A trece años del asesinato de la joven tucumana Paulina Lebbos, las condenas por encubrimiento dictadas contra un político que se desempeñó como secretario de Seguridad y cuatro policías de la provincia, incluido un exjefe y un ex subjefe, confirman el encuadramiento del caso en un tipo de crimen particularmente infame: aquel cometido bajo el paraguas del poder, con las garantías de impunidad que éste provee, sobre todo en contextos de degradación institucional demasiado habituales en ciertos paisajes de la geografía argentina.
Aun cuando nunca obtuvo la misma notoriedad, el caso de Paulina Lebbos guarda notables analogías con el de María Soledad Morales en Catamarca, y en alguna medida con el “doble crimen de La Dársena” en Santiago del Estero, entre otros: también aquí se apuntó a sospechosos bien conectados con el poder, directamente o por relaciones de parentesco, y al grosero encubrimiento policial y judicial desencadenado para su protección. Pero mientras la reacción frente a aquellos escándalos derivó en intervenciones federales y en las caídas de dinastías que parecían eternas como los Saadi y los Juárez, en Tucumán el gobierno de José Alperovich -mientras también superaba con solvencia las derivaciones por la desaparición de Marita Verón y su vínculo con la trata de personas- no corrió el mismo destino.
El padre de la víctima, de hecho, siempre apuntó a los “hijos del poder”, incluidos los del propio Alperovich, y aunque la evidencia siempre se basó en rumores e indicios vagos, nunca existió la menor duda en cuanto al direccionamiento de la investigación en un sentido que alejara toda posibilidad de que se descubriera la verdad. Las condenas dictadas esta semana -junto a otra de 2015, aunque en aquella oportunidad fue sobre dos policías de rango más bajo- confirman la existencia de un encubrimiento institucional, que no tendría sentido si aquellos a quienes hacía falta proteger fueran delincuentes comunes.
Es más, el hecho de que el tribunal haya ordenado investigar a varios testigos por falso testimonio indica que la voluntad de encubrir no ha desaparecido aunque el gobernador ya no sea Alperovich. Quien hoy, cuando está en campaña y con pretensiones de volver al sillón que ocupó hasta diciembre de 2015, debería responder si considera posible que su secretario de Seguridad y su jefe de policía estuvieran protegiendo a los autores de un crimen de alto impacto sin que él estuviera al tanto de nada.
Fuera de estos aspectos políticos, la absolución, en el mismo juicio, del único acusado como partícipe del homicidio de Paulina -a quien además ordenó investigar también como encubridor- parece indicar que las maniobras para proteger a los asesinos, aunque no hayan quedado impunes, han resultado hasta ahora exitosas. Habrá que ver si el veredicto le ha abierto la puerta a una investigación genuinamente orientada a la búsqueda de la verdad.
El padre de la víctima, de hecho, siempre apuntó a los “hijos del poder”, incluidos los del propio Alperovich, y aunque la evidencia siempre se basó en rumores e indicios vagos, nunca existió la menor duda en cuanto al direccionamiento de la investigación en un sentido que alejara toda posibilidad de que se descubriera la verdad. Las condenas dictadas esta semana -junto a otra de 2015, aunque en aquella oportunidad fue sobre dos policías de rango más bajo- confirman la existencia de un encubrimiento institucional, que no tendría sentido si aquellos a quienes hacía falta proteger fueran delincuentes comunes.
Es más, el hecho de que el tribunal haya ordenado investigar a varios testigos por falso testimonio indica que la voluntad de encubrir no ha desaparecido aunque el gobernador ya no sea Alperovich. Quien hoy, cuando está en campaña y con pretensiones de volver al sillón que ocupó hasta diciembre de 2015, debería responder si considera posible que su secretario de Seguridad y su jefe de policía estuvieran protegiendo a los autores de un crimen de alto impacto sin que él estuviera al tanto de nada.
Fuera de estos aspectos políticos, la absolución, en el mismo juicio, del único acusado como partícipe del homicidio de Paulina -a quien además ordenó investigar también como encubridor- parece indicar que las maniobras para proteger a los asesinos, aunque no hayan quedado impunes, han resultado hasta ahora exitosas. Habrá que ver si el veredicto le ha abierto la puerta a una investigación genuinamente orientada a la búsqueda de la verdad.