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El vizconde y la anécdota Martín

El vacunatorio VIP de Ginés puso bajo la lupa a cada gestión por el manejo de la vacuna. En Córdoba, aún está irresuelto el caso del médico trucho. El Municipio quiere dar vuelta la página.

Ítalo Calvino imaginó en 1951 el personaje de un vizconde que, en guerra con los turcos, es partido a la mitad por un cañonazo que le da en el pecho. Por alguna razón, cada parte continúa viviendo independientemente de la otra. De un lado quedó todo lo bueno y, del otro, todo lo malo que puede reunir una persona.

Metáfora de la condición humana, la figura del vizconde demediado podría ser aplicada también a la política. A la política argentina. Al gobierno de Alberto Fernández. A esa gestión escindida entre la palabra y la acción, que dice defender a los jubilados pero los perjudica, que asegura que se desvela por devolverles la calidad de vida a los trabajadores pero contempla impasible cómo el poder adquisitivo pierde por estafa contra la inflación, que jura que ha llegado para terminar con los privilegios pero organiza, en la sala de un ministerio, un vacunatorio VIP para que amigos, empresarios, legisladores y funcionarios no tengan que hacer cola ni mezclarse con el populacho ni, horror de horrores, andar corriendo riesgos y verse sometidos a la insensatez de esperar que las vacunas contra el Covid, sean rusas o de cualquier otro lugar del planeta, lleguen masivamente a estas tierras de una buena vez.

Esa disociación entre lo que se dice y lo que se hace tampoco es nueva, ni original, en la política argentina. Pero sí se ha modificado el contexto, se ha hecho extremo, porque la propia situación sanitaria y socioeconómica lo es, y por lo tanto el margen de tolerancia se ha acotado considerablemente.

Fernández actuó con reflejos al despedir a Ginés González García ipso facto. Se trató de un intento clásico por contener la onda expansiva pero, muchas veces, ese tipo de casos suele derivar en explosiones incontroladas, complejas de encauzar o dominar.

Más allá de la suerte que corra el gobierno nacional con el affaire Ginés y su vacunatorio VIP, más allá de la pérdida de credibilidad y legitimidad que ha padecido la gestión de la pandemia en un momento tan delicado y particular, habrá un efecto derivado, que ya se está manifestando y cuyo alcance es una incógnita: ahora, cada gobierno, provincial o municipal, estará sometido a revisión por su manejo de la vacunación y por la ecuanimidad de sus criterios a la hora de asignar las escasas dosis existentes.

El radicalismo ha planteado en la Legislatura, antes del escándalo Ginés, que también en Córdoba existe un camino paralelo para acceder a una dosis. El 10 de febrero, el oficialismo envió al archivo en la Unicameral un proyecto para que se diera a conocer la identidad de quienes fueron vacunados con el argumento de que está prohibido por la ley 25326 que regula la protección de datos personales.

La situación de lo que ocurrió en Córdoba por ahora llegó hasta ahí. Pero el escándalo desatado a nivel nacional no sólo implicará un examen hacia atrás, sino también hacia adelante para exorcizar cualquier sombra de favoritismo o de discrecionalidad en los operativos que están por venir.

Como primera reacción ante la situación nacional, ayer el Ministerio de Salud de la Provincia informó que llegaron 44 mil vacunas y posteriormente, en Twitter, le recordó a la población -se supone que a toda la población- que para recibir la inmunización hay que inscribirse y tener adjudicado día, horario y lugar. “Si no tiene turno asignado no se presente en los vacunatorios”, dice el tuit, destinado a reforzar el concepto de que hay procedimientos que cumplir.

Córdoba ya viene de un escándalo generado por el manejo de la pandemia y cuyo epicentro ha sido, precisamente, Río Cuarto. Se trata, obviamente, del caso de Ignacio Martín, el joven de 19 años que se hizo pasar por médico, que tuvo un área a su cargo en el COE cuando la situación sanitaria se desmadró en la ciudad, que al final fue descubierto y denunciado y que pasa hoy sus días en la cárcel de la avenida Sabattini.

