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Dólares, vacas y la pura confusión

El gobierno nacional afronta enormes problemas y ostenta descoordinación discursiva y funcional. En la provincia, la política se rearma: el schiarettismo avanza en crear el Partido Cordobés.

Carne y dólares. Dos pasiones argentinas. Una se ha vuelto prohibitiva, la otra desvela al Gobierno, que mira hacia el Banco Central y comprueba que las reservas son una especie en peligro de extinción.

“¿Dónde hay un dólar, viejo Gómez?”, cantaría hoy Tita Merello, parafraseándose a sí misma.

Y los dólares no están. Porque fueron fugados por la gestión de Mauricio Macri o porque la avidez nacional por la moneda norteamericana fue absorbiéndolos. Las explicaciones pueden ser múltiples; lo que existe hoy es el problema y el gobierno de Alberto Fernández está obligado a encontrar una solución. O a enfrentar el drama.

John Kenneth Galbraith en su libro El Dinero dice que hay una única constatación indiscutible en el largo recorrido que ha tenido el dinero hasta nuestros días: las monedas fuertes desalojan a las débiles. Tan simple como eso. No es un comportamiento exclusivamente argentino: es casi una verdad universal.

Después de las elecciones el Gobierno debía enfrentarse a dos grandes temas coexistentes y concomitantes: la escasez de dólares y la inflación. Esta vez, el exponente de la suba de los precios pasó por el bien más sensible desde el punto de vista simbólico y alimenticio argentino: la carne de vaca.

En ninguno de los dos frentes el gobierno de Fernández ha conseguido dar una sola señal no ya económica sino política de que tiene una concepción clara de lo que debe hacer. Y ahí radica su principal inconsistencia: no sólo en que equivoca las soluciones sino que explora y ejecuta varias a la vez, sin un discurso unificado ni ideas coherentes.

“No vamos a devaluar”, ha insistido empecinadamente el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero la economía no es un mantra que actúa por simple voluntarismo. La posibilidad o no de devaluar no sólo está relacionada con una decisión sino con variables que puedan sostener o no esa definición política.

Durante la semana pasada el Gobierno volvió a actuar para resguardar las escasas reservas que sobreviven y lo que transmitió esta vez, más allá de quienes hayan sido afectados o no por las medidas, es que el problema es más grave de lo que se suponía.

En pocas horas tomó dos medidas; una tiene alto impacto, la otra podría tenerlo.

Primero, el Banco Central decidió suspender la venta de pasajes o paquetes turísticos al exterior financiados con tarjetas de crédito. La razón, obviamente, son los dólares. Pero nadie la explicó, ni la anticipó, ni la fundamentó. El Gobierno parece haber perdido de vista que en política la acción debe estar apuntalada inevitablemente por el discurso. Cada medida, más aún en medio de una crisis, debe estar acompañada por la persuasión. Es el relato de sí mismo.

Nadie del oficialismo dijo previamente que sólo en octubre salieron 173 millones de dólares por viajes al exterior. Lo publicaron los medios pero el Gobierno no usó ese dato como argumentación respaldatoria. Ahora, en las últimas horas, quien apareció fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con una declaración que parece más una provocación que una estrategia pensada para calmar las aguas: “Los que se van al exterior no son pobres, el que quiere viajar que lo pague”.

Lo que no parece visualizar el Gobierno es que el efecto de esa medida trasciende a los directamente afectados: la clase media que iba a viajar puede estar malhumorada; pero también quienes aun sin estar por viajar creen que en algún momento podrían hacerlo.

Pero, más grave aún, la decisión, tal vez limitada en su alcance sobre la cantidad de personas, provoca la impresión extendida de que el Ejecutivo debe tomar medidas cada vez más desesperadas porque ya no tiene dólares para seguir aguantando hasta la próxima cosecha o el arreglo con el FMI.

