Ni el modus operandi fue original:el anuncio, a cargo de un Luis Caputo locuaz, llegó al filo del fin de semana para que la gente y los operadores dispusieran de 48 horas para digerir las novedades. Aunque el Día D empieza el lunes, cuando abra el mercado y comience a vislumbrarse si el dólar se arrima más al piso de la banda o al techo, a 1.000 o a 1.400. Ese primer dato definirá nada más y nada menos que la magnitud de la devaluación, si existe, y por lo tanto el riesgo de que se traslade a los precios.
Un razonamiento lógico haría suponer que si la expectativa del mercado fuera un dólar a 1.000 pesos no deberían haber pasado semanas de tensión cambiaria ni presiones para que el gobierno avanzara en una devaluación. Si hubo tirantez con un dólar oficial a 1.097, ¿por qué debería tender a la baja? Más bien debería ir en la dirección contraria. Pero lo cierto es que tampoco existía hasta ahora el respaldo de 12 mil millones de dólares que se comprometió a desembolsar el FMI.
Hoy no se puede medir ni pronosticar cuánto se devaluará el peso mañana, aunque casi no hay dudas de que esa será la tendencia. Lo que sí es posible concluir es que la salida del cepo que se acaba de anunciar no es la receta del gobierno sino que se trató de una imposición del FMI. Ni Milei ni Caputo pudieron sostener en la negociación lo que afirmaban en público:que el programa sería enteramente argentino y que no pensaban caer en el riesgo de levantar el cepo antes de fin de año. Pretendían mantener hasta las elecciones la devaluación de la moneda a un ritmo del 1 por ciento mensual como un ancla para la inflación. El riesgo de un fogonazo en los precios aterra al oficialismo porque podría quitarle ante la población el más preciado, y tal vez el único, activo que puede servirle de argumento electoral. Sin embargo, el Fondo puso sus condiciones, como por ejemplo evitar que el desembolso se destinara a financiar un dólar artificialmente barato, y a un gobierno ya sin reservas no le quedó otro camino que capitular. A veces la voluntad no puede hacer nada más que ceder ante la realidad.
El acuerdo económico tendrá, obviamente, un correlato político. Si el dólar se ubica más cerca del piso de la banda y no se produce nuevamente una suba de precios importante, entonces Milei podrá recuperar, por un lado, capital político después de una sucesión de episodios negativos;pero, además, también lo revitalizaría en términos de iniciativa en un momento en que la había perdido y en el que debió correr detrás de los acontecimientos.
Todo pacto con el Fondo implicó siempre en Argentina el riesgo asociado de pagar costos. El primer gran peligro para Milei son los precios. Las previsiones que el gobierno había planteado para este año no se están cumpliendo: ni el IPC arranca con 1 ni hay una línea descendente. El dibujo es el contrario:los precios fueron para arriba en los últimos meses.Y en marzo la cifra fue preocupante: 3,7 por ciento de inflación general pero, sobre todo, 5,9 por ciento de incremento en los alimentos.
El gobierno, el mismo que ha insistido hasta la letanía con que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno exclusivamente monetario, terminó culpando a los ruidos de la política por el recalentamiento de los precios. Algo anda mal en esa convivencia de argumentos:los dos no pueden ser verdaderos.
Pero es en ese plano, en el de la política, donde el gobierno de Milei corre otro de los grandes desafíos que deberá afrontar de ahora en más. El Fondo Monetario no es un prestamista que suelte los dólares livianamente:establece condiciones que no son inocuas sino que apuntan a rediseñar configuraciones previas en áreas sensibles. Según reveló Kristalina Georgieva, directora del FMI, el gobierno se comprometió a avanzar en “reformas secuenciadas” de los sistemas tributario, de coparticipación y de jubilaciones.
No parece un reto fácil para la gestión de Milei. Las jubilaciones se han vuelto uno de los puntos débiles, al menos en términos sociales, del modelo de gobierno:hoy la mínima está en 286 mil pesos, lejos de la canasta de 1.100.000. Uno de los puntos a modificar pasaría por la edad jubilatoria, un tema siempre conflictivo, más en un año electoral.
El segundo aspecto potencialmente complejo en términos políticos es la reforma de la coparticipación. Si bien no trascendió más que el título, ninguno de los gobernadores, que han sido aportantes de votos para Milei en el Congreso, querrá perder fondos. Si la redistribución de los recursos apunta a un ahorro para que la Nación pueda cumplir sus compromisos externos, la negociación por los votos con los mandatarios provinciales podría tornarse sumamente trabajosa, más aún para un gobierno que viene de dos derrotas de relevancia en el Congreso: el Senado rechazó por amplísima mayoría los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte y Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para el caso Libra, que apunta directamente al presidente Milei.
Es decir, el anuncio del viernes comprende a los gobernadores. Y no sólo por los capítulos que puedan desatarse en el Congreso sino, además, porque afectará también el funcionamiento diario de la economía en un contexto que ya venía siendo complejo ¿Qué expectativas tiene, por ejemplo, el gobierno de Córdoba? ¿Una devaluación podría dificultar aún más el manejo de la administración?
En el Panal prevalece una mirada optimista. En los últimos meses venían advirtiendo un deterioro tanto en las variables como en las perspectivas de la actividad económica. “Nosotros lo vemos con esperanza. Sobre todo porque Córdoba es una provincia que depende principalmente del sector privado y esperamos que la salida del cepo permita retomar un camino que la economía perdió hace unos meses. Desde del punto de vista de la gestión también pretendemos funcionar cada vez más en un contexto de razonabilidad económica”, indicaron en el gobierno.
Hay una segunda razón para que la Provincia acompañe las medidas que se anunciaron: la salida del cepo podría hacer retroceder el riesgo país y Córdoba accedería a un endeudamiento más barato en el mercado internacional. Martín Llaryora ya tiene el aval de la Nación para salir a buscar 375 millones de dólares. También obtuvo una mejora en la calificación crediticia de Moody’s; ahora debería complementarse con una remisión del riesgo país.
En el Palacio Municipal hay una lectura menos positiva. Consideran que la salida del cepo provocará inevitablemente una devaluación desde el lunes y un recalentamiento de los precios; en ese escenario, es esperable que se compliquen las negociaciones salariales y el gremio exija un porcentaje de aumento más elevado, acorde a una aceleración de la inflación. También subirían otros costos como, por ejemplo, los servicios públicos. Justo cuando la Municipalidad enfrenta un déficit de 700 millones de pesos mensuales y se encuentra diseñando un esquema para achicar los gastos por entre 500 y 600 millones de pesos mensuales.
Si la inflación volviera a tomar velocidad en los próximos meses, como pronostican algunos economistas y analistas, la meta de retomar el equilibrio en las cuentas podría hacerse más complicada de alcanzar.
