El complejo escenario judicial en torno de los hechos de corrupción que caracterizaron los doce años y medio de kirchnerismo se ha visto sacudido en una de sus causas más emblemáticas, la referente a la gigantesca defraudación al Estado protagonizada por el grupo Indalo y su ilegal retención de los montos que cobraba en concepto de Impuesto a los Combustibles. Si bien el aspecto más notorio de la decisión tomada el viernes por la Cámara Federal es la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Souza, mucho más inquietante resulta la posibilidad de una modificación en la imputación que termine por confirmar las alarmistas advertencias sobre un “pacto de impunidad” que se apresuró en denunciar una aliada del Gobierno como Elisa Carrió.
En principio, la prisión preventiva dispuesta contra López y De Souza hace cerca de tres meses comparte argumentos a favor y en contra con la mayoría de las dictadas contra personajes prominentes de la etapa concluida en diciembre de 2015, ya sea exfuncionarios, gremialistas o, como en este caso, empresarios enriquecidos a fuerza de favores políticos. Todo depende de la percepción sobre sus posibilidades de entorpecer la investigación, que para el juez de primera instancia, y para el camarista que quedó en minoría, son claras, y para los que dispusieron la libertad no justifican detenciones consideradas “arbitrarias”.
En este sentido, es posible que para prevenir el intento de zafar de sus obligaciones mediante la venta de las empresas del grupo, que el juez Julián Ercolini atribuye a López y De Souza, haya otras medidas diferentes de la privación de la libertad, siguiendo el criterio que, por ejemplo, ya le permitió dejar la cárcel a Amado Boudou. El problema es la apertura de la posibilidad de transformar una defraudación en un delito impositivo, que en la práctica proporciona más elementos para escapar a la sanción con el pago de una fracción de la astronómica suma robada al Estado.
Es preciso insistir en que los flamantes excarcelados no son meros deudores del Estado o evasores tributarios, porque los miles de millones de pesos que deben no provienen de impuestos impagos: de hecho, son impuestos que los contribuyentes sí pagaron, cada vez que cargaron combustible en las estaciones de servicio del grupo, y que los acusados utilizaron para acumular nuevas empresas y propiedades en lugar de transferirlos de inmediato al fisco como era su obligación. Y el hecho de que además lo hicieran con la connivencia de la anterior conducción de la Afip los convierte en sospechosos de haber integrado una asociación ilícita.
Sin duda, la coincidencia entre este fallo judicial y el cambio en la conducción de la entidad recaudadora, donde justamente asumirá un funcionario que previamente estuvo vinculado con el aspirante a comprar el grupo Indalo, se presta a las teorías conspirativas de Carrió, por más que rocen al Gobierno del que ella forma parte. Sería escandaloso que por una cuestión de conveniencia política se permitiera salir bien librados, a un costo mucho menor que el que deberían pagar, a oportunistas que engrosaron sus patrimonios escandalosamente a expensas del pueblo, y hoy hasta tienen la desvergüenza de presentarse a sí mismos como víctimas de una persecución.
En este sentido, es posible que para prevenir el intento de zafar de sus obligaciones mediante la venta de las empresas del grupo, que el juez Julián Ercolini atribuye a López y De Souza, haya otras medidas diferentes de la privación de la libertad, siguiendo el criterio que, por ejemplo, ya le permitió dejar la cárcel a Amado Boudou. El problema es la apertura de la posibilidad de transformar una defraudación en un delito impositivo, que en la práctica proporciona más elementos para escapar a la sanción con el pago de una fracción de la astronómica suma robada al Estado.
Es preciso insistir en que los flamantes excarcelados no son meros deudores del Estado o evasores tributarios, porque los miles de millones de pesos que deben no provienen de impuestos impagos: de hecho, son impuestos que los contribuyentes sí pagaron, cada vez que cargaron combustible en las estaciones de servicio del grupo, y que los acusados utilizaron para acumular nuevas empresas y propiedades en lugar de transferirlos de inmediato al fisco como era su obligación. Y el hecho de que además lo hicieran con la connivencia de la anterior conducción de la Afip los convierte en sospechosos de haber integrado una asociación ilícita.
Sin duda, la coincidencia entre este fallo judicial y el cambio en la conducción de la entidad recaudadora, donde justamente asumirá un funcionario que previamente estuvo vinculado con el aspirante a comprar el grupo Indalo, se presta a las teorías conspirativas de Carrió, por más que rocen al Gobierno del que ella forma parte. Sería escandaloso que por una cuestión de conveniencia política se permitiera salir bien librados, a un costo mucho menor que el que deberían pagar, a oportunistas que engrosaron sus patrimonios escandalosamente a expensas del pueblo, y hoy hasta tienen la desvergüenza de presentarse a sí mismos como víctimas de una persecución.