Junto con la pobreza y la desocupación, uno de los flagelos sociales que persisten en Argentina, y que incluso se han intensificado en los últimos años, se encuentra la informalidad laboral. Según la última encuesta permanente del Indec, el empleo en negro ha crecido con mayor fuerza en el interior del país en medio de la crisis económica y cambiaria.
Río Cuarto ocupa un triste lugar en el podio de los conglomerados que padecen mayor índice de trabajo no registrado. Ocupa el tercer puesto, con el 43,6 por ciento de sus trabajadores en la informalidad, lo que implica una situación de precariedad no solamente en cuanto a la sustentabilidad del empleo sino también referida a la vulnerabilidad en otros indicadores, como por ejemplo la cobertura sanitaria o los aportes previsionales.
La persistencia de esa precariedad no solamente revela la situación crítica actual sino la continua desatención del Estado con respecto a la calidad del empleo.
Por ejemplo, en una zona agropecuaria y comercialmente rica como Río Cuarto ese fenómeno solamente puede permanecer a partir de que los estamentos encargados de los controles o no tienen la decisión política de hacer los relevamientos necesarios o no cuentan con los recursos económicos y humanos indispensables para realizarlos.
Pero, además, por supuesto, no puede soslayarse otro componente central que es la responsabilidad que debe asumir el sector privado a la hora de generar puestos de trabajo.
En el caso del empleo, la formalidad no debe considerarse únicamente como un factor de presión sobre los costos sino como una condición para garantizar derechos elementales.
La persistencia de esa precariedad no solamente revela la situación crítica actual sino la continua desatención del Estado con respecto a la calidad del empleo.
Por ejemplo, en una zona agropecuaria y comercialmente rica como Río Cuarto ese fenómeno solamente puede permanecer a partir de que los estamentos encargados de los controles o no tienen la decisión política de hacer los relevamientos necesarios o no cuentan con los recursos económicos y humanos indispensables para realizarlos.
Pero, además, por supuesto, no puede soslayarse otro componente central que es la responsabilidad que debe asumir el sector privado a la hora de generar puestos de trabajo.
En el caso del empleo, la formalidad no debe considerarse únicamente como un factor de presión sobre los costos sino como una condición para garantizar derechos elementales.