Apocos meses de que la difusión de un llamativo caso de cambio de género abriera sospechas sobre sus auténticas motivaciones, la confirmación de que la persona que realizó el trámite pidió como mujer una jubilación a la que no habría tenido acceso como hombre constituye algo más que el cierre de una anécdota propicia para comentarios graciosos. Se ha puesto en evidencia un vacío legal en rigor bastante obvio, fácil de explotar por cualquier oportunista inescrupuloso, del que la legislación deberá hacerse cargo en el corto plazo a fin de evitar la generalización de una estafa en perjuicio del erario.
El debate se abrió en marzo, cuando Sergio Lazarovich, un empleado de la sede de la Afip en Salta, solicitó ante el Registro Nacional de las Personas el cambio de sexo y pasar a llamarse Sergia. La objeción surgió porque lo hizo justo en las inmediaciones de su sexagésimo cumpleaños y, como jamás había dado señal alguna de tener identidad femenina, sus compañeros de trabajo dieron por sentado que lo hacía para jubilarse sin esperar a cumplir los 65.
Aun cuando se mantiene inalterable su renuencia a explayarse sobre su decisión, Lazarovich no se ha sometido hasta donde se sabe a ninguna terapia hormonal, mucho menos a una cirugía de readecuación de sexo, y de hecho ni siquiera ha cambiado su aspecto o su forma de vestirse. Pero la ley no obliga a hacer nada de eso, ni siquiera a justificarse o a brindar algún tipo de explicación: declarar su voluntad de ser mujer es suficiente para ser, a todos los efectos legales, mujer.
Desde luego, la presunción de que Lazarovich jamás se sintió una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, y que su único propósito es dejar de trabajar antes de lo que le correspondería, es muy difícil de probar por fuerte que sea. Los indicios conocidos hasta el momento permiten anticipar que muy probablemente se le otorgará la jubilación, y que si alguien se atreve a objetarlo será acusado de sexista y discriminador.
Pero independientemente del caso en particular, queda claro que una normativa que procuraba limitar la estigmatización de las personas trans, un fin sin duda noble, se presta para el tipo de manipulación que se sospecha, y al que sin duda apelarán decenas de imitadores tentados por la posibilidad de ahorrarse cinco años de trabajo a un costo tan mínimo como una pequeña modificación del documento. Sin que implique violar los derechos de nadie, será precisa una reforma en la ley que les impida salirse con la suya.
Aun cuando se mantiene inalterable su renuencia a explayarse sobre su decisión, Lazarovich no se ha sometido hasta donde se sabe a ninguna terapia hormonal, mucho menos a una cirugía de readecuación de sexo, y de hecho ni siquiera ha cambiado su aspecto o su forma de vestirse. Pero la ley no obliga a hacer nada de eso, ni siquiera a justificarse o a brindar algún tipo de explicación: declarar su voluntad de ser mujer es suficiente para ser, a todos los efectos legales, mujer.
Desde luego, la presunción de que Lazarovich jamás se sintió una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, y que su único propósito es dejar de trabajar antes de lo que le correspondería, es muy difícil de probar por fuerte que sea. Los indicios conocidos hasta el momento permiten anticipar que muy probablemente se le otorgará la jubilación, y que si alguien se atreve a objetarlo será acusado de sexista y discriminador.
Pero independientemente del caso en particular, queda claro que una normativa que procuraba limitar la estigmatización de las personas trans, un fin sin duda noble, se presta para el tipo de manipulación que se sospecha, y al que sin duda apelarán decenas de imitadores tentados por la posibilidad de ahorrarse cinco años de trabajo a un costo tan mínimo como una pequeña modificación del documento. Sin que implique violar los derechos de nadie, será precisa una reforma en la ley que les impida salirse con la suya.