Martín fue sometido a indagatoria el jueves pero el falso médico, normalmente locuaz y dado a la fantasía, esta vez calló. La audiencia era seguida con especial atención en la Municipalidad.

El caso no sólo tiene irresuelta aún la condena para Martín, sino también la responsabilidad política. Alguna gente culpa a la Provincia, cuyo “cazador de virus”, Diego Almada, llegó a Río Cuarto apadrinando a un “médico” que, en realidad, no había pisado jamás la Universidad. Otros, entre ellos la oposición local, ponen el foco en el gobierno municipal, en la actuación de los funcionarios de Salud, principalmente Marcelo Ferrario.

La irresolución no sólo está dada hacia afuera, sino también hacia adentro. Hasta ahora, la Provincia se ha desentendido del escándalo; es más, el ministro Diego Cardozo declaró que ellos jamás contrataron al médico trucho ni le pagaron un centavo. Traducción: la pelota es del gobierno de Río Cuarto. La lógica que aplica el schiarettismo en este caso es la del socio menor: si las dos gestiones son del mismo equipo, si el sostén -económico, sanitario y electoral- del Municipio es la Provincia, entonces cuando hay un precio que pagar no debe ser el actor de mayor relevancia quien lo haga, sino el secundario.

En el Palacio de Mójica se niegan a aceptar la falta y, por ende, el costo. “Nos vino de arriba; lo trajeron del COE. Fuimos nosotros los que lo descubrimos y, por lo tanto, actuamos bien”, dicen en el Ejecutivo.

El oficialismo municipal insiste en que, si hay un culpable, es la Provincia, el COE, y más específicamente, Diego Almada. Pero hay un detalle: no puede decirlo públicamente. Lo más cerca que estuvo Llamosas de plantearlo fue cuando declaró, la semana pasada, que su gobierno es una víctima de la situación. Si es víctima, entonces, no es culpable.

En este punto hay que detenerse un instante. El gobierno local ha elegido la estrategia de la victimización. Sin embargo, ¿es legítimo que lo haga? En un caso así, el Estado, con sus herramientas, existe precisamente para ser un resguardo que evite que la gente sea víctima. Si no pudo hacerlo, o si lo hizo a destiempo, o si se equivocó al no comunicarlo cuando detectó las anomalías, su función es explicarlo. Y sus argumentos serán más o menos convincentes. Podrá decir que fue más o menos eficiente, pero no una víctima.

El limbo en el que quedaron las responsabilidades políticas ha generado un efecto de quietud. La semana pasada corrían rumores de que el secretario de Salud, Marcelo Ferrario, podía dejar su cargo. En el Palacio dicen que la salida no se producirá porque, si Llamosas le pidiera la renuncia, no sólo golpearía al funcionario sino que, además, estaría afectando a la gestión en sí y admitiendo la suma de la culpabilidad.

Hay una sola posibilidad de que Ferrario salga del cargo, al menos en el corto plazo: que de la investigación judicial surja que cometió una negligencia o un error insalvable. Ese es el límite.

En lo político, la decisión de Llamosas es dar vuelta la página, enterrar el caso del falso médico, confinarlo a la actuación de la Justicia y dedicarse a la agenda de gestión que tiene preparada para 2021. Esa agenda está dominada principalmente por las obras, en las que tendrán participación la Provincia y la Nación. En abril llegará a la ciudad el gobierno nacional para inaugurar el estatus de capital alterna de Río Cuarto; ese día se inaugurará la Planta Cloacal y se anunciará otro paquete de obras que entusiasma al llamosismo. El Municipio también se concentrará en el río, en intensificar la política participativa y en la descentralización.

Quiere que Martín pase a ser una anécdota. Aunque, a veces, la realidad suele ser reacia a la voluntad.