Mientras gran parte de las definiciones en el orden nacional todavía se encuentran pendientes, y el escenario general está todavía lejos de conformarse, el año electoral se pone en marcha hoy con los comicios en la provincia de Neuquén, que designarán gobernador y vice, legisladores, intendentes y concejales. Más allá de las particularidades de una compulsa que podría ser reñida, y del peso simbólico y fáctico de un territorio donde se radica el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, una de las apuestas más firmes a futuro para el desarrollo del país, cabe destacar que se inaugura un cronograma absurdamente disperso, que mucho tiene que ver con la creciente apatía ciudadana respecto de los procesos democráticos y la política en general.
Desde hace tiempo se asiste a la danza de especulaciones originadas en los círculos de poder sobre las decisiones que los oficialismos provinciales habrían de tomar a la hora de convocar a los ciudadanos a las urnas: esto es, si se unificarían las elecciones o no con las nacionales, y en caso negativo qué fecha se les impondría dentro de la gama que ofrecen, en cada caso, las diferentes constituciones o legislaciones. No faltó, en este marco, quien hasta modificó la normativa vigente porque no se acomodaba a sus pretensiones, como fue el caso de Córdoba.
Como resultado, en los próximos tres meses (en rigor, hasta la segunda quincena de junio) se asistirá a un maratón electoral que apenas dejará libres tres domingos. La sucesión de actos comiciales y todo lo que rodea a cada uno de ellos exacerbará la característica propia de los años en que se renuevan autoridades, en los cuales las campañas ocupan de maneras exagerada el tiempo de políticos con cargos ejecutivos o legislativos que en general aspiran a renovar (o a legar a algún aliado o seguidor), así como la agenda pública, y se vuelve muy difícil discutir cuestiones de fondo más allá de su importancia, porque todos los posicionamientos se toman en función de sumar apoyos o no correr riesgos de perderlos.
Como ya se ha puntualizado aquí, estos manejos podrían justificarse si atendieran a las necesidades de cada distrito, y en tanto respondieran a reglas de juego estables que no pudieran ser cambiadas ante el mero deseo del poder de turno. Sin embargo, aunque se intente fundamentarla con argumentos principistas, como en la tan remanida apelación a los valores del sistema federal de gobierno, la fijación de la fecha suele responder, casi invariablemente, a la conveniencia del convocante, o en todo caso de la autoridad máxima de la fuerza política a la que responde.
El fenómeno, en otros tiempos, ha sido objeto de reproches, a punto tal de alumbrar propuestas como la de llegar a un acuerdo para que en las provincias se vote el mismo día, en coincidencia con la elección nacional o (como parece más razonable para impedir las influencias cruzadas que quizá perturben la libre expresión de la voluntad popular) en una fecha aparte, pero común a todas. Hoy, en cambio, parece haberse naturalizado, y se asume como lógico que los oficialismos aprovechen la ventaja adicional que les concede una potestad que, en una competencia justa, no deberían tener.
Mientras todavía se insiste en una reforma electoral que, entre otras propuestas, planea blanquear los aportes de las empresas al financiamiento de las campañas, constituiría un importante avance institucional una modificación de esa naturaleza, más allá de que sea demasiado tarde para incorporarla en esta elección en particular.
Como resultado, en los próximos tres meses (en rigor, hasta la segunda quincena de junio) se asistirá a un maratón electoral que apenas dejará libres tres domingos. La sucesión de actos comiciales y todo lo que rodea a cada uno de ellos exacerbará la característica propia de los años en que se renuevan autoridades, en los cuales las campañas ocupan de maneras exagerada el tiempo de políticos con cargos ejecutivos o legislativos que en general aspiran a renovar (o a legar a algún aliado o seguidor), así como la agenda pública, y se vuelve muy difícil discutir cuestiones de fondo más allá de su importancia, porque todos los posicionamientos se toman en función de sumar apoyos o no correr riesgos de perderlos.
Como ya se ha puntualizado aquí, estos manejos podrían justificarse si atendieran a las necesidades de cada distrito, y en tanto respondieran a reglas de juego estables que no pudieran ser cambiadas ante el mero deseo del poder de turno. Sin embargo, aunque se intente fundamentarla con argumentos principistas, como en la tan remanida apelación a los valores del sistema federal de gobierno, la fijación de la fecha suele responder, casi invariablemente, a la conveniencia del convocante, o en todo caso de la autoridad máxima de la fuerza política a la que responde.
El fenómeno, en otros tiempos, ha sido objeto de reproches, a punto tal de alumbrar propuestas como la de llegar a un acuerdo para que en las provincias se vote el mismo día, en coincidencia con la elección nacional o (como parece más razonable para impedir las influencias cruzadas que quizá perturben la libre expresión de la voluntad popular) en una fecha aparte, pero común a todas. Hoy, en cambio, parece haberse naturalizado, y se asume como lógico que los oficialismos aprovechen la ventaja adicional que les concede una potestad que, en una competencia justa, no deberían tener.
Mientras todavía se insiste en una reforma electoral que, entre otras propuestas, planea blanquear los aportes de las empresas al financiamiento de las campañas, constituiría un importante avance institucional una modificación de esa naturaleza, más allá de que sea demasiado tarde para incorporarla en esta elección en particular.