El andamiaje legal del que el Estado dispone para prevenir y perseguir penalmente la corrupción tiene como una de sus piezas fundamentales la obligatoriedad impuesta a funcionarios públicos de todos los poderes, y de rangos altos y medios, de presentar sus declaraciones juradas de bienes con una frecuencia anual. En ese marco, el informe oficial que consigna que el incumplimiento en esta materia llega a más del diez por ciento de los alcanzados por la norma da cuenta de una omisión decididamente grave, que no debería ser tolerada en un contexto en que la transparencia y la limpieza de procedimientos sean considerados valores centrales por los gobernantes y los ciudadanos.
Según el informe dado a conocer la semana pasada por la Oficina Anticorrupción, el segundo en su tipo desde que el organismo está a cargo de la dirigente oficialista Laura Alonso, de los 53.652 funcionarios que debían presentar sus declaraciones juradas correspondientes al año 2016, hay 5.424 que están en deuda respecto de esta obligación. Una deuda que en el caso de más de tres mil de ellos es particularmente grande, por cuanto tampoco presentaron ninguna información sobre sus patrimonios, ni siquiera la que como ciudadanos tendrían que haber suministrado a la Afip.
El informe destaca que en octubre del año pasado, cuando se difundió por primera vez ante la opinión pública la existencia de esta extendida irregularidad, el nivel de cumplimiento era de apenas del 81,16 por ciento, mientras ahora se elevó a 89,66. Pero el hecho de que se prefiera destacar esta evolución positiva no debería llevar a considerar “normal” que tantas personas pasen por alto un acto administrativo que la ley no considera “opcional”, sino que es objeto de un mandato expreso y con plazos precisos.
Pese a que el incumplimiento ya lleva largo tiempo, la OA reconoce que las investigaciones penales abiertas a instancia suya por la falta de presentación de la declaración jurada de bienes no llegan a las trescientas, lo que no representa precisamente un exceso de celo. No se habla del número de casos implicados en la otra posible sanción contemplada, el descuento de un 20 por ciento de los haberes, dado que se trata de una medida que depende de cada repartición y por lo tanto está amenazada por la discrecionalidad que tanto abunda en el sector público.
Aunque desde luego no constituyen armas infalibles contra la corrupción, las declaraciones juradas de bienes colocan piedras en el camino de los funcionarios que quieran utilizar sus cargos para enriquecerse, y los ponen en evidencia si actúan, como es frecuente en la Argentina, con un exceso de confianza en su propia impunidad. El número de personas que eluden la obligación parece indicar que es necesario incorporar instrumentos legales más eficaces para obligarlos a cumplirla.
El informe destaca que en octubre del año pasado, cuando se difundió por primera vez ante la opinión pública la existencia de esta extendida irregularidad, el nivel de cumplimiento era de apenas del 81,16 por ciento, mientras ahora se elevó a 89,66. Pero el hecho de que se prefiera destacar esta evolución positiva no debería llevar a considerar “normal” que tantas personas pasen por alto un acto administrativo que la ley no considera “opcional”, sino que es objeto de un mandato expreso y con plazos precisos.
Pese a que el incumplimiento ya lleva largo tiempo, la OA reconoce que las investigaciones penales abiertas a instancia suya por la falta de presentación de la declaración jurada de bienes no llegan a las trescientas, lo que no representa precisamente un exceso de celo. No se habla del número de casos implicados en la otra posible sanción contemplada, el descuento de un 20 por ciento de los haberes, dado que se trata de una medida que depende de cada repartición y por lo tanto está amenazada por la discrecionalidad que tanto abunda en el sector público.
Aunque desde luego no constituyen armas infalibles contra la corrupción, las declaraciones juradas de bienes colocan piedras en el camino de los funcionarios que quieran utilizar sus cargos para enriquecerse, y los ponen en evidencia si actúan, como es frecuente en la Argentina, con un exceso de confianza en su propia impunidad. El número de personas que eluden la obligación parece indicar que es necesario incorporar instrumentos legales más eficaces para obligarlos a cumplirla.