A doce meses casi exactos del dictado de la sentencia de primera instancia, pero catorce años y medio después de cometido el delito respectivo, la confirmación de la condena contra Luis D'Elía por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca pone muy cerca de la cárcel a uno de los dirigentes más controvertidos del kirchnerismo, portador de una notoriedad mucho mayor que la que surgiría de su poder formal. De este modo, se vuelve a actualizar el debate recurrente sobre las motivaciones de los reveses judiciales de los personajes de la época, cuyas “víctimas” insisten en atribuir a venganzas políticas o maniobras de distracción, más allá de la sustancia por lo general sólida de las acusaciones en su contra.
Este caso, diluido por el paso del tiempo y la suma de escándalos progresivamente “dormidos” por la Justicia, fue sin duda reflotado porque el movimiento político al que D’Elía adhería de manera ferviente, y al que le prestaba servicios asimilables al de una “fuerza de choque”, había sido desplazado de la Casa Rosada. De no haberse producido el recambio de fines de 2015, todo habría terminado en la prescripción que, de hecho, operó en algunos de los delitos incluidos en la imputación, gracias a lo cual un episodio en realidad protagonizado por una horda terminó con su jefe como único condenado. Sin embargo, la connotación obviamente política del episodio, de la parálisis de la investigación que duró más de una década, y de la reactivación reciente, no puede ocultar, ni excusar, su naturaleza criminal.
D’Elía atacó y ocupó la comisaría en cuestión luego del asesinato de un dirigente social allegado, a manos de un narcotraficante que, según él, era protegido desde esa misma dependencia policial. Aun cuando el sujeto en cuestión fue detenido por ese crimen y terminaría condenado, no se puede descartar que la sospecha estuviera fundada. Sin embargo, ello no justifica una acción directa y por fuera de la ley como la llevada adelante, mucho menos cuando por el grado de organización desplegado tampoco estaría en condiciones de caracterizarse como una “pueblada” espontánea.
En cualquier caso, mientras duraron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, D’Elía nunca debió responder por este acto de violencia, e incluso en su desempeño como funcionario público, en el área de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social, utilizó estrategias análogas, rompiendo tranqueras e invadiendo propiedades privadas sin autorización judicial. También hubo altos niveles de agresividad en su participación en “contramanifestaciones” para enfrentar movilizaciones contrarias al oficialismo de entonces, en particular durante los reclamos por más leyes contra la inseguridad encabezados por Juan Carlos Blumberg en 2006 y en oportunidad de las protestas del campo contra las retenciones móviles a las exportaciones de soja de 2008.
Teniendo en cuenta toda esta trayectoria, al incomprobable argumento de que el presidente Mauricio Macri “necesita un dirigente social preso” -al que D’Elía apela no sólo en relación con este caso sino para explicar los algo más de cien días que permaneció en prisión luego de su procesamiento por el encubrimiento del atentado contra la Amia-, se puede oponer, con mayor legitimidad, el de que no había debido rendir cuentas hasta ahora porque los anteriores mandatarios lo querían libre. Si fuera viable esa utopía que en la Argentina sería desprender este tipo de causas de connotaciones políticas, no quedan dudas en cuanto a que tendría mucho más que perder que para ganar.
D’Elía atacó y ocupó la comisaría en cuestión luego del asesinato de un dirigente social allegado, a manos de un narcotraficante que, según él, era protegido desde esa misma dependencia policial. Aun cuando el sujeto en cuestión fue detenido por ese crimen y terminaría condenado, no se puede descartar que la sospecha estuviera fundada. Sin embargo, ello no justifica una acción directa y por fuera de la ley como la llevada adelante, mucho menos cuando por el grado de organización desplegado tampoco estaría en condiciones de caracterizarse como una “pueblada” espontánea.
En cualquier caso, mientras duraron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, D’Elía nunca debió responder por este acto de violencia, e incluso en su desempeño como funcionario público, en el área de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social, utilizó estrategias análogas, rompiendo tranqueras e invadiendo propiedades privadas sin autorización judicial. También hubo altos niveles de agresividad en su participación en “contramanifestaciones” para enfrentar movilizaciones contrarias al oficialismo de entonces, en particular durante los reclamos por más leyes contra la inseguridad encabezados por Juan Carlos Blumberg en 2006 y en oportunidad de las protestas del campo contra las retenciones móviles a las exportaciones de soja de 2008.
Teniendo en cuenta toda esta trayectoria, al incomprobable argumento de que el presidente Mauricio Macri “necesita un dirigente social preso” -al que D’Elía apela no sólo en relación con este caso sino para explicar los algo más de cien días que permaneció en prisión luego de su procesamiento por el encubrimiento del atentado contra la Amia-, se puede oponer, con mayor legitimidad, el de que no había debido rendir cuentas hasta ahora porque los anteriores mandatarios lo querían libre. Si fuera viable esa utopía que en la Argentina sería desprender este tipo de causas de connotaciones políticas, no quedan dudas en cuanto a que tendría mucho más que perder que para ganar.
las más leídas
Temas
Internacionales