Luego de un período de conjeturas iniciado prácticamente desde la oficialización del calendario electoral del año que viene a nivel nacional, el gobierno de Córdoba anunció su decisión de convocar a los comicios provinciales para el 12 de mayo, una fecha que está fuera del período contemplado por la norma actualmente vigente. De este modo, se renueva la polémica sobre el uso discrecional de una facultad de la que gozan quienes ocupan el poder en todas las jurisdicciones, y es casi invariablemente manipulada con vistas a la obtención de ventajas mezquinas con excusas a las que se les distingue con facilidad el sesgo oportunista e hipócrita.
En rigor, la ley faculta al gobernador a llamar a la ciudadanía a las urnas entre 60 y 180 días antes del cambio de mando, el 10 de diciembre, lo que implica un margen de discrecionalidad de nada menos que cuatro meses. Sin embargo, no ha sido suficiente, y se ha establecido una fecha que precede en más de un mes a la más cercana que sería posible de no disponerse la modificación “por única vez” que el oficialismo podrá forzar sin problemas porque dispone de una cómoda mayoría en la Legislatura Unicameral.
El argumento con el que se pretende justificar la nueva modificación de una normativa que ya había sufrido cambios este mismo año -y antes en 2016- es la necesidad de darle a la ciudadanía la posibilidad de ejercitar su opción a nivel provincial separada de las “turbulencias” del proceso nacional, lo que en rigor es imposible si se toma en cuenta que los mandatos en las dos jurisdicciones se renuevan el mismo día. Desde luego, resulta inocultable que la verdadera razón es otra: mientras el oficialismo ya tiene en la práctica definido su candidato, el actual gobernador que irá por la reelección, la oposición tiene ante sí una interna potencialmente compleja y conflictiva, que con toda certeza se volverá mucho más difícil de resolver frente a la aceleración de los plazos.
Desde luego, este tipo de especulación no es propio de nuestra provincia, ni de una fuerza política en particular. Desde hace varias semanas, por ejemplo, se habla de la posibilidad de que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires desdoble la elección de su distrito de la nacional, porque mejoraría sus chances de ser reelecta y rompería la simbiosis entre algunos intendentes del conurbano que aspiran a mantener sus cargos y la probable candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Pero en varias provincias más se barajan opciones de ese tipo.
Además, la movida de Unión por Córdoba trajo a la memoria lo ocurrido en 1998, cuando el entonces gobernador Ramón Bautista Mestre adelantó la convocatoria y dejó establecido un período de transición entre la elección y el cambio de mando apenas más corto que el que se acaba de fijar, porque según su visión le hacía las cosas más difíciles a la oposición y mejoraba sus posibilidades de ser reelecto. Desde luego, el hecho de que la maniobra no haya funcionado no la vuelve menos reprobable.
Como se ha señalado aquí en circunstancias similares, el acto más trascendente de la vida en democracia no merece estos manoseos. Entre tantas reformas de las leyes electorales, debería haber una que fije las fechas de los comicios con independencia del arbitrio del Ejecutivo, para quitarle la potestad de orientar el calendario electoral en su propio beneficio aun cuando para ello deba cambiar sobre la marcha reglas del juego que él mismo había promovido hace apenas meses.
El argumento con el que se pretende justificar la nueva modificación de una normativa que ya había sufrido cambios este mismo año -y antes en 2016- es la necesidad de darle a la ciudadanía la posibilidad de ejercitar su opción a nivel provincial separada de las “turbulencias” del proceso nacional, lo que en rigor es imposible si se toma en cuenta que los mandatos en las dos jurisdicciones se renuevan el mismo día. Desde luego, resulta inocultable que la verdadera razón es otra: mientras el oficialismo ya tiene en la práctica definido su candidato, el actual gobernador que irá por la reelección, la oposición tiene ante sí una interna potencialmente compleja y conflictiva, que con toda certeza se volverá mucho más difícil de resolver frente a la aceleración de los plazos.
Desde luego, este tipo de especulación no es propio de nuestra provincia, ni de una fuerza política en particular. Desde hace varias semanas, por ejemplo, se habla de la posibilidad de que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires desdoble la elección de su distrito de la nacional, porque mejoraría sus chances de ser reelecta y rompería la simbiosis entre algunos intendentes del conurbano que aspiran a mantener sus cargos y la probable candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Pero en varias provincias más se barajan opciones de ese tipo.
Además, la movida de Unión por Córdoba trajo a la memoria lo ocurrido en 1998, cuando el entonces gobernador Ramón Bautista Mestre adelantó la convocatoria y dejó establecido un período de transición entre la elección y el cambio de mando apenas más corto que el que se acaba de fijar, porque según su visión le hacía las cosas más difíciles a la oposición y mejoraba sus posibilidades de ser reelecto. Desde luego, el hecho de que la maniobra no haya funcionado no la vuelve menos reprobable.
Como se ha señalado aquí en circunstancias similares, el acto más trascendente de la vida en democracia no merece estos manoseos. Entre tantas reformas de las leyes electorales, debería haber una que fije las fechas de los comicios con independencia del arbitrio del Ejecutivo, para quitarle la potestad de orientar el calendario electoral en su propio beneficio aun cuando para ello deba cambiar sobre la marcha reglas del juego que él mismo había promovido hace apenas meses.