Mientras avanza el trámite parlamentario de una reforma del sistema de financiamiento de la polí- tica que, como uno de sus ítems más relevantes, admitiría los hoy prohibidos aportes de empresas, la Justicia acaba de incorporar una evidencia clave acerca del incumplimiento de la ley respectiva tal como existe en la actualidad. Las precisiones acerca de cómo recaudaba el entonces candidato presidencial Mauricio Macri durante la campaña de 2015, suministradas por un testimonio sumamente confiable en una causa abierta por irregularidades en la de 2017, exhiben de modo descarnado el grado de impunidad con que se maneja un área en la que la simulación es la norma.
Según declaró el periodista Hugo Alconada Mon ante el juez que investiga la causa por los aportantes “truchos” a la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, dos años antes Macri se presentaba ante los empresarios y les pedía “el uno por ciento” de sus patrimonios, con el argumento de que con su triunfo electoral se normalizaría el país y el 99 por ciento restante valdría mucho más. También les advertía, de modo nada sutil, que el costo sería mayor mientras más demoraran en sumarse a la lista de colaboradores “voluntarios”, y -siempre según este testimonio- especificaba que los aportes debían realizarse en negro.
Desde luego, el financiamiento de la campaña de Macri -como el de las de sus rivales Daniel Scioli, Sergio Massa y Rodríguez Saá- ya había sido cuestionado por la Justicia por la falta de justificación de sus gastos, y el hecho de que el dinero de origen incierto provenía probablemente de empresas se descontaba. Pero la existencia de una virtual “tarifa” y la imagen de “apriete” emanada de la descripción realizada por el declarante acercan peligrosamente la praxis macrista a la de sus predecesores de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, aun cuando en el caso del actual mandatario no se incluya por el momento la sospecha de un enriquecimiento personal.
Alconada Mon no reveló el origen de la información, al apelar al derecho reconocido legalmente de preservar sus fuentes que asiste a todo periodista. Pero la palabra de un profesional que acredita en su trayectoria haber revelado informaciones relevantes sobre actos de corrupción, que originaron causas judiciales de alto impacto (desde Hotesur a los Panamá Papers), y que además trabaja en un medio insospechado de albergar alguna hostilidad hacia Macri o el gobierno de Cambiemos como el diario La Nación, tiene un peso que va más allá del valor que pueda dársele en el marco de la investigación judicial.
En cualquier caso, se renueva la pregunta sobre si realmente un comportamiento como el atribuido a Macri puede caracterizarse como una mera violación a la ley electoral, que no merece más sanción que una multa. Y si la ley de financiamiento de las campañas políticas no necesitaría una reforma más contundente que la que se limita a blanquear una operatoria cuya prohibición en los hechos es letra muerta y signo de la hipocresía y la simulación que acompañaron en su momento su puesta en vigencia.
Desde luego, el financiamiento de la campaña de Macri -como el de las de sus rivales Daniel Scioli, Sergio Massa y Rodríguez Saá- ya había sido cuestionado por la Justicia por la falta de justificación de sus gastos, y el hecho de que el dinero de origen incierto provenía probablemente de empresas se descontaba. Pero la existencia de una virtual “tarifa” y la imagen de “apriete” emanada de la descripción realizada por el declarante acercan peligrosamente la praxis macrista a la de sus predecesores de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, aun cuando en el caso del actual mandatario no se incluya por el momento la sospecha de un enriquecimiento personal.
Alconada Mon no reveló el origen de la información, al apelar al derecho reconocido legalmente de preservar sus fuentes que asiste a todo periodista. Pero la palabra de un profesional que acredita en su trayectoria haber revelado informaciones relevantes sobre actos de corrupción, que originaron causas judiciales de alto impacto (desde Hotesur a los Panamá Papers), y que además trabaja en un medio insospechado de albergar alguna hostilidad hacia Macri o el gobierno de Cambiemos como el diario La Nación, tiene un peso que va más allá del valor que pueda dársele en el marco de la investigación judicial.
En cualquier caso, se renueva la pregunta sobre si realmente un comportamiento como el atribuido a Macri puede caracterizarse como una mera violación a la ley electoral, que no merece más sanción que una multa. Y si la ley de financiamiento de las campañas políticas no necesitaría una reforma más contundente que la que se limita a blanquear una operatoria cuya prohibición en los hechos es letra muerta y signo de la hipocresía y la simulación que acompañaron en su momento su puesta en vigencia.
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