En la última audiencia antes de la feria judicial, luego de la cual se pronunciarán los alegatos previos a la sentencia, el segundo juicio oral y público en curso por la tragedia de Once incorporó la declaración del imputado Julio De Vido, realizada por videoconferencia desde la cárcel donde se encuentra alojado por otra causa. Aun cuando el aporte al esclarecimiento de lo ocurrido fue, tal como permitían anticiparlo los antecedentes, prácticamente nulo, la exposición de quien se desempeñaba como ministro a cargo del área en el momento del siniestro ratificó una estrategia defensiva cuya eficacia para eludir la responsabilidad penal está por verse, pero que no hace más que confirmar su responsabilidad política.
En su parte central, la defensa de De Vido se basa en descargar todas las culpas sobre el conductor de la formación que “provocó el choque fatal” porque “omitió aplicar los frenos”. El maquinista ha sido, en efecto, condenado en el primer juicio por el accidente, pero las conclusiones del tribunal dejaron en claro que sin el esquema corrupto que involucraba a funcionarios públicos y concesionarios del servicio no se habría perdido el medio centenar de vidas en aquella oportunidad.
Con la mira en ese fallo, que incluso cuestionó el hecho de que él no hubiera estado en el banquillo y ordenó investigarlo, De Vido empleó otra línea de defensa que él mismo transformó en un clásico: despegarse de los actos de sus colaboradores. Así como pretende no haber sabido nada de los manejos de su subordinado José López, el de los bolsos cargados de dólares en las puertas del convento, también se declara ignorante de lo que hacían Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sus secretarios de Transporte condenados por Once.
Es en este punto donde la defensa penal de De Vido entra en colisión con la defensa política que alguien con ambiciones de continuar teniendo una actuación pública -cabe recordar que en 2015 fue electo diputado nacional, aunque hoy esté separado del cargo- no debería esquivar. ¿Es posible creer que un funcionario de su rango no sospechaba nada acerca de los delitos que cometían aquellos que supuestamente conducía, cuando incluso muchos de ellos habían sido denunciados periodística y penalmente?
La misma conclusión se desprende de la decisión de declarar sin aceptar contestar preguntas: como acusado de un grave delito por el cual podría recibir varios años de prisión, De Vido tiene derecho a negarse a colaborar con quienes buscan su condena. Como político que ha estado a cargo de un área de altísima responsabilidad, un comportamiento que lo hermana con cualquier criminal común lo deja más expuesto a otra condena, que no es mediática como la que dice estar sufriendo sino de una sociedad que mayoritariamente decidió hace ya mucho tiempo no creerle ni una palabra.
Con la mira en ese fallo, que incluso cuestionó el hecho de que él no hubiera estado en el banquillo y ordenó investigarlo, De Vido empleó otra línea de defensa que él mismo transformó en un clásico: despegarse de los actos de sus colaboradores. Así como pretende no haber sabido nada de los manejos de su subordinado José López, el de los bolsos cargados de dólares en las puertas del convento, también se declara ignorante de lo que hacían Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sus secretarios de Transporte condenados por Once.
Es en este punto donde la defensa penal de De Vido entra en colisión con la defensa política que alguien con ambiciones de continuar teniendo una actuación pública -cabe recordar que en 2015 fue electo diputado nacional, aunque hoy esté separado del cargo- no debería esquivar. ¿Es posible creer que un funcionario de su rango no sospechaba nada acerca de los delitos que cometían aquellos que supuestamente conducía, cuando incluso muchos de ellos habían sido denunciados periodística y penalmente?
La misma conclusión se desprende de la decisión de declarar sin aceptar contestar preguntas: como acusado de un grave delito por el cual podría recibir varios años de prisión, De Vido tiene derecho a negarse a colaborar con quienes buscan su condena. Como político que ha estado a cargo de un área de altísima responsabilidad, un comportamiento que lo hermana con cualquier criminal común lo deja más expuesto a otra condena, que no es mediática como la que dice estar sufriendo sino de una sociedad que mayoritariamente decidió hace ya mucho tiempo no creerle ni una palabra.