Es decir, que en parte los biocombustibles actuaron para disimular el alza de las petroleras en las estaciones de servicio. Sin embargo, ambos corrieron por encima del proceso inflacionario general que se ubica apenas por encima del 30% anual (el jueves el Indec dará a conocer el dato de noviembre que se espera que sea similar al del año pasado, 2,4%).
Lo cierto es que en diciembre la Secretaría de Energía autorizó un nuevo ajuste de los biocombustibles, como lo viene haciendo cada mes. Esta vez fue del 5% para el etanol de maíz, que pasó de $841 a $883. El de caña, en tanto, aumentó de $918 a $963, lo que implica una diferencia de casi el 10% entre ambos renovables, más allá de tratarse del mismo alcohol con origen diferente.
Mientras tanto, está pendiente aún la discusión de una nueva ley de biocombustibles que reemplace a la actual. Vale recordar que la mayoría de los proyectos impulsados, en particular el de las provincias bioenergéticas –entre las que está Córdoba-, establece que haya un mercado de oferta y demanda que podría modificar el histórico dominio de la Secretaría de Energía de fijar el precio. Por ahora, transcurrido dos años de gestión, el que sigue determinando el valor es el Estado, mientras sigue limitando la participación del corte del etanol en el 12% e impidiendo que haya mayor inversión en el interior productivo por expansión de las actuales plantas o creación de nuevas etanoleras.