La segunda medida es más técnica pero también es indicio de la misma debilidad. El Banco Central obligará desde mañana a los bancos privados a desprenderse de sus propios dólares. Así espera captar entre 600 y 800 millones para las reservas. La negatividad de esta disposición está en la posible recepción no de los bancos sino de los ahorristas: en un país con la historia de Argentina, ¿no se interpretará como la antesala de un eventual avance sobre las tenencias de los depositantes? Ese era el temor que predominaba el viernes.

El otro gran problema que tiene entre manos el Ejecutivo nacional es la carne. Y allí quedaron todavía más al desnudo las inconsistencias del equipo de gestión. Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, blandió la posibilidad de subir las retenciones a la carne para domar los precios internos. Ante esa advertencia, lo cruzó Kulfas, quien en teoría es su superior directo, y dijo que, en realidad, el funcionario no tuvo una actitud apropiada y que sólo pensó en voz alta. A Feletti también lo desmintió Julián Domínguez, ministro de Agricultura.

Las inquietudes que generan las crisis, y más todavía una como la que padece Argentina, se acentúan cuando un gobierno exterioriza una descoordinación absoluta motivada porque cada funcionario responde a grupos, referentes y concepciones distintas y no está regido por ningún elemento unificador. No unifica, claramente, Alberto Fernández. Pero tampoco lo está haciendo Juan Manzur, que debería coordinar el gabinete, y que entró a la gestión con pose de ordenador pero que ya parece haberse dado por vencido.

Hay otras gestiones a las que mirar para hacer comparaciones fácticas. El gobierno de Schiaretti, por ejemplo, puede parecer bueno, regular o malo, pero jamás cae en demostraciones de amateurismo como el que la Casa Rosada ostenta a diario. En la provincia, el discurso es el mismo, desde el funcionario de quinta línea al ministro más encumbrado. Porque lo contrario alimenta la imagen opuesta a la de gobierno: la de desgobierno. Y ahí está el origen de casi la totalidad de los males del Frente de Todos.

Y mientras la Nación se enfrenta con problemas que no domina, la política sigue teniendo sus movimientos. En Córdoba, continúa reacomodándose después de la elección legislativa.

Por un lado, el oficialismo de Juan Schiaretti debe lidiar con una oposición fortalecida que además de la legitimación en las urnas busca validación simbólica. Por eso, Luis Juez y Rodrigo de Loredo pidieron una audiencia con el gobernador. Un pedido al que el oficialismo respondió con una negativa parcial: no recibirá a los dos candidatos en soledad sino en conjunto con los demás legisladores electos. Evitará así oficializarlos como los dos interlocutores que se separan del resto y que monopolizan la representatividad.

Juez y De Loredo tienen sus propios encontronazos internos a sólo días del triunfo del 14 de noviembre. Gustavo Santos, diputado electo, organizó un encuentro en el que iban a desembarcar Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. El líder del Frente Cívico finalmente logró evitar que los dos referentes nacionales tuvieran presencialidad aunque participaron por Zoom.

Hay allí un intento de armado por fuera y un no acatamiento al alineamiento directo con quienes fueron ganadores.

En el schiarettismo también están moviendo sus fichas. La crisis profunda del kirchnerismo nacional y el resultado del 14 motivaron que el oficialismo provincial haya puesto en marcha un proyecto para escindir definitivamente al peronismo provincial del nacional. “El Partido Cordobés ya no tiene vuelta. Es definitivo”, indicaron. El PJ de Schiaretti avanza en un esquema que combinará peronismo, dirigentes radicales, sociales, agropecuarios, en un intento por construir una identidad política diferente.

“Va a ser una fuerza exclusivamente cordobesa, que represente a la provincia más que al peronismo. Porque no podemos obviar lo que surgió de las urnas”, señaló un dirigente del PJ.

El schiarettismo no sólo está embarcado en que el gobernador conserve el poder lo más posible sino también en el diseño de sí mismo en su versión 2023.