Aun cuando su impacto resultó atenuado significativamente por haber coincidido con las elecciones primarias, cuyos resultados y consecuencias han absorbido casi todo el interés público a lo largo de la semana, el robo de un enorme volumen de información de la Policía Federal Argentina conocido el último lunes constituye un episodio al que debe prestarse atención tanto por sus consecuencias inmediatas como por sus potenciales derivaciones. En un país donde la inseguridad se ha instalado como un factor de preocupación crónico –más allá de que en coyunturas como la actual se vea desplazada de los primeros lugares por las cuestiones vinculadas con la afligente situación económica–, da la impresión de que una modalidad delictiva poco tenida en cuenta hasta el momento ha venido a sumarse a las amenazas propias de estos tiempos.
El robo abarcó 700 gigabytes de información reservada y en algunos casos muy sensible, que incluye desde las asignaciones de agentes encubiertos en investigaciones de narcotráfico hasta la ubicación de retenes y puestos de control móviles, además de los legajos de cientos de miles de oficiales, sin exceptuar el mismo jefe de la fuerza, comisario general Néstor Roncaglia. Todo ello fue puesto por el o los autores de la intrusión a disposición de quien quisiera verlo en la llamada “internet profunda” (deep web), donde más difícil es hacerla desaparecer.
Allí hay datos que podrían considerarse de interés público, y por los cuales hasta podría verse la fuerza en la obligación de brindar explicaciones, como los concernientes a oficiales en jefe denunciados por violencia de género y por acosar sexualmente a personal subalterno, quienes pese a eso fueron postulados para un ascenso. Pero también otros en los cuales mantener el secreto era vital, porque su difusión pone en peligro no solamente complejas causas judiciales contra peligrosas organizaciones criminales, sino a los efectivos que participan de las investigaciones, y provee a los delincuentes de un arma invalorable para escapar de la Justicia.
Según la palabra oficial, se trató de un “robo hormiga" materializado mediante el hackeo de distintas computadoras de personal policial con la modalidad conocida como phishing, que posibilita la obtención de nombres de usuario y contraseñas por medio de un correo electrónico que simula ser un mensaje de seguridad informática. Y se asegura que “no entraron en el sistema informático de la Policía Federal”, lo que sin duda habría sido más grave, aunque la idea de que la intrusión haya durado cierto tiempo sin ser detectada, hasta que los propios intrusos la anunciaron como broche de oro de lo que aparentemente tenían planificado, tampoco es precisamente tranquilizadora.
Independientemente de las motivaciones de la vasta operación y de la identidad de su autor o autores –hackers inspirados por una vaga inclinación anarquista deseosos de perjudicar a una institución a la que detestan, oficiales de la fuerza resentidos contra sus autoridades actuales, o cualquier otra hipótesis–, han demostrado una capacidad de daño que alarma tanto o más que el perjuicio concreto que puedan haber ocasionado. Es necesario esclarecer el hecho e identificar a sus responsables, pero sobre todo corregir los defectos de un sistema cuya vulnerabilidad constituye un peligro no sólo para el organismo afectado sino para la sociedad en su conjunto.
Allí hay datos que podrían considerarse de interés público, y por los cuales hasta podría verse la fuerza en la obligación de brindar explicaciones, como los concernientes a oficiales en jefe denunciados por violencia de género y por acosar sexualmente a personal subalterno, quienes pese a eso fueron postulados para un ascenso. Pero también otros en los cuales mantener el secreto era vital, porque su difusión pone en peligro no solamente complejas causas judiciales contra peligrosas organizaciones criminales, sino a los efectivos que participan de las investigaciones, y provee a los delincuentes de un arma invalorable para escapar de la Justicia.
Según la palabra oficial, se trató de un “robo hormiga" materializado mediante el hackeo de distintas computadoras de personal policial con la modalidad conocida como phishing, que posibilita la obtención de nombres de usuario y contraseñas por medio de un correo electrónico que simula ser un mensaje de seguridad informática. Y se asegura que “no entraron en el sistema informático de la Policía Federal”, lo que sin duda habría sido más grave, aunque la idea de que la intrusión haya durado cierto tiempo sin ser detectada, hasta que los propios intrusos la anunciaron como broche de oro de lo que aparentemente tenían planificado, tampoco es precisamente tranquilizadora.
Independientemente de las motivaciones de la vasta operación y de la identidad de su autor o autores –hackers inspirados por una vaga inclinación anarquista deseosos de perjudicar a una institución a la que detestan, oficiales de la fuerza resentidos contra sus autoridades actuales, o cualquier otra hipótesis–, han demostrado una capacidad de daño que alarma tanto o más que el perjuicio concreto que puedan haber ocasionado. Es necesario esclarecer el hecho e identificar a sus responsables, pero sobre todo corregir los defectos de un sistema cuya vulnerabilidad constituye un peligro no sólo para el organismo afectado sino para la sociedad en su conjunto.