emplear a las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social para recibir con preocupación una política que da fuertes indicios de que va a terminar por tener más costos que beneficios.
Ahora, se anuncia que una de las primeras consecuencias de la reforma será el envío inmediato de 500 efectivos (que llegarán a 5.000 en un año) a Salta, Formosa y Misiones, límites permeables al ingreso de droga. En un giro de legalidad discutible, se sugiere que un papel secundario pasará a ser prácticamente central, a punto tal que se espera liberar a gendarmes para enfrentar la inseguridad en las ciudades.
Se puede entender la lógica del argumento que recuerda que, por el mero paso del tiempo, no quedan militares en actividad que hayan participado de la represión de la última dictadura, y el temor de que se esté abriendo la puerta al regreso de los golpes de Estado es ridículo. Y en ese marco, frente a la magnitud de la amenaza que representa el narcotráfico, resulta natural preguntarse por qué no utilizar todos los recursos disponibles, en tanto no signifique sustraerlos de sitios donde son vitales.
La respuesta es que en aquellos lugares donde se hizo exactamente eso los resultados no fueron los esperados, y en algún caso resultaron directamente catastróficos. El ejemplo de México va a ser mencionado sistemáticamente en los debates sobre el tema que se suscitarán en los próximos días. La participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico exacerbó la violencia, incrementó el número de víctimas -en particular de víctimas inocentes-, y derivó en la corrupción de numerosos efectivos militares. Y todo para que la droga constituya hoy un problema más grave que el que representaba hace una década.
Es posible que algunos de los reparos a la iniciativa oficial sean ideológicos, y que en otros se advierta una nota discordante de paranoia. Pero no hace falta sospechar que la intención última del Gobierno es emplear a las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social para recibir con preocupación una política que da fuertes indicios de que va a terminar por tener más costos que beneficios.