Luego de que el anuncio de un principio de acuerdo entre los principales bloques del Senado pareciera dejar el camino expedito para la aprobación de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, la sesión del miércoles pasado en la que iba a tratarse el proyecto finalizó con un pase a cuarto intermedio que dejó el tema en suspenso. Más allá de cualquier consideración sobre los méritos reales o supuestos de la reforma propuesta y los entendibles reparos que suscita, el desenlace por ahora provisorio exhibe las dificultades para avanzar en la agenda legislativa en un momento en que las especulaciones sobre las ventajas y desventajas de cada movimiento están a flor de piel.
Como se sabe, el Gobierno viene impulsando desde hace años, entre otras cosas, la restitución de la posibilidad de recibir aportes de las empresas para las campañas electorales, prohibida por una norma sancionada durante la administración de Cristina Kirchner. La evidencia de que en realidad mecanismos de financiación semejantes nunca dejaron de funcionar, sólo que lo hicieron clandestinamente y fraguando la identidad de los aportantes, ha motivado la apertura de varias causas judiciales, aun cuando la levedad de las condenas a los infractores hace que combatir esta práctica aparezca como un esfuerzo inútil.
En cualquier caso, independientemente del juicio que merezca la pretensión de blanquear esta situación, lo cierto es que en el Senado obtuvo un consenso suficiente como para garantizar la mayoría especial que requieren las leyes electorales. Sin embargo, a último momento varios exponentes del bloque del peronismo federal pusieron obstáculos -aun cuando algunos, incluido su jefe, habían participado de las negociaciones- y forzaron el cuarto intermedio al cabo del cual no existe certeza acerca de lo que puede ocurrir.
El problema es que la demora no tiene que ver con el fondo de la cuestión: es decir, la mayoría de los senadores desea efectivamente el regreso de los aportes “en blanco” de las empresas. Pero muchos de ellos se resisten por entender que le estarían regalando un triunfo político al oficialismo nacional en pleno año electoral, en el cual por su naturaleza lo esperable no son los consensos sino la confrontación.
Existen diferentes circunstancias -desde la crisis económica a las revelaciones de la causa de los “cuadernos de las coimas”- por las cuales probablemente las empresas serían especialmente renuentes a realizar aportes de campaña, de manera que el impacto inmediato de una ley como ésta quedaría bastante acotado. Pero más allá de la cuestión específica, se observa cómo se posterga la aprobación de una norma que se entiende como positiva porque en el toma y daca de las negociaciones algunos creen que el balance entre ganancias y pérdidas les da negativo. Un rasgo de mezquindad que explica por qué en los años impares la actividad del Congreso se reduce drásticamente, y el interés común queda tan relegado dentro del debate legislativo.
En cualquier caso, independientemente del juicio que merezca la pretensión de blanquear esta situación, lo cierto es que en el Senado obtuvo un consenso suficiente como para garantizar la mayoría especial que requieren las leyes electorales. Sin embargo, a último momento varios exponentes del bloque del peronismo federal pusieron obstáculos -aun cuando algunos, incluido su jefe, habían participado de las negociaciones- y forzaron el cuarto intermedio al cabo del cual no existe certeza acerca de lo que puede ocurrir.
El problema es que la demora no tiene que ver con el fondo de la cuestión: es decir, la mayoría de los senadores desea efectivamente el regreso de los aportes “en blanco” de las empresas. Pero muchos de ellos se resisten por entender que le estarían regalando un triunfo político al oficialismo nacional en pleno año electoral, en el cual por su naturaleza lo esperable no son los consensos sino la confrontación.
Existen diferentes circunstancias -desde la crisis económica a las revelaciones de la causa de los “cuadernos de las coimas”- por las cuales probablemente las empresas serían especialmente renuentes a realizar aportes de campaña, de manera que el impacto inmediato de una ley como ésta quedaría bastante acotado. Pero más allá de la cuestión específica, se observa cómo se posterga la aprobación de una norma que se entiende como positiva porque en el toma y daca de las negociaciones algunos creen que el balance entre ganancias y pérdidas les da negativo. Un rasgo de mezquindad que explica por qué en los años impares la actividad del Congreso se reduce drásticamente, y el interés común queda tan relegado dentro del debate legislativo.