Tal como se venía anticipando luego de una semana durante la cual la crisis cambiaria que ha venido golpeando a la Argentina alcanzó su pico máximo, el Gobierno intentó calmar las aguas con una nueva vuelta de torniquete para ajustar la economía, en esta ocasión con el objetivo de terminar con el déficit primario de las cuentas fiscales durante su último año de gestión. La imposición de retenciones que no sólo recaen sobre los productos tradicionalmente gravados con ese tipo de mecanismo, sino sobre todas las exportaciones, grafica el grado de urgencia al que se ha llegado, en tanto implica la incorporación de una medida que el propio presidente Mauricio Macri no sólo ha rechazado históricamente sino que ha vuelto a repudiar durante el mismo discurso en el que la estaba anunciando.
Más allá de esa paradoja, es preciso insistir en que -como se ha señalado en este espacio- una vez resuelto que el ajuste es la primera prioridad para evitar el colapso, es lógico que asuma una parte más sustancial del costo el sector que se ha favorecido por la devaluación mientras casi todos los argentinos salían perdiendo. De todas formas, se abren dudas sobre los detalles conocidos de la medida, en particular la aplicación de una suma fija que se licuaría si el dólar aumenta y si se demora la liquidación, con la consiguiente pérdida de eficacia.
Sin embargo, la principal duda sigue siendo la que gira en torno de la necesaria recuperación de la confianza perdida. Y no se trata solamente de la que existe entre las abstracciones a las que se intenta convencer de que la Argentina se merece una oportunidad (“el mundo”, “los mercados”, etc.), sino de la de los ciudadanos de carne y hueso que se han visto defraudados no solamente por las penurias económicas en sí mismas sino por la creciente incapacidad del Gobierno de suministrar razones sólidas para creer que las cosas pueden mejorar.
Ayer Macri volvió a culpar de la actual situación a la herencia recibida en diciembre de 2015, y por lo tanto volvió a invitar a recordarle que ese es un argumento que debió haber utilizado en ese momento: no haberlo hecho con la contundencia necesaria es un motivo más de su pérdida de credibilidad. Y también aludió una vez más a circunstancias externas “imposibles de anticipar”, como “la peor sequía en 60 años” o “la guerra comercial entre los Estados Unidos y China”.
Desde luego, la guerra comercial mencionada no sólo era una posibilidad sino casi una certeza, desde la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2016. Pero sin entrar en consideraciones puntuales, la ocurrencia de crisis externas con potencial impacto sobre economías débiles es siempre una contingencia tan previsible como la implacable realidad de que algunos años llueve menos que lo que sería deseable.
Por encima de cualquier fenómeno circunstancial que puede haber sido, en efecto, inmanejable, está claro que las condiciones que vuelven a la Argentina especialmente vulnerable a esos “infortunios” sí son responsabilidad del Gobierno actual, al menos en una proporción sustancial, mucho mayor de la que se alcanza tímidamente a admitir. Uno de los motivos de las limitaciones en la capacidad del discurso presidencial de restaurar la confianza pública, aun cuando al menos ahora hable con más sinceridad de la magnitud de la crisis.
Sin embargo, la principal duda sigue siendo la que gira en torno de la necesaria recuperación de la confianza perdida. Y no se trata solamente de la que existe entre las abstracciones a las que se intenta convencer de que la Argentina se merece una oportunidad (“el mundo”, “los mercados”, etc.), sino de la de los ciudadanos de carne y hueso que se han visto defraudados no solamente por las penurias económicas en sí mismas sino por la creciente incapacidad del Gobierno de suministrar razones sólidas para creer que las cosas pueden mejorar.
Ayer Macri volvió a culpar de la actual situación a la herencia recibida en diciembre de 2015, y por lo tanto volvió a invitar a recordarle que ese es un argumento que debió haber utilizado en ese momento: no haberlo hecho con la contundencia necesaria es un motivo más de su pérdida de credibilidad. Y también aludió una vez más a circunstancias externas “imposibles de anticipar”, como “la peor sequía en 60 años” o “la guerra comercial entre los Estados Unidos y China”.
Desde luego, la guerra comercial mencionada no sólo era una posibilidad sino casi una certeza, desde la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2016. Pero sin entrar en consideraciones puntuales, la ocurrencia de crisis externas con potencial impacto sobre economías débiles es siempre una contingencia tan previsible como la implacable realidad de que algunos años llueve menos que lo que sería deseable.
Por encima de cualquier fenómeno circunstancial que puede haber sido, en efecto, inmanejable, está claro que las condiciones que vuelven a la Argentina especialmente vulnerable a esos “infortunios” sí son responsabilidad del Gobierno actual, al menos en una proporción sustancial, mucho mayor de la que se alcanza tímidamente a admitir. Uno de los motivos de las limitaciones en la capacidad del discurso presidencial de restaurar la confianza pública, aun cuando al menos ahora hable con más sinceridad de la magnitud de la crisis.