Improvisar en energía es demasiado caro

Una de las áreas que mayores dolores de cabeza le pueden ocasionar a un Gobierno por la falta de planificación, de previsión o de malas políticas es sin dudas la cartera energética. Y la Secretaría de Energía no fue en el gobierno de Alberto Fernández un lugar destacado por la gestión. El primero en ocupar ese lugar en la actual gestión fue el ingeniero nuclear Sergio Lanziani, que en ese momento dependía del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas. El paso de Lanziani por Energía fue sin pena ni gloria, lo que suele ser un balance negativo en una cartera de semejante relevancia. Y no sólo tiene una importancia central por lo que estrictamente tiene que ver con la política energética nacional, responsable de que el país funcione, sino porque también tiene un protagonismo central en las cuentas públicas. Sin ir más lejos, el famoso déficit fiscal es explicado en parte por los subsidios económicos y entre ellos especialmente los energéticos, que se llevan 2,5 puntos del PBI. El transporte explica 0,7 puntos más. Pero, además, no es poco lo que se destina al pago de las importaciones energéticas desde que el país abandonó la posición de autosuficiencia que supo atesorar. Sólo para considerar: el año pasado se importaron unos mil millones de dólares en GNL vía barcos pero esa cuenta se ubicaría entre 5 y 6 mil millones este año si el Gobierno compra el mismo volumen necesario para cubrir la demanda en los meses venideros.

Cuando se fue el misionero Lanziani de su cargo, llegó desde Neuquén el por entonces diputado Darío Martínez, actual titular en Energía. Fue en agosto de 2020 y el cambio de nombre además implicó una modificación en el organigrama del Gobierno: Energía pasaba a depender de Economía y robustecía a Martín Guzmán. La Secretaría se había consumido 8 meses de parálisis absoluta.

Pero a los pocos meses, en mayo del año pasado, se dio otro capítulo insólito dentro del área cuando el ministro Guzmán dio luz verde a la suba de la tarifa eléctrica, con la intención de recortar subsidios y comenzar a equilibrar las cuentas públicas, y el subsecretarío de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, resistió la medida. El final de la historia es conocido: Guzmán, que pidió la renuncia del funcionario por no acatar una orden de un superior, y Basualdo, que recibió el respaldo del kirchnerismo y continuó en sus funciones. Moraleja: el debilitado terminó siendo Guzmán. Pero además el capítulo dejó expuesta la falta de una política tarifaria clara por parte del Gobierno y comenzó a mostrar una grieta que permanecería en el tiempo.

Enmarcado en decisiones contradictorias, el 2021 comenzó también agitado por la ley de biocombustibles, que tenía como detonante el vencimiento del anterior régimen surgido durante la presidencia de Néstor Kirchner y que tenía una vigencia de 15 años. El Gobierno, después de muchas idas y vueltas que incluyó la votación en el Senado para prorrogar la vieja ley, terminó impulsando en Diputados otra normativa que finalmente el Senado terminaría también aprobando. La Cámara Alta aprobó dos cosas diferentes en poco tiempo. Y el resultado no estuvo exento de polémica, porque bajó la exigencia de corte del biodiésel del 10 al 5 por ciento y en el caso del etanol mantuvo en el 6% al de caña de azúcar, pero terminó dejando una posibilidad abierta de bajar el de maíz del 6 al 3 por ciento.

Las plantas productoras de biodiésel tienen hoy una capacidad ociosa del 60% que permitiría estirar la oferta de gasoil existente en el país.

Luego, contra la intención de Guzmán de bajar la cuenta de subsidios irrumpió en Diputados el proyecto de Máximo Kirchner para ampliar las zonas frías del país que pagarían menos por el gas natural que consumen. Eso, lejos de bajar la cuenta, la hizo volver a subir.

Los biocombustibles y el gas natural tienen ahora fuerte protagonismo en el debate nacional. Los primeros, por la escasez de gasoil y el temor a que falta nafta. ¿Qué hubiese pasado si en vez de bajar la exigencia del biodiésel en la normativa aprobada por el Congreso a mediados del año pasado, se hubiesen creado incentivos para potenciarla y aumentarla? Las plantas productoras hoy tienen una capacidad ociosa del 60%. Eso podría hacer estirar la oferta y evitar la escasez que transportistas y productores agropecuarios padecen con fuerza en el interior. Pero el país tomó el camino contrario que incluso va a contramano de las demandas ambientales en el mundo.

El caso del gas es paradigmático. La Argentina tiene todo para autoabastecerse y hasta para exportar gas, pero la falta de previsión hizo que las inversiones no llegaran a tiempo y hoy, cuando hay más demanda en el mundo y el precio vuela, en vez de aprovechar la circunstancia para exportar y generar dólares, está obligada a importar y pagar precios exorbitantes. De hecho, pagó la semana pasada 35 y 40 dólares el millón de BTU, que el año pasado costó 8,55 dólares.

El gas está en Vaca Muerta, el segundo reservorio de shale gas del mundo, pero no están los caños para transportarlo hasta las grandes ciudades del país. Hay, otra vez, una pérdida de oportunidad.

Y todo esto, de continuar sin soluciones, en la medida en que ingresan los días más fríos, se agravará por expansión de la demanda. Por eso las industrias, que descuentan que tendrán cortes, paradas de producción y adelantamiento de vacaciones que empiezan a definir con los sindicatos, al menos piden previsión en los cortes, que la Nación arme un calendario para planificar la escasez, ya que no hubo en los últimos años una proyección energética que saque el potencial que el país también tiene en ese terreno pero que despilfarra a repetición.

Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal