Con un protagonismo significativo a pesar de que el duro momento que transita la economía absorbe gran parte de las preocupaciones del público, la polémica surgida en torno de la llamada “ideología de género” ha crecido en intensidad a partir de la movilización de organizaciones no gubernamentales de todo el país y pronunciamientos de la Iglesia Católica y de grupos evangélicos que manifiestan su alarma por la eventual inclusión en los programas de enseñanza en las escuelas de contenidos que consideran contrarios a su idea de cómo deben educarse los niños. En plena efervescencia, la noticia de que siete nenas menores de quince años se convierten en madres cada día en la Argentina parece indicar que el debate se encuentra fuera de eje, en tanto el tiempo y el esfuerzo que se le dedican son muestra de una asignación de prioridades por lo menos cuestionable.
Curiosamente, el impulso a la instalación del tema de la ideología de género como una cuestión central tomó vuelo a partir del debate legislativo, del que toda la sociedad participó activamente, sobre el aborto. Aunque desde luego existe un vínculo entre ambos temas, no parece claro que las deficiencias en la educación sexual tal como se dicta en el país, un problema reconocido por todos quienes respaldan la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la gran mayoría de quienes no lo hacen, necesiten para ser corregidas de la introducción de un tema muchísimo más controversial y divisivo.
Sin embargo, eso es lo que ha hecho el grupo de diputados que presentó un proyecto para reformar la Ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006. Si bien el ministro de Educación, Andrés Finocchiaro, indicó que la idea del Ejecutivo no es modificar la norma sino promover su correcta aplicación, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, la iniciativa ha sido tomada, acaso con una fuerte dosis de oportunismo, para intentar despertar en la población un rechazo mayor a la introducción en las escuelas de una temática que lleva décadas tratando de abrirse camino entre los tabúes que la rodean desde tiempos milenarios.
Está claro que si se trata de enseñarles a los alumnos a conocer sus cuerpos, a entender de qué se tratan los cambios asociados al crecimiento, y llegado el momento a familiarizarse con los métodos para evitar embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, es probable que una porción mayoritaria de la ciudadanía estaría de acuerdo, mientras incluso quienes no lo estuvieran podrían llegar a convencerse de los beneficios de tales políticas para sus hijos. Pero la reacción sería muy diferente si se tratara, como denuncian quienes se han alzado en contra de la ley, de enseñarles que la condición masculina o femenina depende de decisiones independientes de la realidad biológica. Una idea que Finocchiaro ha descartado, y que difícilmente figure en el ideario del partido al que pertenece y de la alianza de gobierno que integra.
Mientras tanto, el rechazo a la educación sexual lleva a que los adolescentes, en particular las adolescentes, se vean expuestos a vicisitudes evitables que perturban severamente sus vidas y condicionan su desarrollo futuro, desde el sida a la maternidad temprana y no deseada. Y desde luego, al aborto clandestino, que supuestamente todos, los promotores y los objetores de la legalización, reconocen como un mal que hay que combatir, pero que en la práctica algunos estimulan mediante la distorsión, inadvertida o deliberada, de los argumentos y de los objetivos.
Sin embargo, eso es lo que ha hecho el grupo de diputados que presentó un proyecto para reformar la Ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006. Si bien el ministro de Educación, Andrés Finocchiaro, indicó que la idea del Ejecutivo no es modificar la norma sino promover su correcta aplicación, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, la iniciativa ha sido tomada, acaso con una fuerte dosis de oportunismo, para intentar despertar en la población un rechazo mayor a la introducción en las escuelas de una temática que lleva décadas tratando de abrirse camino entre los tabúes que la rodean desde tiempos milenarios.
Está claro que si se trata de enseñarles a los alumnos a conocer sus cuerpos, a entender de qué se tratan los cambios asociados al crecimiento, y llegado el momento a familiarizarse con los métodos para evitar embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, es probable que una porción mayoritaria de la ciudadanía estaría de acuerdo, mientras incluso quienes no lo estuvieran podrían llegar a convencerse de los beneficios de tales políticas para sus hijos. Pero la reacción sería muy diferente si se tratara, como denuncian quienes se han alzado en contra de la ley, de enseñarles que la condición masculina o femenina depende de decisiones independientes de la realidad biológica. Una idea que Finocchiaro ha descartado, y que difícilmente figure en el ideario del partido al que pertenece y de la alianza de gobierno que integra.
Mientras tanto, el rechazo a la educación sexual lleva a que los adolescentes, en particular las adolescentes, se vean expuestos a vicisitudes evitables que perturban severamente sus vidas y condicionan su desarrollo futuro, desde el sida a la maternidad temprana y no deseada. Y desde luego, al aborto clandestino, que supuestamente todos, los promotores y los objetores de la legalización, reconocen como un mal que hay que combatir, pero que en la práctica algunos estimulan mediante la distorsión, inadvertida o deliberada, de los argumentos y de los objetivos.