En lo que parece estar transformándose en una desafortunada rutina, en particular por su similitud con lo ocurrido hace menos de un año con el tratamiento legislativo de la reforma en el cálculo de los ajustes jubilatorios, las inmediaciones del Congreso volvieron a transformarse en una especie de campo de batalla durante el debate por el proyecto de Presupuesto para el año próximo. Aun cuando en definitiva no impidió la media sanción de la norma por parte de la Cámara de Diputados, el protagonismo de la violencia por encima del intercambio civilizado de argumentos constituye un signo de retraso institucional que debería importar más que cualquier balance sobre ganadores y perdedores entre los actores del conflicto.
Desde luego, no puede cuestionarse el derecho de los ciudadanos a manifestarse en defensa de una idea o en contra de una iniciativa que consideran lesiva para sus intereses o los del conjunto de la sociedad. Pero una convocatoria realizada con el propósito explícito de impedir la sanción de una ley, lo que sólo podía alcanzarse evitando la realización del debate en el Congreso, va más allá de la exposición pública de una determinada posición, para pasar a constituir una tentativa de interferir en el funcionamiento de los mecanismos institucionales que definen a una República.
Esto no se traduce necesariamente en la adopción automática y masiva de métodos como el bombardeo con adoquines, la destrucción de propiedad pública y privada y las bombas molotov por parte de todos los manifestantes: de hecho, la gran mayoría no incurrió en actos de violencia. Pero frente a los términos dramáticos que dan un tinte bélico a la disputa en torno de un Presupuesto, puede concebirse que algunos sectores interpreten que el objetivo de frenar la sanción justifica cualquier medio, aun cuando en la práctica termine siendo funcional a los objetivos del adversario.
En efecto, lo ocurrido el miércoles en las calles porteñas beneficia al Gobierno al menos por dos vías relacionadas mutuamente: por un lado, consigue sacar el foco del proyecto en sí, cuestionado por un sesgo restrictivo que compromete múltiples actividades y anticipa un año durísimo, para llevarlo a otro lugar donde tiene menos que perder que en el que habla del impacto en los bolsillos de la gente. Pero además, en un sentido más general, le permite presentarse co-mo la parte civilizada y racional de una dicotomía que tiene del otro lado a salvajes que apuestan al caos y la anarquía, frente a los cuales, para el grueso de la sociedad, cualquier cosa sería preferible.
Por eso, no es raro que muchos especulen con la posibilidad de que los incidentes hayan sido provocados por infiltrados que en realidad actúan por cuenta del Gobierno. Pero en tanto no existan pruebas concluyentes de ello, no pasan de ser acusaciones emanadas de voceros muy poco creíbles de una oposición enervada, cuya propia praxis política -por ejemplo, los intentos de aprovechar la violencia desatada fuera del recinto para forzar la suspensión del debate en el Congreso- tiende a desmentirlos.
Cabe preguntarse si hay alguna posibilidad de que quienes se empecinan en obtener en las calles lo que no les han dado las urnas -de donde proviene su menguada representación legislativa, insuficiente para ganar una votación o dejar a una cámara sin quórum- aprendan algo de sus fracasos. Por ahora, ni siquiera parecen haber tomado nota de que el ajuste que tanto rechazan sobrevendría igual, o incluso sería más duro, si no hubiera ley de Presupuesto porque los violentos les tuercen el brazo a las instituciones.
Esto no se traduce necesariamente en la adopción automática y masiva de métodos como el bombardeo con adoquines, la destrucción de propiedad pública y privada y las bombas molotov por parte de todos los manifestantes: de hecho, la gran mayoría no incurrió en actos de violencia. Pero frente a los términos dramáticos que dan un tinte bélico a la disputa en torno de un Presupuesto, puede concebirse que algunos sectores interpreten que el objetivo de frenar la sanción justifica cualquier medio, aun cuando en la práctica termine siendo funcional a los objetivos del adversario.
En efecto, lo ocurrido el miércoles en las calles porteñas beneficia al Gobierno al menos por dos vías relacionadas mutuamente: por un lado, consigue sacar el foco del proyecto en sí, cuestionado por un sesgo restrictivo que compromete múltiples actividades y anticipa un año durísimo, para llevarlo a otro lugar donde tiene menos que perder que en el que habla del impacto en los bolsillos de la gente. Pero además, en un sentido más general, le permite presentarse co-mo la parte civilizada y racional de una dicotomía que tiene del otro lado a salvajes que apuestan al caos y la anarquía, frente a los cuales, para el grueso de la sociedad, cualquier cosa sería preferible.
Por eso, no es raro que muchos especulen con la posibilidad de que los incidentes hayan sido provocados por infiltrados que en realidad actúan por cuenta del Gobierno. Pero en tanto no existan pruebas concluyentes de ello, no pasan de ser acusaciones emanadas de voceros muy poco creíbles de una oposición enervada, cuya propia praxis política -por ejemplo, los intentos de aprovechar la violencia desatada fuera del recinto para forzar la suspensión del debate en el Congreso- tiende a desmentirlos.
Cabe preguntarse si hay alguna posibilidad de que quienes se empecinan en obtener en las calles lo que no les han dado las urnas -de donde proviene su menguada representación legislativa, insuficiente para ganar una votación o dejar a una cámara sin quórum- aprendan algo de sus fracasos. Por ahora, ni siquiera parecen haber tomado nota de que el ajuste que tanto rechazan sobrevendría igual, o incluso sería más duro, si no hubiera ley de Presupuesto porque los violentos les tuercen el brazo a las instituciones.
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