Aun cuando en el desarrollo de la causa conocida como “cuadernos de las coimas” se han verificado algunos cortocircuitos entre el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, acompañado por su colega Carlos Rivolo desde que la dimensión del proceso justificó la incorporación de más fuerza de trabajo, el pedido de detención del titular de Techint, Paolo Rocca, formulado por los dos últimos, aparece como especialmente relevante por su trasfondo político y económico. La forma en que evolucione la situación del empresario más rico y poderoso de la Argentina pone a prueba no sólo el futuro de este expediente en particular, sino también la credibilidad de la Justicia en cuanto a sus posibilidades de medir con la misma vara las conductas delictivas independientemente del poder ostentado por quien incurre en ellas.
Para muchos, la implicancia de Techint constituye el aspecto más “pesado” de la causa, por encima incluso de la responsabilidad como jefa de la asociación ilícita investigada de una expresidenta de la Nación. Quienes lamentan el impacto económico del escándalo y de las medidas adoptadas contra la “pata empresarial” de la maniobra miran con especial preocupación lo que puede ocurrir con el holding que tiene 20 mil empleados en la Argentina y otros 35 mil en el resto del mundo, cuyo funcionamiento no puede no verse seriamente afectado.
Y aunque existen versiones encontradas sobre el alcance de su participación, puede darse por probado sin margen para la duda que la empresa, como mínimo, le pagó al gobierno kirchnerista una suma millonaria para que intercediera ante el gobierno chavista, que acababa de expropiarle una planta en Venezuela. Una operación “en negro” de la cual, sin embargo, Rocca ha afirmado no haber tenido conocimiento, pues los subordinados que la realizaron, sobre todo su número dos, Luis Betnaza, tenían suficiente autonomía como para tomar ese tipo de decisiones.
Si bien Betnaza avala esa versión, está claro que es muy difícil de creer que haya pagado una coima con dinero de su jefe, en beneficio de su jefe, sin que su jefe estuviera al tanto. Por eso, de hecho, Bonadio dispuso el procesamiento de Rocca. Pero lo hizo sin dictarle la prisión preventiva, razón por la cual los fiscales la han reclamado ante la Cámara Federal, junto a la del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y otros acusados. Y en principio, no llega a entenderse cómo podría negarse la solicitud, en vista de lo ocurrido con todos los demás imputados en la causa, exfuncionarios o empresarios, que forman dos grandes grupos: de un lado, los “arrepentidos” que aceptaron colaborar con la Justicia y por lo tanto fueron beneficiados con la excarcelación; del otro, aquellos que por no hacerlo se encuentran detenidos. Y es obvio que Rocca, de cuyo testimonio descreen tanto el juez como los fiscales, no está precisamente colaborando.
El derrumbe de las acciones de Techint que siguió a la difusión de la noticia del pedido de Stornelli y Rivolo da una señal de lo que podría ocurrir si la Cámara hace lugar, si bien en el mundo existen ejemplos de empresas tanto o más poderosas -desde Odebrecht hasta Siemens- que sobrevivieron a los actos de corrupción de sus directivos. En cualquier caso, el principio de igualdad ante la ley debe reafirmarse precisamente en estos casos más que en ningún otro, cuando son poderosos los intereses afectados y delicadas las consecuencias esperables.
Y aunque existen versiones encontradas sobre el alcance de su participación, puede darse por probado sin margen para la duda que la empresa, como mínimo, le pagó al gobierno kirchnerista una suma millonaria para que intercediera ante el gobierno chavista, que acababa de expropiarle una planta en Venezuela. Una operación “en negro” de la cual, sin embargo, Rocca ha afirmado no haber tenido conocimiento, pues los subordinados que la realizaron, sobre todo su número dos, Luis Betnaza, tenían suficiente autonomía como para tomar ese tipo de decisiones.
Si bien Betnaza avala esa versión, está claro que es muy difícil de creer que haya pagado una coima con dinero de su jefe, en beneficio de su jefe, sin que su jefe estuviera al tanto. Por eso, de hecho, Bonadio dispuso el procesamiento de Rocca. Pero lo hizo sin dictarle la prisión preventiva, razón por la cual los fiscales la han reclamado ante la Cámara Federal, junto a la del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y otros acusados. Y en principio, no llega a entenderse cómo podría negarse la solicitud, en vista de lo ocurrido con todos los demás imputados en la causa, exfuncionarios o empresarios, que forman dos grandes grupos: de un lado, los “arrepentidos” que aceptaron colaborar con la Justicia y por lo tanto fueron beneficiados con la excarcelación; del otro, aquellos que por no hacerlo se encuentran detenidos. Y es obvio que Rocca, de cuyo testimonio descreen tanto el juez como los fiscales, no está precisamente colaborando.
El derrumbe de las acciones de Techint que siguió a la difusión de la noticia del pedido de Stornelli y Rivolo da una señal de lo que podría ocurrir si la Cámara hace lugar, si bien en el mundo existen ejemplos de empresas tanto o más poderosas -desde Odebrecht hasta Siemens- que sobrevivieron a los actos de corrupción de sus directivos. En cualquier caso, el principio de igualdad ante la ley debe reafirmarse precisamente en estos casos más que en ningún otro, cuando son poderosos los intereses afectados y delicadas las consecuencias esperables.