Siete meses que encierran lo que normalmente pasaría en años. Siete meses de crisis que se han ido superponiendo como capas que le agregan a la realidad un espesor oscuro del que es cada vez más dificultoso imaginar una salida. Por si no hubiera tenido suficiente con sus propios dramas, con su recesión y su pobreza, con sus eternas y cada vez más intensas desigualdades irresueltas, el país fue golpeado por una pandemia que ha descolocado al mundo y que ha puesto a prueba a los gobiernos. Aquí, en Argentina, hace apenas siete meses, Alberto Fernández, un presidente con un poder delegado pero sin cuyas características le hubiera resultado fatigoso al hoy oficialismo superar el techo electoral que tenía, a duras penas estaba tratando de hacer pie. Y, entonces, el fondo que estaba arañando se hundió varios metros más.
No existen manuales para una crisis de las dimensiones que ha adquirido la actual. Los esquemas tambalean. Pero, al principio de la cuarentena, Fernández pareció haber encontrado un estilo de comunicación y de conducción que fue constituyendo un liderazgo. La sombra de Cristina parecía haber ido perdiendo densidad. Pero, como la política no puede fijarse ni inmovilizarse, y como el país y el propio oficialismo son componentes complejos e inestables, esas características iniciales fueron mutando, o al menos atenuándose. Además, una cuarentena prolongada no es inocua precisamente en términos gubernamentales ni políticos: el desgaste empieza a manifestarse y a ramificarse.
Las fases de un gobierno suelen medirse por años o por procesos; en Argentina, la unidad de medida se reduce a semanas. O a días. La pandemia, por supuesto, agudizó esa característica. La gestión de Fernández inició una nueva etapa, que implicó casi un elemento impropio para su configuración anterior, cuando anunció, en junio, la expropiación de la empresa Vicentin. No solamente provocó un abroquelamiento opositor que no había existido sino que le sirvió a una parte de la sociedad como una confirmación de los preconceptos más arraigados con respecto al kirchnerismo: la venezualización, el comunismo y paralelismos similares.
Por alguna extraña derivación de acontecimientos, la franja poblacional que se encuentra en el extremo más opositor al Gobierno se ha ido identificando con términos que conforman un decálogo conceptual difícilmente asimilable en un contexto como el actual: se los cataloga como anticuarentena y sus reclamos abarcan las libertades individuales, la democracia, la república, la propiedad privada, la transparencia y la vigencia de la Constitución.
Representan a un sector al que, por supuesto, el gobierno de Fernández probablemente jamás logre convencer. Algunos de ellos profesan un rechazo visceral hacia el peronismo, el kirchnerismo o cualquiera de sus derivaciones.
Nunca los tendrá de su parte. Por eso, el motivo principal de riesgo está concentrado no en ese grupo, más allá de la significancia numérica que posea, sino en el desgaste motivado en el resto de la población principalmente por las consecuencias de la crisis preexistente pero, fundamentalmente, por las que fue desatando la cuarentena. Que no se resolverán, ni mucho menos, una vez que el aislamiento o el distanciamiento queden en el camino. Lo dijo Cecilia Todesca, vicejefa de Gobierno, en las últimas horas: el golpe sobre la economía es muy duro y la pobreza y el desempleo arrojarán índices alarmantes, y el cierre de empresas continuará produciéndose.
Por eso, el discurso que el 9 de Julio pronunció Fernández tuvo como pretensión la reconfiguración del Gobierno, la vuelta a un estilo o a unas formas anteriores al episodio Vicentin y la reconversión del contenido y el tono de la agenda nacional.
Como emergente del acto de Fernández quedó esa frase de que él vino a terminar con los odiadores seriales. Y se entendió como un ataque directo a los opositores más enconados. Sin embargo, no quedó del todo claro si en esas palabras no había también un mensaje interno, una apelación a los sectores más duros de su propia fuerza, enfocados permanentemente en el enfrentamiento.
Las palabras del discurso, más específicamente esa frase puntual, terminaron opacando la puesta en escena que organizó el Gobierno para que se convirtiera en la imagen del inicio de una nueva etapa: la pospandemia. Detrás del Presidente, en las pantallas, estaban los gobernadores de todo el país y a su alrededor, de manera presencial, los máximos exponentes de la Unión Industrial, la CGT, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y Servicios, los bancos, la construcción y la Sociedad Rural.
Desde el inicio de la cuarentena a esta parte, la agenda pública del Gobierno estuvo dominada por la negatividad, por el impedimento: no se puede salir, no se puede trabajar, no se puede circular y, necesariamente, por razones psicológicas pero también fácticas, ese cóctel derivó en una impresión de mayor precariedad. Individual y colectiva.
La foto del 9 de Julio devolvió el estilo del Fernández previo a Vicentin. Aunque no se trata sólo de una cuestión de estilo, sino de un asunto de poder. La superposición de perfiles que se produjo en un período tan corto no es gratuita: en las últimas semanas, el jefe de Estado debió lidiar con una duda que es erosionadora de su autoridad: cuánto es capaz de definir él la marcha del Gobierno y cuánto queda en manos de su vice.
Pero lo cierto es que el acto exteriorizó esa pretensión de volver a la versión anterior de Fernández. Si puede sostenerlo o no, si consigue prevalecer en el tablero interno, es algo que queda por develar.
El 9 de Julio fue la foto con los gobernadores, con los gremialistas y los empresarios, con quienes deberán ser, según aseguró el propio Fernández, los actores de la recuperación. Es allí donde vuelve a instalarse un proyecto largamente mencionado y siempre postergado como es la conformación de una mesa económica y social.
“Mirá, Alberto dio un volantazo a tiempo. Se dio cuenta de que si no hace una convocatoria amplia, no hay manera de salir de esto. Solo no va a poder sacar al Titanic del fondo del mar”, indicó un dirigente peronista.
Se espera que en los próximos días, el Presidente reciba también a la oposición legislativa para acordar un temario que debería servir de disparador para tratar de que la economía pase de terapia intensiva a una perspectiva más alentadora.
Y es en ese punto donde ingresa la reversión de la agenda: el intento evidente del Gobierno de desplazar la negatividad del centro de la escena y reemplazarla por una serie de acciones enfocadas en las chances de reactivación. Es la iniciativa política pero no en clave de clausura, de encierro, sino como el intento de encontrarle la salida a la crisis. Tanto Todesca como Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, han insistido ayer con que el país tiene grandes posibilidades de una “recuperación vigorosa”.
Se habla de planes para la producción, la exportación y la obra pública, un blanqueo de capitales, un estímulo al consumo de la clase media, entre otros.
Una recuperación vigorosa. Una fórmula que puede aplicarse tanto a la economía como a la salud. Al final, los dos términos que conformaron el antagonismo inicial parecen encontrarse. Ahora sólo resta ver si la receta es eficaz. Y si el enfermo reacciona.