Si las estafas que buscan sacar partido de situaciones de vulnerabilidad, ejercidas tanto en modalidades presenciales como remotas, son reconocidas desde hace tiempo como una suerte de pandemia en nuestra sociedad, está claro que la irrupción del Covid-19 no podía dejar de ser vista como una veta adicional por los oportunistas que se han especializado en esta variedad delictiva. En ese sentido, la advertencia de la Anses acerca de intentos de utilizar programas como el Ingreso Familiar de Emergencia y las tarjetas Alimentar para robarles a los beneficiarios y a los aspirantes a serlo da cuenta de un modo de actuar inescrupuloso contra el cual todas las instituciones del Estado deben reaccionar con energía.
Según la entidad oficial, en los últimos días numerosos aspirantes a percibir el IFE cuyas solicitudes fueron rechazadas o aún no han sido respondidas han recibido llamadas telefónicas en las que supuestos “gestores” ofrecen facilitar o acelerar el trámite. Básicamente, se trata del traslado a un instrumento de asistencia social nuevo, creado en el marco de la emergencia sanitaria, de una maniobra que personajes que en general tienen vinculos informales con la Anses aplican en todas las áreas de incumbencia del organismo, desde la misma obtención del beneficio jubilatorio en adelante, y que sobrevive más allá de las reiteradas comunicaciones de que ninguna intermediación de ese tipo es necesaria para obtener un beneficio.
La parte más delicada del problema, no obstante, no reside tanto en este servicio de gestoría en el que alguien cobra una comisión por un procedimiento que de ser llevado adelante personalmente por el interesado debe ser gratuito. En muchos casos, el ofrecimiento es apenas un medio para obtener los datos personales del “cliente”, incluida información sensible como claves bancarias, con vistas a la materialización ulterior de una estafa.
Sobre esto mismo versa la advertencia de la Anses referente a las tarjetas Alimentar, en torno de las cuales detectó verdaderas campañas por WhatsApp, que incluyen diseños muy parecidos a los que se utilizan oficialmente para publicitar sus instrumentos. En estos mensajes, los estafadores prometen tarjetas cargadas con hasta 25 mil pesos, junto con la advertencia de que se emiten en número limitado, por lo cual para acceder a ellas el interesado deberá responder de inmediato y suministrar toda la información que se le solicita. Y hasta se los insta a difundir la oferta entre parientes, amigos y allegados.
Más allá de la insistencia en la necesidad de desechar cualquier tipo de “regalo” milagroso que llegue por vía telefónica o a través de las redes sociales, así como cualquier requerimiento de información personal con las excusas que fueren, es evidente que este tipo de estafas sigue funcionando, muy en especial cuando del otro lado encuentra carencias y situaciones cercanas a la desesperación. Cabe esperar que además de lanzar estas advertencias genéricas la Anses promueva activamente la persecución penal de quienes tan miserablemente se aprovechan de la crisis y de la debilidad de quienes más expuestos están a ella.