El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó una ordenanza que modifica el Código Electoral Municipal y establece que los candidatos a intendente deben debatir en las semanas previas a las elecciones municipales.
El proyecto fue presentado por concejales radicales y debía tratarse en la sesión del próximo jueves. No obstante, fue llevado a tablas este martes y luego aprobado con 15 votos a favor, en su mayoría provenientes del bloque oficialista de Juntos por Córdoba (integrado por la UCR y el Pro), dos en contra y 14 ausencias.
No estuvieron en el recinto los integrantes del bloque de Unión por Córdoba, integrante mayoritario de Hacemos por Córdoba, fuerza que postula a Martín Llaryora como candidato a intendente de la ciudad.
Durante las últimas semanas tanto el candidato de la UCR, Rodrigo de Loredo, como el candidato de Córdoba Cambia, Luis Juez, reclamaron públicamente a Llaryora que participe de un debate a fin de cotejar las propuestas para la ciudad que cada uno impulsa.
El actual diputado nacional ha sostenido, aún desde antes de la oficialización de su postulación, que no participará de discusión pública alguna. Cita como ejemplo lo sucedido en los comicios legislativos de 2017, cuando el que se rehusó a tal instancia fue Héctor Baldassi, actual diputado nacional por el Pro.
Aprobada la iniciativa que establece la obligatoriedad de las contiendas públicas, la principal duda apunta a la posibilidad de su aplicación inmediata. Es decir, que su cumplimiento torne inmediatamente necesario para los contendientes de las 14 listas que presentarán candidatos a autoridades provinciales en mayo y que, por lo tanto, Llaryora deba presentarse a una convocatoria a tal fin, so pena de sancón.
“Sí puede aplicarse para estas elecciones. La ordenanza aprobada hoy -por ayer- será promulgada en los próximos días y es operativa. Es decir, será aplicable apenas suceda tal promulgación”, indicó Lucas Balian, concejal por la UCR.
“La oposición dice que no es aplicable ahora, porque es una elección provincial. Pero no es así. A nivel provincial, el Tribunal Electoral maneja la parte operativa. No pueden desconocer la autonomía municipal. Que vayan las elecciones pegadas no significa que se mezclen. Que en la boleta única vayan los dos tramos (gobernador e intendente) no significa que vayamos bajo el régimen electoral de la Provincia. Recordemos que la Junta Electoral Municipal no habilita a Llaryora, razón por la que apelaron”, añadió.
“Si él desconoce la Carta Orgánica Municipal y se presenta como candidato sin cumplir los requisitos establecidos para residencia, tranquilamente puede desconocer esta ordenanza. Eso sí, deberá enfrentar una sanción que va de 360 mil a 720 mil pesos. Pero esto tiene que ver con una cultura política: queremos que se respeten los debates, como ocurrió en los últimos tres comicios”, advirtió.
Para Juan Manuel Cid, apoderado de Unión por Córdoba, la nueva normativa no tiene valor alguno para los comicios de mayo pues, al realizarse simultáneamente los comicios provinciales y municipales, prevalecen las reglas provinciales.
“La autoridad de aplicación es la Justicia Electoral Provincial, no la Junta Electoral Municipal. La normativa que rige para todo el proceso electoral depende también de la Justicia Electoral Provincial. Por lo tanto, aquella ordenanza no tiene ninguna validez para esta elección”, afirmó en diálogo con Puntal.
Ante la posibilidad de un escenario conflictivo en las tres semanas que restan para los comicios, Cid cree que se trata de un intento por enturbiar un proceso electoral que ya está en marcha y tiene a Llaryora como claro favorito.
Por ello, el representante del justicialismo cordobés remarca que se trata de un proyecto mal hecho y “a las apuradas”. “Las listas están presentadas y oficializadas, faltan 20 días para que votemos. Estas normas de tipo electoral no se presentan en tiempos electorales. No se pueden cambiar las reglas en medio de un proceso electoral”, sentenció.
Luis Zegarra. Redacción Puntal
No estuvieron en el recinto los integrantes del bloque de Unión por Córdoba, integrante mayoritario de Hacemos por Córdoba, fuerza que postula a Martín Llaryora como candidato a intendente de la ciudad.
Durante las últimas semanas tanto el candidato de la UCR, Rodrigo de Loredo, como el candidato de Córdoba Cambia, Luis Juez, reclamaron públicamente a Llaryora que participe de un debate a fin de cotejar las propuestas para la ciudad que cada uno impulsa.
El actual diputado nacional ha sostenido, aún desde antes de la oficialización de su postulación, que no participará de discusión pública alguna. Cita como ejemplo lo sucedido en los comicios legislativos de 2017, cuando el que se rehusó a tal instancia fue Héctor Baldassi, actual diputado nacional por el Pro.
Aprobada la iniciativa que establece la obligatoriedad de las contiendas públicas, la principal duda apunta a la posibilidad de su aplicación inmediata. Es decir, que su cumplimiento torne inmediatamente necesario para los contendientes de las 14 listas que presentarán candidatos a autoridades provinciales en mayo y que, por lo tanto, Llaryora deba presentarse a una convocatoria a tal fin, so pena de sancón.
“Sí puede aplicarse para estas elecciones. La ordenanza aprobada hoy -por ayer- será promulgada en los próximos días y es operativa. Es decir, será aplicable apenas suceda tal promulgación”, indicó Lucas Balian, concejal por la UCR.
“La oposición dice que no es aplicable ahora, porque es una elección provincial. Pero no es así. A nivel provincial, el Tribunal Electoral maneja la parte operativa. No pueden desconocer la autonomía municipal. Que vayan las elecciones pegadas no significa que se mezclen. Que en la boleta única vayan los dos tramos (gobernador e intendente) no significa que vayamos bajo el régimen electoral de la Provincia. Recordemos que la Junta Electoral Municipal no habilita a Llaryora, razón por la que apelaron”, añadió.
“Si él desconoce la Carta Orgánica Municipal y se presenta como candidato sin cumplir los requisitos establecidos para residencia, tranquilamente puede desconocer esta ordenanza. Eso sí, deberá enfrentar una sanción que va de 360 mil a 720 mil pesos. Pero esto tiene que ver con una cultura política: queremos que se respeten los debates, como ocurrió en los últimos tres comicios”, advirtió.
Para Juan Manuel Cid, apoderado de Unión por Córdoba, la nueva normativa no tiene valor alguno para los comicios de mayo pues, al realizarse simultáneamente los comicios provinciales y municipales, prevalecen las reglas provinciales.
“La autoridad de aplicación es la Justicia Electoral Provincial, no la Junta Electoral Municipal. La normativa que rige para todo el proceso electoral depende también de la Justicia Electoral Provincial. Por lo tanto, aquella ordenanza no tiene ninguna validez para esta elección”, afirmó en diálogo con Puntal.
Ante la posibilidad de un escenario conflictivo en las tres semanas que restan para los comicios, Cid cree que se trata de un intento por enturbiar un proceso electoral que ya está en marcha y tiene a Llaryora como claro favorito.
Por ello, el representante del justicialismo cordobés remarca que se trata de un proyecto mal hecho y “a las apuradas”. “Las listas están presentadas y oficializadas, faltan 20 días para que votemos. Estas normas de tipo electoral no se presentan en tiempos electorales. No se pueden cambiar las reglas en medio de un proceso electoral”, sentenció.
Luis Zegarra. Redacción Puntal
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