Un desprevenido pensaría que Juez y Milei son íntimos de toda la vida. En realidad, el senador lo vapuleaba al libertario... hasta que se convirtió en Presidente. Ahora lo colma de halagos, tanto políticos como personales. Encuentra en él virtudes, como una profundísima sensibilidad humana, que nadie más percibe. Es, por supuesto, una apuesta política:el cordobés de los chistes en los canales de Buenos Aires decidió que su futuro político de corto y mediano plazo debe construirse en ese empalagoso acercamiento con Milei.
Rodrigo de Loredo, el socio/adversario de Juez, optó por otro camino en los últimos días. También pretende asociar su imagen con la del Presidente pero desde otro lugar: con una crítica ácida al gobierno de Martín Llaryora, en un lenguaje que mezcla tintes de Milei con pinceladas de José Luis Espert pero que agrega una dosis de cordobés básico. El contenido de su discurso se inspira en el manual libertario:se queja por el gasto, acusa al oficialismo de despilfarrar, de sumar a 5.000 empleados (una acusación desmentida por el gobierno) y de “masacrar” a la gente con los impuestos.
Por esa vía, el diputado radical intenta posicionarse y evitar que Juez se convierta en el único referente de la oposición provincial. Los dos están con la mira en 2027.
Lo que hizo el gobierno de Llaryora durante la semana que pasó fue legitimar a De Loredo, darle el estatus de interlocutor. Cada vez que el diputado lanzó una acusación, el oficialismo le contestó:llegó a hacerlo no sólo con declaraciones de ministros o legisladores sino con comunicados oficiales.
De Loredo quiere crecer; al llaryorismo le interesa que crezca. Porque el panorama menos positivo en términos estratégicos es que un dirigente opositor llegue a las elecciones sin ningún contrapeso interno. O con un contrapeso muy menguado. Para el oficialismo, lo mejor que podría pasar sería que los dos lleguen casi igualados y que, en ese estado de situación, ninguno de los dos acepte bajarse. Algo así ocurrió en 2023, cuando Llaryora fue electo gobernador, y lo consiguió en parte porque De Loredo jugó su propio juego y se fue de candidato a intendente en Córdoba capital en vez de acompañar a Juez en la fórmula. Cerca del senador todavía hoy le pasan esa factura al radical. “No nos olvidamos de lo que nos hizo Rodrigo”, sentencian.
Pero, más allá de la jugada de gravitar en la dinámica de la oposición, la cuestión impositiva se convirtió verdaderamente en un problema para la gestión de Llaryora. Sobre todo porque buena parte de las quejas por la magnitud de los aumentos surgieron del campo, un aliado histórico del cordobesismo: fue una estrategia que inició José Manuel de la Sota y que Juan Schiaretti sostuvo como un pilar fundamental del armado político del peronismo cordobés. La configuración del oficialismo como un actor enfrentado al poder nacional, principalmente al kirchnerismo, se construyó a partir de una identificación casi sin fisuras con los planteos del agro.
Llaryora no quebró esa lógica ni la interrumpió. Es uno de los gobernadores que viene exigiendo que, de mínima, las retenciones bajen de manera considerable y permanente y no sólo se reduzcan por un tiempo como anunció Milei. Pero esa defensa habilitó ahora una crítica:desde el campo hay dirigentes que le cuestionan al gobernador su actitud de defender a los productores en el país pero subirles fuertemente los impuestos en la provincia.
“No hay punto de comparación. No tiene nada que ver la magnitud de las retenciones con lo que se paga por el Inmobiliario Rural. Se están emparejando cosas que ni siquiera se pueden comparar”, dicen en el gobierno.
En el Panal cayeron muy mal las críticas y las posturas del campo. Y también la asamblea que está convocada para mañana en la Rural de Río Cuarto. “Nosotros no vamos a hacer política con los impuestos. No podemos aceptar desfinanciarnos porque los que ahora se quejan después son los que vienen a pedirnos que les demos soluciones y les prestemos servicios”, señalan en el Ejecutivo.
La lectura del oficialismo es que hay una politización de la cuestión impositiva. Pero no tanto por críticas esperables como, por ejemplo, la de De Loredo sino por las que surgieron desde el campo. Consideran que impera una corriente en las entidades -que encuentra correlación en la mayoría de los productores- que está identificada con Milei, que se siente seducida e interpretada por el modelo libertario y que, por lo tanto, está dispuesta a tenerle al Presidente la cuota de paciencia que sea necesaria. No es lo mismo con Llaryora, que además está planteando un modelo alternativo al del libertario. “Los que acompañan el modelo de Milei no entienden que es aplicable sólo a la Nación. Si hiciéramos lo mismo en las provincias o los municipios sería un desastre porque implicaría la desaparición del Estado y tendrían servicios sólo los que pudieran pagarlos”, dicen en el Panal.
Como contragolpe, desde el Ejecutivo señalan que están analizando seriamente eliminar en 2026 el Inmobiliario Rural y aplicar en el campo el modelo de autogestión que suelen impulsar los libertarios. “Una posibilidad seria es desactivar ese impuesto, que no incide mucho en el total de la recaudación, y que las entidades se hagan cargo del mantenimiento de los caminos y de la infraestructura rural. Que con total libertad decidan el destino de su plata. Que se organicen, armen un sistema administrativo, se encarguen de recaudar y garantizar que todos paguen y que financien ellos a los consorcios. Para nosotros no sería problema. El campo es, actualmente, el único sector que tiene el privilegio de decidir en qué se usa el 98 por ciento de los impuestos que aporta. Pero, bueno, se puede cambiar”, disparan desde el Panal.
El interrogante es si ese ida y vuelta, si esa contraposición de posicionamientos, puede implicar un cambio de época, de configuración del esquema de alianzas que caracteriza al cordobesismo. Sería una modificación no menor.
En el gobierno aseguran que no tienen intención de enfrentarse con el campo pero que existen elementos que enrarecen actualmente la relación.
En el oficialismo remarcan que además de la identificación que sienten dirigentes y productores con Milei, existe un elemento menos conceptual e ideológico y más ligado a disputas de poder. En el Panal indican que los dirigentes del campo están usando la cuestión impositiva provincial para dirimir sus internas. Remarcan que el incremento actual fue consensuado con las entidades y que, aun así, lo cuestionan. “Al principio, con la Mesa de Enlace se acordó un tope de aumento del 189 por ciento y después decidimos bajarlo a 172. Lo sabían y lo aceptaron y ahora salen con esto”, señalan.
En el gobierno sostienen que el malhumor por los impuestos no se masificó, que se concentró sólo en el campo y en el 1% de los contribuyentes del Inmobiliario Urbano que poseen grandes superficies o viven en barrios de lujo. Y aseguran que el resto de la gente está pagando, a tal punto que la recaudación por la cuota única ya supera en 2025 a la del año anterior.
