Una vez más, y en línea con lo que venían anticipando mediciones alternativas, la difusión del Índice de Precios al Consumidor le ha dado una mala noticia al gobierno nacional, al reflejar una suba del 2,3 por ciento en marzo. Si bien se trata de una cifra ligeramente inferior a la que anticipaban algunas consultoras privadas, la reafirmación de la tendencia iniciada a fines del año pasado vuelve a cuestionar las previsiones para el año en curso y, en términos generales, las políticas oficiales en un área en la cual los resultados están particularmente lejos de las promesas y de las expectativas.
Está claro, a esta altura, que buena parte del descenso de la inflación registrado a lo largo de 2017 respondió menos a la instauración de alguna estrategia virtuosa que a la postergación de ciertas medidas para que no perjudicaran las chances electorales del oficialismo. Una consideración que se aplica muy en especial, aunque no con exclusividad, a los aumentos de tarifas, que además de impactar directamente en los hogares repercuten sobre la mayor parte de los demás precios.
Siempre en línea con la idea de subordinar los tiempos de las medidas económicas a las necesidades electorales, se supone que una vez superada la etapa de ajustes, vendrá una mejora que tendrá entre sus aspectos una reducción de la inflación. Sin embargo, se ha advertido que el aumento de la incidencia de la llamada “inflación núcleo” (que no se relaciona con precios regulados como las tarifas) cuestiona este pronóstico.
Es más, en términos generales, la marcha que ha tenido la gestión hasta ahora no permite albergar ninguna certeza en cuanto al cumplimiento de todo lo que planifica, cuando lo hace. Lo que sí sugiere es una tendencia a improvisar que justamente tuvo una de sus manifestaciones en el sorpresivo cambio de la meta de inflación para 2018.
Finalmente, se trata de una meta que, a pesar de ser más laxa que la original, parece cada vez más lejana, luego de que el primer trimestre cerrara con un aumento del costo de vida que no está muy lejos de la mitad del previsto para todo el año. En cualquier caso, está claro que entre los desafíos heredados de la administración anterior, caracterizada por una economía ciertamente pródiga en inconsistencias y distorsiones, el que presenta la inflación es uno de los que tienen al Gobierno sumido, si no en la impotencia, al menos en el desconcierto, por mucho que quiera transmitir seguridad.
Siempre en línea con la idea de subordinar los tiempos de las medidas económicas a las necesidades electorales, se supone que una vez superada la etapa de ajustes, vendrá una mejora que tendrá entre sus aspectos una reducción de la inflación. Sin embargo, se ha advertido que el aumento de la incidencia de la llamada “inflación núcleo” (que no se relaciona con precios regulados como las tarifas) cuestiona este pronóstico.
Es más, en términos generales, la marcha que ha tenido la gestión hasta ahora no permite albergar ninguna certeza en cuanto al cumplimiento de todo lo que planifica, cuando lo hace. Lo que sí sugiere es una tendencia a improvisar que justamente tuvo una de sus manifestaciones en el sorpresivo cambio de la meta de inflación para 2018.
Finalmente, se trata de una meta que, a pesar de ser más laxa que la original, parece cada vez más lejana, luego de que el primer trimestre cerrara con un aumento del costo de vida que no está muy lejos de la mitad del previsto para todo el año. En cualquier caso, está claro que entre los desafíos heredados de la administración anterior, caracterizada por una economía ciertamente pródiga en inconsistencias y distorsiones, el que presenta la inflación es uno de los que tienen al Gobierno sumido, si no en la impotencia, al menos en el desconcierto, por mucho que quiera transmitir seguridad.