Río Cuarto está a seis semanas y tres días de quedarse sin gobierno. Sin intendente, sin concejales ni tribunos de Cuentas. La situación no implicaría necesariamente un inconveniente si las fuerzas políticas tuvieran definido a esta altura qué pasará el 2 de julio, día en que vence el mandato de Juan Manuel Llamosas. Pero no lo tienen y, es más, no han avanzado un solo centímetro desde el día en que se suspendió la elección originalmente prevista para el 29 de marzo. Hasta puede asegurarse que, en realidad, han retrocedido.

La ciudad no se caracteriza por la celeridad en la resolución de sus cuestiones institucionales. Un ejemplo: una vez que el Tribunal Superior anunció que no cedería más a sus jueces para integrar juntas electorales municipales, tres conformaciones sucesivas del Concejo Deliberante consumieron 12 años antes de encontrar una solución.

Ahora, el problema es más urgente que la integración de una junta. Porque la ciudad quedará acéfala en julio, sin ninguna autoridad electa, en el marco de una pandemia de alcance todavía indefinido, que tiene al país en cuarentena desde hace 56 días.

El 16 de marzo Llamosas anunció por Twitter que la elección quedaba suspendida y que pasaba, presumiblemente, para el 27 de septiembre. La idea que comenzó a sobrevolar desde entonces, y que impulsó el oficialismo, fue la de acordar con la oposición una prórroga del mandato del intendente, los concejales y los tribunos de Cuentas. Pero no debía ser una imposición sino el fruto de un acuerdo político porque esa alternativa, la de una extensión de mandato, ni siquiera está contemplada en la Carta Orgánica.

Se habló de esa opción, se firmó una especie de acta de intención en la que las 8 fuerzas políticas se comprometían a resguardar la institucionalidad, y desde entonces, no hubo avances concretos. Sólo algún llamado de vez en cuando para comprobar si seguía existiendo la voluntad de la prórroga.

Pasaron 60 días sin novedades. El tema se reflotó recién el viernes, cuando la Junta Electoral convocó a los partidos para comenzar a analizar la viabilidad sanitaria de concretar a una elección.

En esa reunión, y en las horas previas, pasaron cosas, como le gustaba decir a Mauricio Macri. El oficialismo se encontró con un panorama más inquietante que el que esperaba. Primero, el apoderado de Juntos por el Cambio, Ignacio Fernández Sardina, señaló en declaraciones periodísticas que la prórroga ni siquiera estaba en análisis porque no aparecía como opción en la Carta Orgánica. Habló de dos alternativas: convocar a elecciones para mediados de junio, con bajas temperaturas y el riesgo latente por el coronavirus, o ir a una intervención provincial.

Segunda señal de alarma: en la reunión con la Junta hubo candidatos que variaron su posición original; no necesariamente se manifestaron en contra de la extensión del mandato sino que aparecieron los peros, las condicionalidades. “Casi todos cambiaron. Eso nos sorprendió”, indicaron en el oficialismo.

Ahí aparece una negligencia de los operadores del gobierno. ¿Nadie sondeó en los días previos qué posición llevarían los demás candidatos? ¿Nadie dialogó con ellos para tratar de llegar ante la Junta con una posición común en vez de arriesgarse a la dispersión?

El llamosismo usó siempre el mismo argumento mientras pasaban los días de la cuarentena: estaba completamente enfocado en la situación sanitaria y no iba a distraerse en la cuestión electoral. Por supuesto que la pandemia es una instancia sumamente desafiante, desgastante y compleja. Tanto que de la pericia en el manejo de la situación pasaron a depender las chances reales del intendente de ser reelecto. Sin embargo, en algún momento debió abordarse lo electoral, porque de allí se desprende lo institucional, el andamiaje para evitar que la ciudad caiga en una acefalía.

No todos los funcionarios estuvieron las 24 horas dedicados a la pandemia; algún interlocutor debió destinarse para llegar a esta época, ya cerca de junio, con la situación resuelta.

La gestión del tiempo del oficialismo fue, cuando menos, morosa. Desaprovechó la voluntad inicial que expresaron todos los partidos en marzo: en ese momento debió avanzar con un acuerdo y con la aprobación en el Concejo Deliberante. El temor al coronavirus se imponía entonces por sobre cualquier especulación. Hoy, con una cuarentena que va perdiendo rigor, también vuelven las conductas habituales de la política.

La responsabilidad principal en el proceso era y es, por supuesto, del oficialismo. Su obligación, desde el inicio, pasa por dos aspectos confluyentes: construir el acuerdo y, además, que sea lo más amplio posible. Porque la excepcionalidad de la decisión, llevar el mandato de un intendente más allá de lo que se fijó originalmente, la convierte en una incógnita: hay especialistas que sostienen que la prórroga carece de fortaleza jurídica y que podría ser atacada en caso de un conflicto. Incluso los constituyentes del peronismo recomendaron que haya un acuerdo más abarcativo, que contemple a todos los partidos y no sólo a los que llevan candidatos, y también a la mayoría de las instituciones y los actores políticos y económicos de la ciudad. Así se expresaría con mayor contundencia el ejercicio de la autonomía municipal. “Le daría más fuerza, aunque no quiere decir que no sea atacable. Estamos en terreno desconocido”, opinó un abogado peronista.

Pero hay otro aspecto político. Que la responsabilidad central sea del gobierno no exime a la oposición de sus propias obligaciones. Principalmente, en lo que se refiere al radicalismo y a su socio, el Pro, que conforman la fuerza opositora de mayor representación. Y en los últimos días, los mensajes que salieron desde Juntos por el Cambio han sido confusos.

Las respuestas que dio el apoderado de la coalición ante los medios despertaron más que nada incertidumbre. Y, según los candidatos que están en la lista, se contraponen con la postura acordada entre Gabriel Abrile y el resto de los integrantes de la lista. Pero, entonces, ¿en nombre de quién habla Sardina? ¿Un apoderado no debe llevar a una reunión formal un mandato y una postura previamente definidos? ¿O es un libre pensador que actúa de acuerdo a su criterio, aun cuando se contraponga con el que dicen tener los candidatos?

En el radicalismo aseguran que, después de lo ocurrido, Sardina dejará de ser el apoderado. Y que han acordado afrontar el proceso con un criterio de racionalidad: “Estamos a favor de la prórroga pero el que está obligado a tomar la iniciativa es el gobierno y, hasta ahora, no lo ha hecho”, dijeron.

En algún momento Río Cuarto deberá votar. De eso no hay dudas. La discusión está en el cómo y el cuándo. En la reunión a la que convocó la Junta Electoral -y que el periodismo debió reconstruir porque inexplicablemente se vedó el ingreso de la prensa como si estuvieran discutiéndose asuntos de índole privada y no la institucionalidad de una ciudad en un contexto atípico y extremo- hubo dos posturas: la de los epidemiólogos, como Lucas Stefanini, que sostuvieron que no es conveniente votar en junio; y la de Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral, que señaló que la elección puede hacerse, que de hecho durante la pandemia se organizaron 18 en el mundo, pero con estrictas condiciones de seguridad.

El gobierno considera que ese último testimonio es crucial. La conclusión: es factible ir a votar. Y como la fecha final es una de sus atribuciones, el día elegido dependerá de la situación sanitaria pero también de los indicios que vayan surgiendo de las conversaciones que, ahora sí, se pondrán en marcha con la oposición.