Por si no hubiera quedado suficientemente claro que la necesidad de suprimir el déficit fiscal constituye hoy una prioridad que prevalece por sobre cualquier otra cosa, se ha dispuesto la eliminación de un reintegro del IVA que beneficiaba a jubilados que perciben el haber mínimo, receptores de la asignación universal por hijo y otros sectores vulnerables de la población. Se trata de una medida de efectos prácticos muy limitados en lo macroeconómico, que no obstante puede ser interpretada como una señal de la determinación del Gobierno en llevar adelante el ajuste comprometido sin temor a ser tratado de insensible o impiadoso.
El reintegro del 15 por ciento del IVA para jubilados y beneficiarios de la AUH que adquirieran alimentos con tarjeta de débito había sido dispuesto por la misma administración de Cambiemos a mediados de 2016, con una ley que se reservó la potestad de prorrogar o no a partir del año siguiente. Eso fue lo que omitió hacer el 31 de diciembre pasado, aunque al actuar de un modo subrepticio y sin comunicación oficial alguna los bancos siguieron aplicando el subsidio, que así apareció en los resúmenes de febrero, antes de ser descontado para sorpresa de quienes venían aprovechando el módico ahorro que proporcionaba.
De hecho, el Gobierno había ido recortando en la práctica la importancia del beneficio, con el simple expediente de no actualizar el tope de 300 pesos establecido originalmente cuando se sancionó la ley. Pero de cualquier forma, teniendo en cuenta las condiciones de vida y el nivel de ingresos del universo de beneficiarios, incluso esa pequeña suma proporcionaba un alivio a quienes estaban al tanto del sistema. Y que al ser privados de un reintegro que ya había sido acreditado en su cuenta acaso podrían estar habilitados para reclamar que se los ha privado de un derecho adquirido.
Agrava la situación el hecho de que el costo fiscal del beneficio ya estaba incorporado en la ley de presupuesto. Es decir, o bien la decisión de suprimir el reintegro se ha tomado a último momento, o bien se ocultó la intención de realizar un ahorro por esta vía en el momento de enviar el proyecto respectivo al Congreso.
Es sabido que la Argentina tiene cortado el financiamiento externo y que mantener el único que queda disponible, el proporcionado por el Fondo Monetario Internacional, obliga a extremar los esfuerzos para cerrar por completo la brecha entre ingresos y gastos. Pero en ciertas decisiones que afectan a los sectores de menores ingresos la desproporción entre la ganancia que obtienen las cuentas públicas y el daño en las finanzas personales de los afectados es simplemente demasiado elevada, tanto más cuando lo profundiza la estrategia de hechos consumados con que se produce su instrumentación.
De hecho, el Gobierno había ido recortando en la práctica la importancia del beneficio, con el simple expediente de no actualizar el tope de 300 pesos establecido originalmente cuando se sancionó la ley. Pero de cualquier forma, teniendo en cuenta las condiciones de vida y el nivel de ingresos del universo de beneficiarios, incluso esa pequeña suma proporcionaba un alivio a quienes estaban al tanto del sistema. Y que al ser privados de un reintegro que ya había sido acreditado en su cuenta acaso podrían estar habilitados para reclamar que se los ha privado de un derecho adquirido.
Agrava la situación el hecho de que el costo fiscal del beneficio ya estaba incorporado en la ley de presupuesto. Es decir, o bien la decisión de suprimir el reintegro se ha tomado a último momento, o bien se ocultó la intención de realizar un ahorro por esta vía en el momento de enviar el proyecto respectivo al Congreso.
Es sabido que la Argentina tiene cortado el financiamiento externo y que mantener el único que queda disponible, el proporcionado por el Fondo Monetario Internacional, obliga a extremar los esfuerzos para cerrar por completo la brecha entre ingresos y gastos. Pero en ciertas decisiones que afectan a los sectores de menores ingresos la desproporción entre la ganancia que obtienen las cuentas públicas y el daño en las finanzas personales de los afectados es simplemente demasiado elevada, tanto más cuando lo profundiza la estrategia de hechos consumados con que se produce su instrumentación.