Las dictaduras militares que durante las últimas décadas del siglo pasado dominaron gran parte de los países de América Latina dejaron en la historia una marca tan profunda que su legado reaparece periódicamente para poner de manifiesto que los traumas de la época todavía no han sido resueltos del todo por las sociedades que los padecieron. Si bien normalmente lo hace trayendo al presente las secuelas de la violencia y los atropellos a los derechos humanos de los usurpadores de los gobiernos de facto, la decisión de un tribunal chileno de retener todos los bienes y fondos del tirano Augusto Pinochet, hoy heredados por su familia, trae al primer plano un aspecto de sus desempeños también reprobable aun cuando no haya merecido la misma exposición, como es el aprovechamiento de su poder ilegítimo para enriquecerse a expensas del erario.
Luego de haberse visto en cierta forma opacada por su reputación de criminal sangriento e implacable, la fortuna de Pinochet salió al ruedo antes de la muerte del dictador, en diciembre de 2006, de un modo inesperado, luego de que una investigación del Senado de los Estados Unidos por financiamiento del terrorismo descubrió la existencia de cuentas por 1,7 millones de dólares en un banco de ese país. Entonces se inició un proceso que incluyó el decomiso de ese dinero, resuelto en un fallo de la Corte Suprema. Sobre esa base es que ahora se inmoviliza el resto de la herencia, que hasta donde se conoce alcanza los 17,8 millones de dólares, una suma que por supuesto habría sido imposible de reunir con los salarios recibidos por Pinochet a lo largo de su vida como militar y como político.
El proceso significó –y significa– un duro golpe para otra herencia de Pinochet, la inmaterial, ya que a diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos su dictadura tuvo una gestión económica ordenada que permitió la subsistencia de un respaldo popular considerable luego de su retirada. Quienes estaban dispuestos a excusar el uso sistemático de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, anulación de la libertad de expresión, censura y persecución de todo tipo de disidencia, frente a la necesidad de “combatir al comunismo” o cosas semejantes, encontraban mucho más difícil asumir la evidencia de que su admirado líder era también un ladrón.
El caso invita a efectuar una comparación con lo ocurrido del otro lado de la cordillera, donde los atroces crímenes de lesa humanidad de la dictadura también contribuyeron, paradójicamente, a dejar sus latrocinios en un segundo plano. Aunque los actos de corrupción no fueron pocos ni menores en esa época –acaso baste mencionar el escándalo, que ni siquiera la censura alcanzó a tapar, de los millonarios fondos destinados a la organización del campeonato Mundial de fútbol de 1978 que se esfumaron sin dejar rastro–, fueron muy pocos los militares o colaboradores civiles que debieron rendir cuentas ante la Justicia por este motivo.
Igualmente, el caso de la fortuna de Pinochet sirve para rebatir a quienes ven en la generalizada corrupción observada en numerosos gobiernos posdictatoriales, en la Argentina y en otros países de la región, una excusa para encontrarles a las dictaduras militares algún tipo de mérito o a veces hasta para reivindicarlas. Y es que la corrupción no es una lacra inherente a la democracia, sino a las sociedades de las que emergen los corruptos, que en todo caso deberían hallar en el sistema republicano, con sus reaseguros y controles cruzados, más obstáculos que en otro en el que imperan la arbitrariedad, la concentración de poder y la ley del más fuerte.
El proceso significó –y significa– un duro golpe para otra herencia de Pinochet, la inmaterial, ya que a diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos su dictadura tuvo una gestión económica ordenada que permitió la subsistencia de un respaldo popular considerable luego de su retirada. Quienes estaban dispuestos a excusar el uso sistemático de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, anulación de la libertad de expresión, censura y persecución de todo tipo de disidencia, frente a la necesidad de “combatir al comunismo” o cosas semejantes, encontraban mucho más difícil asumir la evidencia de que su admirado líder era también un ladrón.
El caso invita a efectuar una comparación con lo ocurrido del otro lado de la cordillera, donde los atroces crímenes de lesa humanidad de la dictadura también contribuyeron, paradójicamente, a dejar sus latrocinios en un segundo plano. Aunque los actos de corrupción no fueron pocos ni menores en esa época –acaso baste mencionar el escándalo, que ni siquiera la censura alcanzó a tapar, de los millonarios fondos destinados a la organización del campeonato Mundial de fútbol de 1978 que se esfumaron sin dejar rastro–, fueron muy pocos los militares o colaboradores civiles que debieron rendir cuentas ante la Justicia por este motivo.
Igualmente, el caso de la fortuna de Pinochet sirve para rebatir a quienes ven en la generalizada corrupción observada en numerosos gobiernos posdictatoriales, en la Argentina y en otros países de la región, una excusa para encontrarles a las dictaduras militares algún tipo de mérito o a veces hasta para reivindicarlas. Y es que la corrupción no es una lacra inherente a la democracia, sino a las sociedades de las que emergen los corruptos, que en todo caso deberían hallar en el sistema republicano, con sus reaseguros y controles cruzados, más obstáculos que en otro en el que imperan la arbitrariedad, la concentración de poder y la ley del más fuerte.